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Foto: Archivo"¿Eres un darketo?, ahorita ya valiste"
La salida a un concierto se convirtió en una experiencia que 17 años después le provoca rabia e impotencia recordar.
Era 2001, Joel a pocos meses de alcanzar la mayoría de edad se sentía casi como un "nuevo adulto" que podía salir con sus amigos de fiesta y decidió encontrarse con ellos en el entonces Salón 21 para asistir al concierto de las bandas London After Midnight y Ataraxia. Al término optaron por quedarse en casa de alguien cerca de la colonia Anáhuac.
Un compromiso fue el motivo para que Joel saliera a las 07:00 horas del otro día con rumbo a su casa, caminó hacia Metro Normal, minutos después aprendió a tener miedo de las autoridades de la Ciudad de México: fue sometido sin razón aparente.
Cree que su cabello a medio rapar, pintado de azul, botas de cuero a las rodillas, pantalón de piel y todo en negro fueron los motivos por los que un auto de policía que se conocen como "perrera" dio una vuelta en "u" chirriando la llanta, se subió a la banqueta y le cerró el paso.
Un agente bajó del auto, gritando al mismo tiempo: "¿Qué, a dónde vas pinche putito?", lo sujetó de un brazo y le puso una pierna detrás para tirarlo al suelo y con la bota negra detener su cara contra el concreto.
El otro oficial gritaba desde el volante: "Ya, a la verga, súbete al pendejo". El que lo tenía en el suelo lo jaloneó, Joel se resistió, pero dejó de hacerlo cuando otro carro pasó por la calle que a esas horas estaba sola. El elemento lo levantó sólo para pegarle en el estómago y decirle: "¿Eres uno de esos darketos?. Pinche mugroso, yo corrí a mi hijo de la casa porque quiso empezar con esas cosas y tú ahorita ya valiste".
Le quitó la chamarra, las botas, la camisa y lo revisó mientras soltaba una que otra bofetada y le apuntaba la cabeza con una pistola.
La autoridad se percató de que no tenía más que 100 pesos, lo tiró de nuevo al suelo y le dijo que ahí se quedara, "discutiré algo con mi pareja". Al regresar lo dejó recoger sus cosas del suelo.
Lo primero que levantó fue el billete y lo puso en la bolsa trasera del pantalón de cuero, después al recoger las llaves sintió un golpe en la mano y al momento de recogerlas el policía le sacó el dinero.
"No me quise dejar, le reclamé y pedí mi dinero, entre reclamo y esa súplica humillante con la que todos los jóvenes hemos tenido que hablarles". Ante esta petición, el uniformado contestó que no le había robado nada y que si quería acusarlo "había valido madre", que en la patrulla tenían marihuana y perico, los cuales podrían usar para culparlo por posesión de drogas. Lo que más recuerda el hombre que ahora tiene 34 años fue el "discurso de odio" que el sujeto dijo en contra de su propio hijo, de los darketos y de cómo los jóvenes debían irse por el camino recto y estudiar.
Después de quitarle los recursos lo tiró, le confesó que no era "mal pedo", pero que si se atrevía a denunciar valdría más la palabra del policía que la de un don nadie, le pidió que no volteara, se regresó a la patrulla, la cual avanzó y se perdió en la calle.
"Estaba asustado, no conocía mis derechos"
"¿Por qué no están en la escuela?, súbanse a la patrulla", es la frase que aún le enchina la piel a Carlos al recordar cuando dos policías lo abordaron a él y a su novia cuando paseaban por la unidad deportiva de Xochimilco.
Aunque han pasado 21 años desde ese día de principios de marzo, Carlos lo recuerda. Una ocasión se le ocurrió "irse de pinta" con un par de compañeros y su novia de ese momento. La tarde transcurrió sin nada significativo que contar, risas, juego y ocio en la unidad deportiva de Xochimilco, hacia "la hora de la salida", alrededor de la una de la tarde, los jóvenes se dirigían de regreso a la secundaria. Carlos, junto con su novia, se apartaron del grupo cuando una patrulla se detuvo a un costado, de ella descendieron dos policías, quienes les preguntaron: "¿Qué hacen aquí chamacos?, ¿por qué no andan en la escuela?, a ver, súbanse.
