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Miguel R. Valladares García

viernes 14 diciembre 2018

Aguas Blancas, 18 años después

Chuayffet y Aguirre, premiados; Figueroa y Zedillo, disfrutando de la vida civil

SinEmbargo.mx
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10Aemilio-330x350Un día como hoy, hace 18 años, un grupo de 40 campesinos integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) salió muy temprano de sus viviendas. Se trasladó a un mitin, a varios kilómetros de su hogar. Exigía al gobierno la presentación con vida de uno de sus miembros detenido.

Todo parecía normal; otro día de protesta social en Guerrero. Hasta que los campesinos llegaron al vado de Aguas Blancas.

Ahí, un grupo de policías de las extintas corporaciones Judiciales y Motorizada lo estaba esperando.

Las autoridades los hicieron descender de un vehículo. Pronto todo se volvió un caos.

–¡Al suelo! ¡Pronto! !Al suelo! –les gritaban mientras se iban tendiendo en el camino de terracería.

Poco después, los disparos. Muchos a quemarropa. El resultado: 17 campesinos muertos y 23 heridos.

Allí quedaron sus cuerpos: inertes en el camino, con sus ropas humildes ensangrentadas, llenas de polvo del camino. Los sobrevivientes yacían entre los cadáveres o estaban sentados mientras esperaban que su destino se decidiera.

La versión oficial del Gobierno del estado, según la “Cronología sobre lo ocurrido en Aguas Blancas” del CISEN, indicaba que los campesinos agredieron a los policías desatándose un enfrentamiento, tras el cual numerosas armas de grueso calibre y municiones útiles fueron halladas en el lugar.

Todo era una mentira. Un video desmintió a las autoridades. Se trató, simple y llanamente, de una masacre.

El documento detalló en su oportunidad que el Ejecutivo guerrerense, el entonces Gobernador Rubén Figueroa Alcocer, justificó el choque entre ambos bandos como “resultado de una actitud violenta” de los lugareños.

Según él, las autoridades del retén comenzaron el diálogo con gente que viajaba en un camión rumbo a Atoyac cuando arribó a la zona un segundo camión con más de 20 personas, algunas de ellas presuntamente agredieron con machetes a un uniformado. Tras este hecho, dijo, los miembros de la OCSS dispararon a los policías, quienes “repelieron la agresión”.

Figueroa Alcocer responsabilizó de los hechos a Benigno Guzmán Cruz, líder de la organización. Negó posibilidad en nuevos brotes de violencia.

LA OTRA VERSIÓN

Pero la versión de los campesinos no era la misma. Los sobrevivientes dijeron que no iban armados y algunos testigos revelaron a los medios que se trató de una emboscada.

La versión quedó confirmada cuando la cadena CNN presentó un video de los acontecimientos. En la grabación destaca un campesino muerto, señalado por los policías como uno de los causantes de la refriega, con un revólver en la mano, pero en otra imagen aparece el mismo hombre, en la misma posición, pero sin arma alguna. Comenzó a hablarse entonces de que se recreó una escena para inculpar a los inocentes.

Derivado de los hechos, se pidió suspender de su cargo al Director General Operativo de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, el Mayor Manuel Moreno González, quien presuntamente estuvo al frente del operativo. Diferentes actores políticos de oposición pidieron la cabeza de Rubén Figueroa Alcocer, quien se negó en un principio a separarse de su cargo, asegurando que “aplicaría la ley” contra los responsables.

Recibió incluso el apoyo de la Secretaría de Gobernación, encabezada desde el día de la masacre por Emilio Chuayffet, actual Secretario de Educación.

Arturo Núñez, quien se desempeñaba como subsecretario de dicha dependencia, dijo a los medios que no existían “elementos para que Rubén Figueroa Alcocer solicite licencia al cargo por su presunta responsabilidad en la muerte de 17 campesinos en el municipio de Coyuca de Benítez”.

Rodulfa Miranda Cortés, viuda de Daniel López, uno de los muertos, dijo que Figueroa les pidió “discreción” al entregarles las indemnizaciones por 50 mil pesos, es decir, no quería que se presentaran denuncias por los hechos.

Para el 3 de julio de 1995, Figueroa ya consideraba a la OCSS como una “naciente célula guerrillera”.

Finalmente el 12 de marzo de 1996, con sólo tres años de gobierno, solicitó licencia al Congreso de Guerrero y fue sustituido por Ángel Aguirre Rivero como mandatario interino.

LA INVESTIGACIÓN

En marzo de 1996, a petición del entonces Presidente Ernesto Zedillo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que investigaría lo ocurrido en Aguas Blancas “por tratarse de hechos de excepcional gravedad que conculcan las garantías constitucionales”, informó Chuayffet.

“Queremos que en el caso que nos ocupa se distinga muy bien la materia central de la investigación, la manera como ésta se ha llevado a cabo y las responsabilidades que deben fincarse en consecuencia, pero sobre todo, y a fin de cuentas, queremos justicia”, expresó.

