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Miguel R. Valladares García

viernes 17 noviembre 2017

Cesan a fiscal por calificar de “perra” a mujer que sufrió aborto involuntario

El Universal
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CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El fiscal Gustavo Acosta, quien calificó de “perra” a Dafne Mcpherson, quedó suspendido de sus funciones, además de que se le inició un procedimiento administrativo.

La chica es acusada de homicidio calificado por un presunto aborto en un baño de la tienda Liverpool donde trabajaba.

El día de la audiencia del proceso, el fiscal Gustavo Acosta condenó a Dafne por no haber actuado con su instinto de madre, “y que ni una perra hace eso”.

El fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo dijo que el comportamiento del funcionario es reprochable y nada tiene que ver con los lineamientos ni con el código de ética de esta dependencia.

“Es un hecho demasiado lamentable y la actuación del Fiscal (Gustavo Acosta) tuvo un comportamiento reprochable, que nada tiene que ver con la conducta y los lineamientos, y por supuesto ni con el código de ética de la Fiscalía y por eso ordené de inmediato un proceso de carácter administrativo para que al fiscal se le sancione por su conducta en la audiencia de juicio”, expuso.

Puntualizó que pesé al comportamiento desafortunado Gustavo Acosta, la Fiscalía sigue firme en la acusación contra la imputada, “es decir estamos cumpliendo con nuestra obligación de investigar y acusar y en ese sentido nuestra acusación sigue firme debido a que estamos convencidos de que lo que se hizo y de lo que está acusando es lo correcto”.

“El comentario en nada afecta al proceso legal y por otro lado les informó que la Contraloría de la Fiscalía General de Querétaro determinará la sanción final, pero yo espero que sea una sanción ejemplar debido a que esto no tuvo que ocurrir y sobre todo para no vuelva a suceder”, puntualizó.

Por su parte el director de Acusación de la Fiscalía General de Querétaro, explicó que el delito que se imputa a Dafne es un homicidio calificado agravado y la penalidad que se puede imponer, de acuerdo al código penal, es que cubra hasta 50 años en prisión.

Puntualizó que la acusación que hizo en su momento la Fiscalía General se basó en pruebas “científicas y contundentes, tan es así que hay una sentencia condenatoria confirmada”.

La petición promovida por organizaciones sociales en la plataforma change.org en apoyo a Dafne Mcpherson Veloz superó las 47 mil firmas y, se encuentra a menos de 3 mil para que pueda ser entregada al cuerpo colegiado que resolverá el amparo interpuesto por la defensa.

La firma fue promovida por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C., organización que apoya a la familia de Dafne para promover acciones legales que permitan su libertad. En menos de una semana la iniciativa consiguió el apoyo de organizaciones sociales a favor de los derechos de las mujeres y de la sociedad civil.

El jueves pasado, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado del Estado de Querétaro aplazó la resolución del amparo directo promovido por la defensa de Mcpherson Veloz, por lo que existe un plazo de hasta 30 días naturales para que el cuerpo colegiado resuelva el recurso.

Dafne fue sentenciada a 16 años de cárcel por el delito de homicidio calificado, pero su defensa —en la que participan un abogado particular, así como del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social— presentó el recurso de amparo directo, al argumentar que durante el proceso hubo violación de derechos fundamentales y un juzgamiento basado en estereotipos de género, entre algunas otras irregularidades.

Se esperaba que los magistrados emitieran la resolución al amparo directo; sin embargo, la aplazaron, al manifestar que requieren ampliar el estudio del caso y reflexionar sobre las determinaciones.

El cuerpo colegiado coincidió en que hay particularidades del asunto que merecen un examen cuidadoso, además de que requieren ampliar el marco normativo desde el cual se revise; se tomarán en cuenta los temas manifestados por la defensa, como la violación a los derechos fundamentales, la falta de perspectiva de género durante el proceso, así como asuntos de interpretación constitucional.

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