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El Congreso estatal cayó en la incertidumbre sobre qué instancia debe pagar la nómina de la nueva Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Auditoría Superior del Estado (ASE), por lo que la Junta de Coordinación Política pedirá a la Comisión de Vigilancia que aclare dónde recae esa responsabilidad.
Lo anterior se evidenció en la sesión de ayer de la Junta de Coordinación Política del Congreso, luego de que la Oficialía Mayor les informara que el 13 de febrero, el presidente de la Comisión de Vigilancia, el panista Héctor Mendizábal Pérez, envió un proyecto de gastos de la nómina de la nueva unidad, que necesitaría la aprobación de la Jucopo.
Beatriz Benavente, oficial mayor del Legislativo, argumentó que la unidad dependerá de la ASE y que si el Congreso determinaba financiar su nómina, debería realizar diversas adecuaciones legales, con lo que asumiría la calidad de patrón de los empleados de la nueva unidad.
Lo anterior generó la oposición de las legisladoras Lucila Nava y Graciela Gaitán y del diputado priista Fernando Chávez Méndez, que señalaron que el pago de la nómina de la UEC debería de correr por cuenta de la ASE, pues sería en esa instancia en donde desarrollarían sus labores.
Éste último legislador expresó que la Jucopo no fue tomada en cuenta para determinar que se pagaría a la nueva unidad con fondos del Congreso.
Los integrantes de la junta determinaron enviar a la Comisión de Vigilancia el asunto, para determinar la forma de pago.
Cabe recordar que el pasado 20 de febrero, al señalar que la UEC no duplicaría las funciones de la Contraloría Interna de la ASE, Mendizábal Pérez aseguró que el nuevo ente depende directamente de la comisión que preside.
Por otra parte, la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado que da vida a la UEC estipula en su transitorio octavo que “La Unidad de Evaluación y Control entrará en funciones a partir del ejercicio fiscal 2018, a fin de que el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado realicen las adecuaciones a sus respectivos presupuestos”.
Lo anterior se evidenció en la sesión de ayer de la Junta de Coordinación Política del Congreso, luego de que la Oficialía Mayor les informara que el 13 de febrero, el presidente de la Comisión de Vigilancia, el panista Héctor Mendizábal Pérez, envió un proyecto de gastos de la nómina de la nueva unidad, que necesitaría la aprobación de la Jucopo.
Beatriz Benavente, oficial mayor del Legislativo, argumentó que la unidad dependerá de la ASE y que si el Congreso determinaba financiar su nómina, debería realizar diversas adecuaciones legales, con lo que asumiría la calidad de patrón de los empleados de la nueva unidad.
Lo anterior generó la oposición de las legisladoras Lucila Nava y Graciela Gaitán y del diputado priista Fernando Chávez Méndez, que señalaron que el pago de la nómina de la UEC debería de correr por cuenta de la ASE, pues sería en esa instancia en donde desarrollarían sus labores.
Éste último legislador expresó que la Jucopo no fue tomada en cuenta para determinar que se pagaría a la nueva unidad con fondos del Congreso.
Los integrantes de la junta determinaron enviar a la Comisión de Vigilancia el asunto, para determinar la forma de pago.
Cabe recordar que el pasado 20 de febrero, al señalar que la UEC no duplicaría las funciones de la Contraloría Interna de la ASE, Mendizábal Pérez aseguró que el nuevo ente depende directamente de la comisión que preside.
Por otra parte, la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado que da vida a la UEC estipula en su transitorio octavo que “La Unidad de Evaluación y Control entrará en funciones a partir del ejercicio fiscal 2018, a fin de que el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado realicen las adecuaciones a sus respectivos presupuestos”.
