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Ante la llegada de Rafael Adrián Avante Juárez como nuevo subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob), en lugar de Roberto Campa, hoy titular del Trabajo y Previsión Social (STPS), más de 20 organizaciones defensoras de derechos humanos y de periodistas exigieron la continuidad y fortalecimiento al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En un comunicado conjunto, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), manifestaron que es necesario que el mecanismo continúe para que se pueda contar con las herramientas y recursos necesarios que permitan dar cumplimiento a la obligación del Estado mexicano en proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
"Reiteramos la urgente necesidad de que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se continúe el compromiso con la garantía y defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión a través del diálogo, el consenso y la construcción de acuerdos, condiciones indispensables para el fortalecimiento de un Estado democrático", señalaron.
Al recordar que 2017 fue el año más violento para estos sectores, las organizaciones exigieron una voluntad política que se traduzca en "acciones contundentes" que prevengan y sancionen las agresiones contra estos actores democráticos en el marco del proceso electoral de este año.
Además, pidieron el reconocimiento expreso de la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas como "un problema estructural en el que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de responder ante las exigencias de la sociedad civil y garantizar sus derechos y seguridad más allá de coyunturas políticas".
En un comunicado conjunto, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), manifestaron que es necesario que el mecanismo continúe para que se pueda contar con las herramientas y recursos necesarios que permitan dar cumplimiento a la obligación del Estado mexicano en proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
"Reiteramos la urgente necesidad de que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se continúe el compromiso con la garantía y defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión a través del diálogo, el consenso y la construcción de acuerdos, condiciones indispensables para el fortalecimiento de un Estado democrático", señalaron.
Al recordar que 2017 fue el año más violento para estos sectores, las organizaciones exigieron una voluntad política que se traduzca en "acciones contundentes" que prevengan y sancionen las agresiones contra estos actores democráticos en el marco del proceso electoral de este año.
Además, pidieron el reconocimiento expreso de la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas como "un problema estructural en el que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de responder ante las exigencias de la sociedad civil y garantizar sus derechos y seguridad más allá de coyunturas políticas".