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El gobierno federal reconoció los desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos y destacó los avances que ha conseguido luego de que Human Rights Watch (HRW) enfatizara, en su Informe Anual 2018, las violaciones y prácticas de tortura perpetradas por autoridades de seguridad en México.
"Se reconoce que existen desafíos importantes para alcanzar ese objetivo, por diversos factores internos y externos a nuestro país. No obstante, se han emprendido acciones concretas para hacer frente a todos y cada uno de los retos", señaló.
El gobierno de México agradeció el interés de Human Rights Watch por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo y recalcó su compromiso "institucional, irrestricto e ineludible para trabajar en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos".
En un comunicado conjunto, las Secretarías de Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) indicaron que "la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional constituye el primer deber del Estado" y que "las autoridades de todos los niveles han trabajado y continuarán trabajando para garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos humanos".
El resumen para México del informe publicado el pasado 18 de enero indica que "durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que inició en 2012, miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado".
El gobierno dio a conocer que ha instrumentado políticas públicas que se reflejan en la reducción de las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en particular, en las que corresponden al Ejército y Fuerza Aérea, que registran una reducción de 76% en el número de quejas en 2017, comparado con 2012.
También destacó la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, "cuyas disposiciones han incorporado los estándares internacionales más altos", afirmó.
Hizo notar también la reforma al sistema de justicia penal, a la que calificó como "una de las mayores transformaciones jurídicas e institucionales en la historia del país".
Al abordar casos por los que se ha señalado la actuación de México en materia de derechos humanos, reiteró que en seguimiento al caso Ayotzinapa, el Estado está comprometido con el esclarecimiento del caso, con la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección los derechos de las víctimas. Subrayó que ha abordado de manera efectiva 95% de las 941 peticiones presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
De igual manera se expresó sobre el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Tanhuato y Tlatlaya. Sobre el caso Tanhuato, dijo, existe el compromiso total con la reparación a las víctimas y la no repetición de sucesos similares.
Sobre Tlatlaya, indicó que se llevaron a cabo las investigaciones pertinentes y con plenitud de autonomía el Poder Judicial resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, víctimas u ofendidos.
"Se reconoce que existen desafíos importantes para alcanzar ese objetivo, por diversos factores internos y externos a nuestro país. No obstante, se han emprendido acciones concretas para hacer frente a todos y cada uno de los retos", señaló.
El gobierno de México agradeció el interés de Human Rights Watch por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo y recalcó su compromiso "institucional, irrestricto e ineludible para trabajar en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos".
En un comunicado conjunto, las Secretarías de Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) indicaron que "la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional constituye el primer deber del Estado" y que "las autoridades de todos los niveles han trabajado y continuarán trabajando para garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos humanos".
El resumen para México del informe publicado el pasado 18 de enero indica que "durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que inició en 2012, miembros de las fuerzas de seguridad han estado implicados en graves y reiteradas violaciones de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura— en el marco de acciones contra el crimen organizado".
El gobierno dio a conocer que ha instrumentado políticas públicas que se reflejan en la reducción de las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en particular, en las que corresponden al Ejército y Fuerza Aérea, que registran una reducción de 76% en el número de quejas en 2017, comparado con 2012.
También destacó la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, "cuyas disposiciones han incorporado los estándares internacionales más altos", afirmó.
Hizo notar también la reforma al sistema de justicia penal, a la que calificó como "una de las mayores transformaciones jurídicas e institucionales en la historia del país".
Al abordar casos por los que se ha señalado la actuación de México en materia de derechos humanos, reiteró que en seguimiento al caso Ayotzinapa, el Estado está comprometido con el esclarecimiento del caso, con la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección los derechos de las víctimas. Subrayó que ha abordado de manera efectiva 95% de las 941 peticiones presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
De igual manera se expresó sobre el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Tanhuato y Tlatlaya. Sobre el caso Tanhuato, dijo, existe el compromiso total con la reparación a las víctimas y la no repetición de sucesos similares.
Sobre Tlatlaya, indicó que se llevaron a cabo las investigaciones pertinentes y con plenitud de autonomía el Poder Judicial resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, víctimas u ofendidos.