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Miguel R. Valladares García

lunes 18 junio 2018

Critican que México no dé prioridad a perseguir el blanqueo

EFE
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PARÍS (EFE).- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) criticó hoy que México no de prioridad a la hora de poner medios para la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo y lamentó la corrupción que afecta a las instancias que deberían encargarse de ello, en particular en los estados.

En un informe sobre México publicado hoy, este órgano dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), consideró que ese país debería esforzarse más en perseguir a los que blanquean dinero y “confiscar sus bienes para mitigar riesgos”.

En su dictamen, adoptado en su plenaria de noviembre pasado, el GAFI reconoció que ha habido mejoras “significativas” en algunas áreas de la acción contra el lavado y la financiación del terrorismo respecto al anterior examen, en 2008.

No obstante, hizo hincapié en que México afronta grandes riesgos de blanqueo de capitales procedentes de actividades del crimen organizado, el tráfico de drogas, la extorsión, la corrupción o la evasión fiscal.

La mayor parte de las autoridades es consciente de esas amenazas y, en términos generales, hay una buena política de cooperación y coordinación.

Sin embargo, las acciones para impedir que se materialicen “no se han priorizado lo suficiente” para que se traduzcan en “una apropiada atribución de recursos”.

El GAFI se quejó de que no se transmite a la Procuraduría General de la República (PGR) el volumen de información que se debería desde la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), ya que la consecuencia es que el número de investigaciones es bajo.

Precisó que, hasta hace “relativamente poco”, para la PGR la identificación y la investigación del lavado de dinero no era una de sus “prioridades clave”.

Ese tipo de delitos, lamentó, se investigan sólo caso por caso y no de forma proactiva y sistemática, lo que redunda en pocas inculpaciones y condenas.

Además, “el nivel de corrupción que afecta a las agencias de orden público, en particular a nivel estatal, mina su capacidad para investigar y perseguir las infracciones graves”, advirtió.

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