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Ciudad de México.- Laura, de 21 años, recién se había graduado de la universidad cuando supo que tenía cinco semanas de embarazo. El día que el ginecólogo le confirmó la noticia su decisión fue inmediata: no quería convertirse en madre. “Simplemente no era el momento”, recuerda cuatro años después de esa fecha.
Pero las leyes de su lugar de origen le negaban ese derecho. En el Estado de México abortar por voluntad es un delito. Sus temores se exacerbaron. ¿Qué le esperaba si lo hacía? La posibilidad de caer en la cárcel y el juicio social la hicieron buscar una salida en la Ciudad de México, que es la única entidad donde abortar por decisión es legal hasta las 12 semanas de gestación.
En gran parte de México, abortar es visto más como una falta que como una opción libre para las mujeres. Cada año, de 2015 a 2017, se iniciaron en promedio 500 investigaciones por el delito de aborto en el país. En dos de cada cinco, es decir 200 casos, se acusó a una mujer. Tan sólo en 2017, de las 482 averiguaciones que se registraron, en 168 el cargo fue contra una mexicana, de acuerdo con el Censo de Impartición de Justicia del Inegi.
Los datos muestran un patrón innegable: en 21 de las 32 entidades del país, el número de mujeres acusadas siempre está por encima de los registros en contra de hombres, casos en los que la pareja presuntamente obliga al aborto y los englobados en la categoría “otros”, que incluye a personal médico.
La realidad es que ninguno de los estados de nuestro país despenaliza las ocho causas que permiten un aborto y que se reconocen en los distintos códigos penales. La criminalización interviene en una esfera muy íntima de las mujeres.
Pero las leyes de su lugar de origen le negaban ese derecho. En el Estado de México abortar por voluntad es un delito. Sus temores se exacerbaron. ¿Qué le esperaba si lo hacía? La posibilidad de caer en la cárcel y el juicio social la hicieron buscar una salida en la Ciudad de México, que es la única entidad donde abortar por decisión es legal hasta las 12 semanas de gestación.
En gran parte de México, abortar es visto más como una falta que como una opción libre para las mujeres. Cada año, de 2015 a 2017, se iniciaron en promedio 500 investigaciones por el delito de aborto en el país. En dos de cada cinco, es decir 200 casos, se acusó a una mujer. Tan sólo en 2017, de las 482 averiguaciones que se registraron, en 168 el cargo fue contra una mexicana, de acuerdo con el Censo de Impartición de Justicia del Inegi.
Los datos muestran un patrón innegable: en 21 de las 32 entidades del país, el número de mujeres acusadas siempre está por encima de los registros en contra de hombres, casos en los que la pareja presuntamente obliga al aborto y los englobados en la categoría “otros”, que incluye a personal médico.
La realidad es que ninguno de los estados de nuestro país despenaliza las ocho causas que permiten un aborto y que se reconocen en los distintos códigos penales. La criminalización interviene en una esfera muy íntima de las mujeres.