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Trámites legales en juzgados federales, como inconformidades y amparos, son los que muestran el estado actual en que se encuentra el caso de la denuncia referente a irregularidades de la cuenta pública 2012 del Ayuntamiento de Victoria Labastida Aguirre, informó el titular de la Fiscalía General del Estado, Federico Garza Herrera.
En entrevista, el funcionario explicó que el asunto se encuentra en manos de la Subprocuraduría Jurídica y hay varios recursos que las partes han presentado, y que se encuentran en espera de resolución.
Entre ellos, dijo, hay algunos relacionados con el Poder Judicial del Estado y otros recursos en el Poder Judicial de la Federación, que permitirán continuar con la causa penal correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
El fiscal indicó que sigue pendiente el desahogo de diversas etapas procesales y justificó la tardanza en la resolución del expediente, por el hecho de que todas las partes tienen derecho a inconformarse y agotar todos los recursos que estén a su alcance.
Garza Herrera recordó que los funcionarios involucrados son del dominio público, y los datos son conocidos y no es necesario especular sobre ellos.
Aclaró que no depende de la Fiscalía la resolución definitiva, porque todavía falta el desahogo de diversas etapas procesales y las mismas autoridades requieren tiempos variables para resolver los respectivos recursos.
A su juicio sería irresponsable de su parte especular sobre tiempos procesales que no dependen de la fiscalía.
En entrevista, el funcionario explicó que el asunto se encuentra en manos de la Subprocuraduría Jurídica y hay varios recursos que las partes han presentado, y que se encuentran en espera de resolución.
Entre ellos, dijo, hay algunos relacionados con el Poder Judicial del Estado y otros recursos en el Poder Judicial de la Federación, que permitirán continuar con la causa penal correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
El fiscal indicó que sigue pendiente el desahogo de diversas etapas procesales y justificó la tardanza en la resolución del expediente, por el hecho de que todas las partes tienen derecho a inconformarse y agotar todos los recursos que estén a su alcance.
Garza Herrera recordó que los funcionarios involucrados son del dominio público, y los datos son conocidos y no es necesario especular sobre ellos.
Aclaró que no depende de la Fiscalía la resolución definitiva, porque todavía falta el desahogo de diversas etapas procesales y las mismas autoridades requieren tiempos variables para resolver los respectivos recursos.
A su juicio sería irresponsable de su parte especular sobre tiempos procesales que no dependen de la fiscalía.