Chuayffet dijo que acontecimientos como el de Aguas Blancas no deben repetirse, y que los mexicanos quieren justicia, no impunidad. “El reclamo de justicia no es sólo para los agraviados, sino para toda la sociedad”, dijo.

Según el organismo, un día antes de la masacre fueron retirados todos los policías municipales de Atoyac y se avisó en el hospital regional que estuvieran preparados para recibir a los heridos.

La Comisión de Derechos Humanos de México emitió la recomendación 104/95 en la que quedaron detallados los hechos, que en un principio fueron negados por Figueroa y sólo se avocó a destituir a funcionarios de primer nivel.

Por su parte, el actual Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, afirmó en entrevista con CNN México que su administración está trabajando directamente con las viudas y afectados.

Luego de la masacre, un grupo de quince policías estatales, entre ellos un comandante, fueron despedidos y acusados de haber participado en la matanza. Permanecieron en prisión poco más de tres años, alegando que su aprehensión tenía más motivaciones políticas que jurídicas.

Los policías han declarado que llegaron al vado en acato a una orden de sus mandos superiores, que los convocó bajo el argumento de que participarían en el operativo de búsqueda de un niño secuestrado.

De acuerdo a las indicaciones, instalarían un retén en el lugar en que fueron acribillados los campesinos.

Francisco Sandoval Medina, ex coordinador regional de la policía estatal, antes conocida como policía motorizada, aseguró a los medios en 2011 que cuando él y 14 de sus hombres de confianza llegaron al lugar, ya se había comedido el crimen.

Aseguró que cuando se les practicó la prueba de Harrison su resultado fue negativo, con lo que se confirmó que al menos él y los elementos no dispararon contra los campesinos.

Los ex policías han exigido su liquidación. Incluso hace un año iniciaron una huelga de hambre para reclamar su indemnización y el pago de salarios caídos.

EN FUNCIONES…

A 18 años de la matanza, algunos personajes vinculados a la investigación del caso continúan estando presentes en la escena política.

ÁNGEL AGUIRRE

El ex priista ocupó el cargo de Gobernador interino de Guerrero de 1996 a 1999.

Al frente del Ejecutivo estatal tuvo que encabezar las investigaciones sobre la matanza en Aguas Blancas, pero hasta la fecha es señalado por familiares de las víctimas y ONGs como encubridor de los responsables.

Desde abril de 2011, Aguirre ocupó nuevamente el cargo de Gobernador, ahora mediante una elección en la que fue postulado por el PRD.

RUBÉN FIGUEROA

El priista sólo gobernó Guerrero medio sexenio, de 1993 a 1996. Es hijo de Rubén Figueroa Figueroa, también ex Gobernador de la entidad.

En sus últimas apariciones públicas ha causado polémica. Primero, a inicio de año el ex Edil de Acapulco, Manuel Añorve, lo llamó asesino.

Posteriormente, Rubén Figueroa declaró que la autodefensa -predominante en Guerrero-, es ilegal y tiene que ser erradicada, esto de acuerdo a la ley que prohíbe la creación de grupos armados en donde es muy probable que se infiltre la delincuencia organizada.

También mostró su respaldo a quien fuera su sucesor, Ángel Aguirre, para que los maestros que violen la ley sean detenidos y encarcelados porque un gobierno no puede estar bajo el control de cualquier grupo social.

ERNESTO ZEDILLO

Al concluir su periodo presidencial en 1994, se dedicó a su vida privada, tiempo después formó parte del consejo ejecutivo de las empresas estadounidenses Procter and Gamble, Alcoa y Union Pacific; además de colaborar con asesorías para Citigroup, Global Development Network, Sistemas Electrónicos de Datos, y Coca-Cola Company International Advisory Board.

Se desempeñó también como director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale y como consejero de la Fundación Bill & Melinda Gates.

Fue denunciado por la matanza de 45 indígenas tzotziles en la localidad de Acteal en el estado de Chiapas en 1997; sin embargo, el pasado 28 de mayo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa rechazó un amparo con el que se impugnó una solicitud de México de solicitar al Departamento de Estado de Estados Unidos inmunidad al ex Presidente.

EMILIO CHUAYFFET

Antes de la matanza de Aguas Blancas se desempeñaba como Gobernador del Estado de México. Posteriormente fue designado Secretario de Gobernación.

En 2011 fue presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Actualmente es Secretario de Educación.

ANTONIO LOZANO GRACIA

El abogado fue designado el 1 de diciembre de 1994 como Procurador General de la República.

Fue removido de su cargo por Zedillo luego de las primeras investigaciones sobre el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, mismas que incluyeron a una vidente.

Desde entonces se dedicó ejercer su profesión de forma particular.

ANTONIO ALCOCER SALAZAR

De acuerdo con La Jornada, antes de convertirse en Procurador de Guerrero, fungía como juez en Acapulco y “prefabricaba” procesos contra supuestos guerrilleros.

Datos periodísticos de 2012 indican que se desempeñaba como presidente de Justicia Partidaria en Guerrero, bajo las órdenes de Cuauhtémoc Salgado, actual dirigente del PRI estatal.

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