"Me negué y tomando la mano a mi compañera quise continuar mi camino. Uno de los polis me detuvo y me acercó a la puerta de la patrulla, me amenazó con llamar a mis padres si no me subía", declara el hombre.
Asustado por las amenazas, Carlos subió. "No imaginaba el riesgo que tenía, ni siquiera conocía mis derechos". Con una mezcla de sentimientos entre miedo, vergüenza y ansiedad, el joven no sabía qué esperar de aquella experiencia, se sentía culpable por haberse "ido de pinta" y "romper las reglas".
Los oficiales llevaron a los jóvenes al Ministerio Público. "Nos violentaron verbalmente, nos humillaron y de alguna forma sentí que iban a lastimarnos, principalmente a mi compañera. Al final nos dejaron ir".
A cambio de dejarlos ir, los elementos le pidieron a cambio su reloj que recién se había comprado con sus ahorros y 70 pesos para el resto de su semana. Al contarle a su padre, Carlos sintió miedo y vergüenza; sin embargo, él lo llevó a denunciar. "Fue muy pesado, los burócratas se reían y nos decían que no fuéramos exagerados, pero mi papá se mantuvo y levantamos la denuncia, no sirvió de mucho", señala.
"Me cateó porque era hippioso"
"Sin decirme nada me revisaron como si fuera un ladrón", declara José Jaime al contar su experiencia cuando un oficial intentó detenerlo sin razón alguna.
Menos de un minuto bastó para sembrar el miedo en él. Caminaba sobre la avenida Oriente 152, en la colonia Agrícola Oriental, regresaba a su casa tras terminar sus clases en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel oriente, cuando sin dirigirle una palabra un policía lo sujetó, lo aventó contra la pared y comenzó a esculcarlo. Frente a un puesto de tacos, sin que ninguna persona reprochara la revisión al joven que tenía 16 años. "Fue frente a un puesto de tacos, la gente sólo me miraba raro, pero nadie dijo nada, se quedaron ahí viendo, me tiraron mi morral y revisaron todas mis cosas".
El agente revisó al joven los bolsillos de su pantalón y el morral que cargaba consigo, al darse cuenta de que no traía nada de valor, lo dejó tirado en la calle con todas sus cosas. El elemento regresó a su patrulla, en ningún momento de esos 60 segundos que para José Jaime parecieron una eternidad, el sujeto le dijo la razón de la revisión. "Ni siquiera me dirigió la palabra, únicamente me acorraló y comenzó a revisarme, me sentí muy invadido".
José Jaime atribuye esa "invasión" a su forma de vestir, la cual consideró como "hippiosa". "Era fachoso, tenía el cabello largo, traía un morral, esa experiencia influyó para que cambiara, me corté el cabello y empecé a vestirme más limpio".
Pese a que esa experiencia le ocurrió hace más de 15 años, es la primera vez que la cuenta, animado por el caso de Marco, el estudiante de la Preparatoria número 8 de la UNAM que fue detenido por policías.
"Nunca denuncié, primero por miedo, y en segunda de alguna manera pensaba que me lo merecía por mi forma de vestir. El policía actuó con mucho prejuicio, sólo por mi apariencia", dice. Lamenta que los oficiales actúen de manera arbitraria y cometan este tipo de abusos, en especial con los menores de edad. "Se aprovechan del miedo", indica.
Urgen a detener los abusos de policías
Especialistas advirtieron de la "fragilidad" de las instituciones encargadas de la protección de niños y adolescentes cuando son detenidos y urgieron a garantizar la aplicación de la ley y los protocolos cuando son sometidos a un proceso judicial, a fin de evitar que sus derechos sean vulnerados.
