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La discriminación y la inequidad continuaron siendo la norma en países de America Latina y el Caribe durante el 2017, en un escenario marcado por altos niveles de violencia, impunidad y el menoscabo de los esfuerzos oficiales de protección y promoción, consideró hoy Amnistía Internacional (AI).
En su reporte, presentado en esta capital, la agrupación señaló que mucha gente a través de la región enfrenta una profunda crisis de derechos humanos alentada por su marginación en las leyes, políticas y práctica, junto con el creciente uso de políticas de satanización y división.
“Esa regresión amenaza con convertirse en endémica en muchos países si es exacerbada por la falta de confianza en las autoridades, manifestada en bajos niveles de participación en elecciones y referendos, en un instituciones tales como los sistemas nacionales de justicia”, señaló.
Indicó que la violencia extrema y persistente fue común en varios países como Brasil, donde dijo que las autoridades ignoraron la comisión de violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extra judiciales a manos de policías.
Señaló que en Honduras persisten los temores sobre los altos niveles de violencia e inseguridad a pesar de que los índices de homicidios han bajado, mientras en países como Republica Dominicana y Jamaica hubo denuncias de ejecuciones extra judiciales a manos de agentes del orden.
El reporte dio cuenta de altos niveles de violencia, incluyendo contra defensores de derechos humanos, en países como El Salvador, Honduras y México y Venezuela, este último, escenario de “una de las peores crisis de derechos humanos de su historia reciente”.
El reporte señaló que en Venezuela una situación política caótica y un agravamiento de la crisis de suministro de alimentos y material médico que están llevando a miles de personas a protestar, en medio de amenazas de cierre contra medios de comunicación, comprometiendo la libertad de expresión.
“Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas. Hubo detenciones arbitrarias de personas que se pronunciaban contra el gobierno (de Nicolás Maduro), y denuncias de tortura y violencia sexual contra manifestantes”, expuso.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para las Américas, hizo notar que esta situación se ha producido en un entorno de hostilidad hacia el sistema interamericano de derechos humanos, por parte de algunos estados que buscan ejercer presión a través del financiamiento.
“En nuestra opinión es más una crisis política, de estados tratando de reducir la labor de la comisión que representa a muchas de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y eso es algo que nos alarma”, resaltó en conferencia de prensa.
El reporte consideró que durante la pasada Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en México, “hubo una clara ausencia de liderazgo político para responder a algunos de los mas apremiantes temas de derechos humanos”.
El reporte señaló que Latinoamérica y el Caribe se mantienen como la más violenta región del mundo para mujeres, a pesar de existencia de leyes para responder a esa crisis.
Consideró también que el perdón otorgado al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, responsable de serias violaciones a los derechos humanos, “envía una preocupante señal sobre la voluntad de Perú para confrontar impunidad y respecto de derechos de víctimas”.
En su reporte, presentado en esta capital, la agrupación señaló que mucha gente a través de la región enfrenta una profunda crisis de derechos humanos alentada por su marginación en las leyes, políticas y práctica, junto con el creciente uso de políticas de satanización y división.
“Esa regresión amenaza con convertirse en endémica en muchos países si es exacerbada por la falta de confianza en las autoridades, manifestada en bajos niveles de participación en elecciones y referendos, en un instituciones tales como los sistemas nacionales de justicia”, señaló.
Indicó que la violencia extrema y persistente fue común en varios países como Brasil, donde dijo que las autoridades ignoraron la comisión de violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extra judiciales a manos de policías.
Señaló que en Honduras persisten los temores sobre los altos niveles de violencia e inseguridad a pesar de que los índices de homicidios han bajado, mientras en países como Republica Dominicana y Jamaica hubo denuncias de ejecuciones extra judiciales a manos de agentes del orden.
El reporte dio cuenta de altos niveles de violencia, incluyendo contra defensores de derechos humanos, en países como El Salvador, Honduras y México y Venezuela, este último, escenario de “una de las peores crisis de derechos humanos de su historia reciente”.
El reporte señaló que en Venezuela una situación política caótica y un agravamiento de la crisis de suministro de alimentos y material médico que están llevando a miles de personas a protestar, en medio de amenazas de cierre contra medios de comunicación, comprometiendo la libertad de expresión.
“Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas. Hubo detenciones arbitrarias de personas que se pronunciaban contra el gobierno (de Nicolás Maduro), y denuncias de tortura y violencia sexual contra manifestantes”, expuso.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para las Américas, hizo notar que esta situación se ha producido en un entorno de hostilidad hacia el sistema interamericano de derechos humanos, por parte de algunos estados que buscan ejercer presión a través del financiamiento.
“En nuestra opinión es más una crisis política, de estados tratando de reducir la labor de la comisión que representa a muchas de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y eso es algo que nos alarma”, resaltó en conferencia de prensa.
El reporte consideró que durante la pasada Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en México, “hubo una clara ausencia de liderazgo político para responder a algunos de los mas apremiantes temas de derechos humanos”.
El reporte señaló que Latinoamérica y el Caribe se mantienen como la más violenta región del mundo para mujeres, a pesar de existencia de leyes para responder a esa crisis.
Consideró también que el perdón otorgado al expresidente de Perú, Alberto Fujimori, responsable de serias violaciones a los derechos humanos, “envía una preocupante señal sobre la voluntad de Perú para confrontar impunidad y respecto de derechos de víctimas”.
