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CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El año nuevo trajo cambios en Guatemala: pareciera que el sistema de justicia que hace tiempo mandó a un presidente a la cárcel ahora podría pasar por alto señalamientos de corrupción en el gobierno actual.
Según analistas, a pesar de que el país centroamericano llegó a ser ejemplo mundial del combate a este delito, las transformaciones que en los primeros días de 2018 se han realizado bajo la gestión de Jimmy Morales podrían favorecer la impunidad. Desde este punto de vista, las alianzas entre gobierno, políticos y empresarios podrían revertir los logros que la Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han logrado desde 2015.
Ese año, una investigación provocó la renuncia de Otto Pérez Molina (2012-2015), quien fue llevado a juicio por la defraudación de millones de dólares del erario nacional. El proceso lo mantiene en prisión al igual que a su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, y otros miembros de su gabinete.
Lo que preocupa a los expertos es lo siguiente: el pasado 13 de enero, el Congreso eligió una nueva Junta Directiva en la que de 158 diputados —algunos de los cuales son oficialistas y perdieron inmunidad por acusaciones en su contra— votaron a favor de una única planilla encabezada por Álvaro Arzú Escobar, un joven de 33 años sin experiencia política que es hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), quien actualmente es alcalde de la capital y es investigado por corrupción.
El Congreso perdió credibilidad en 2017, cuando pareciera que intentó blindar a políticos por delitos de financiamiento electoral ilícito. Para ello aprobó cambios al Código Penal y abrió la posibilidad de dejar en libertad a violadores, extorsionistas y pedófilos entre otros, lo que desató el enojo de la población y obligó a los legisladores a revertir los cambios.
El analista Renzo Rosal dijo a The Associated Press que Guatemala vive una etapa en la que actores vinculados a corrupción y con interés en evadir a la justicia se están organizando para que el país regrese una época en que la corrupción y la impunidad eran algo cotidiano.
La desconfianza de los guatemaltecos escala hasta los niveles más altos: según expresó hace unos días la misma fiscal general, Thelma Aldana, en el presidente Morales no ve a un aliado en la lucha contra la corrupción.
Morales tiene dos solicitudes que la fiscalía y la CICIG hicieron el año pasado para retirar su inmunidad para investigarlo por financiamiento electoral ilícito y por haber recibido un sobresueldo por parte del Ejército de más de 61.000 dólares. Tras conocerse la situación, Morales intentó —sin éxito— expulsar del país al abogado colombiano Iván Velásquez, titular de CICIG.
Ahora el presidente —un excomediante de televisión que este mes cumplió dos años de gobernar— tomó nuevas medidas. Hace tres días, por ejemplo, nombró como ministro de Economía a Ascisclo Valladares, quien es investigado por financiamiento electoral ilícito a favor del Partido Patriota, que llevó a la presidencia a Pérez Molina. La nueva investidura de Valladares le da inmunidad.
Heinz Hiemann, vocero presidencial, dice que Morales ha demostrado que trabaja contra la corrupción y prueba de ello es que cabildeó para asignar presupuesto a la fiscalía y al sector justicia para apoyar su trabajo. Sobre los nombramientos hechos por el presidente, Hiemann afirma que las decisiones del mandatario se basan en la trayectoria y no en especulaciones. Valladares, dice el vocero, no está siendo procesado judicialmente.
Sin embargo, el experto en temas constitucionales, Alejandro Balsells, opina que la reagrupación de sectores afines a la corrupción está provocando un estallido social debido a que la gente está cansada de tanta impunidad.
Balsells dijo que el miércoles fue removido del cargo el superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, por no llegar a la meta de recaudación tributaria. Sin embargo, aseguró Balsells, su destitución en realidad obedece a que “limpió las mafias” en la institución a cargo de recaudar los impuestos del país.
De acuerdo a la fiscalía, éste fue el organismo que Pérez Molina usó para defraudar al Estado.
Los analistas consultados por la AP dicen que los sectores que se están aliando tienen poder, dinero e influencia, con lo que podrían revertir los esfuerzos en el combate a la corrupción. Además aseguran que pronto se podría destituir al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quién evitó que el presidente expulsara del país al titular de la CICIG.
Según Rosales, Guatemala “es como una presa que va a estallar”. Hay desencanto, la institucionalidad es precaria y dado que el gobierno ha demostrado que no le interesa el país, la población será la que tendrá que buscar una solución.
