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El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) ratificó la denuncia de Juicio Político en contra de todos los funcionarios que han entorpecido el desarrollo del trabajo de este organismo civil en torno al Sistema Estatal Anticorrupción.
La denuncia se reiteró en el Congreso del Estado, donde se le dará entrada a las comisiones de Justicia y Gobernación.
Jesús Sierra Acuña, integrante del CPC ratificó esta denuncia donde se señala que “se promueve juicio político en contra de quienes se desempeñen como titular o representante de: Auditoría Superior del Estado (ASE); Fiscalía General del Estado (FGE); Contraloría General del Estado; Pleno del Consejo de la Judicatura; Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por considerar que sus actos y omisiones redundan en perjuicio de intereses públicos fundamentales, particularmente lo establecido en el artículo 10 fracción VI de la legislación que invocamos”.
Al respecto señaló que se han presentado trabas para el desempeño de este Consejo, toda vez que en ningún momento desde su conformación en septiembre de 2017, se ha podido llevar a cabo alguna reunión para tratar los temas de conformación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Asimismo dijo que fue el mismo contralor General del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, quien les mencionó en el CPC que sus nombres deben de ser ratificados al ser publicados en el Periódico Oficial del Estado, lo cual dijo no se establece en ninguno de los Artículos de la Ley Estatal Anticorrupción.
Por lo que señaló este Consejo estará al tanto de lo que se discuta en las comisiones donde se llevará a cabo el análisis de la denuncia por juicio político.
La denuncia se reiteró en el Congreso del Estado, donde se le dará entrada a las comisiones de Justicia y Gobernación.
Jesús Sierra Acuña, integrante del CPC ratificó esta denuncia donde se señala que “se promueve juicio político en contra de quienes se desempeñen como titular o representante de: Auditoría Superior del Estado (ASE); Fiscalía General del Estado (FGE); Contraloría General del Estado; Pleno del Consejo de la Judicatura; Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por considerar que sus actos y omisiones redundan en perjuicio de intereses públicos fundamentales, particularmente lo establecido en el artículo 10 fracción VI de la legislación que invocamos”.
Al respecto señaló que se han presentado trabas para el desempeño de este Consejo, toda vez que en ningún momento desde su conformación en septiembre de 2017, se ha podido llevar a cabo alguna reunión para tratar los temas de conformación del Sistema Estatal Anticorrupción.
Asimismo dijo que fue el mismo contralor General del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, quien les mencionó en el CPC que sus nombres deben de ser ratificados al ser publicados en el Periódico Oficial del Estado, lo cual dijo no se establece en ninguno de los Artículos de la Ley Estatal Anticorrupción.
Por lo que señaló este Consejo estará al tanto de lo que se discuta en las comisiones donde se llevará a cabo el análisis de la denuncia por juicio político.