El pasado 23 de enero, Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años, desapareció tras ser arrestado por policías de la Ciudad de México; cinco días después reapareció golpeado y a 30 kilómetros de donde fue arrestado, ante ello, integrantes de ONG demandaron castigar a los elementos cuando cometan algún abuso o detención arbitraria en especial contra menores de edad.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), comentó que en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se establece el protocolo para la protección de los menores en caso de un arresto, como es el acompañamiento de las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes durante todo el proceso.
"Tenemos el marco jurídico, las leyes, no necesitamos crear un protocolo, se requiere su aplicación, que las procuradurías del menor cumplan con su función de acompañarlos", dijo.
Destacó que el caso de Sánchez Flores es paradigmático porque mostró las "fragilidades" de las instituciones que atienden a ese sector de la población. "Da cuenta de la poca centralidad que tienen los niños en los procesos de investigación, bajo una mirada adulta". Explicó que cuando un menor de edad es detenido, los agentes están obligados a informar a la procuraduría infantil, así como a los familiares. También, personal de la institución lo acompañará a lo largo del proceso y en todo momento, los parientes o tutores deben estar informados.
Simón Hernández, abogado del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), aseguró que el marco normativo actual es suficiente; sin embargo, se necesita fortalecer su aplicación, así como los controles externos que supervisen el actuar de las instituciones encargadas de la protección de los derechos de niños y adolescentes, como son las procuradurías infantiles.
"Más que desarrollar la legislación hace falta modificar los patrones de actuación de la autoridad, es donde vemos la principal problemática, no en el diseño normativo, sino en la actuación operativa de las autoridades. Se requiere de un proceso de transformación institucional, que no se va a poder resolver únicamente con el tema de los protocolos o de cierta capacitación, sino que implica un rediseño de la policía", expresó.
Resaltó que se requieren de controles externos, como una contraloría ciudadana, que supervisen el actuar de los elementos policiacos, a efecto de asegurar que se apliquen sanciones cuando se incumple con algún protocolo o incurren en alguna irregularidad y advirtió que la impunidad con la que son tratados los abusos policiales y la criminalización de jóvenes fomenta la continuidad de estas prácticas.
Para Édgar Cortez, coordinador del Área de Seguridad Ciudadana y Justicia del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), además de la creación de controles externos de vigilancia a las policías, se requieren mecanismos internos para la investigación de los elementos que cometan algún abuso y puedan ser sancionados.
Indicó que cuando un menor de edad es detenido, las autoridades ministeriales deben asegurarse de que el presunto inculpado sea de ese segmento, a través de pruebas testimoniales y documentales; una vez que se confirmó su situación, de inmediato deben ser localizados los padres. El inculpado tiene derecho a establecer contacto con su familia y no está obligado a emitir declaración alguna, mientras que los parientes o tutores deberán estar informados en todo momento sobre la situación que guarda su integrante.
Destacó que falta mayor colaboración entre las diferentes instancias involucradas en la protección de este sector de la población, a efecto de reducir la vulnerabilidad del menor de edad ante un abuso por parte de las autoridades ministeriales.
Comentó que los prejuicios hacia los jóvenes que prevalecen entre las instituciones policiacas generan la insensibilidad de los elementos en cuanto a la situación de inequidad en la que se encuentra un adolescente o un niño.
Pedro Gaona, investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó que se requiere mayor capacitación de las instituciones policiales sobre los derechos de niños y adolescentes. Además, consideró que desde la secundaria los jóvenes deben aprender sobre sus derechos y obligaciones.
- Consejos para los jóvenes
El Ministerio Público debe verificar la minoría de edad.
La policía tiene que informar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la detención.
El menor de edad tiene derecho a guardar silencio.
De inmediato se debe avisar a los padres de familia sobre la situación de la persona que arrestaron.
Se deberán implementar mecanismos de apoyo durante el proceso.
Se deben tomar medidas para la protección ante "sufrimientos" durante el proceso, así como el resguardo de su intimidad y datos.
En todo momento el padre de familia debe estar enterado del avance del proceso.
En caso de no ser culpable, el Ministerio Público tiene que informar su liberación y además entregarlo a sus padres.
Los padres de familia tienen derecho a recibir asesoría jurídica.