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Hugo Stevens Amaro (al centro)/Foto: Pulso
El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) presentó una segunda denuncia penal contra Ricardo Gallardo Juárez, Ricardo Gallardo Cardona o quien resulte responsable por enriquecimiento ilícito e inexplicable.
El vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción, Hugo Stevens Amaro, señaló que solamente en la capital tienen detectadas 66 propiedades de diversos precios de valor catastral y aseguró que tienen pruebas contundentes con datos del Registro Público de la Propiedad.
Comentó que el total de esas propiedades superan los 3 millones de metros cuadrados, lo que representa una muestra parcial de ese posible enriquecimiento ilícito.
No descartó que existan más propiedades dadas de alta por "prestanombres", pues existe la presunción de más bienes inmuebles en el resto del país y en el extranjero.
Recordó que está misma denuncia será presentada ante cinco organismos federales ante la desconfianza e inseguridad que representan las autoridades locales, por lo que se entregará copia de los documentos al SAT, a la Procuraduría General de la República, a Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso de la Unión, en donde existen mayores expectativas de que se pueda lograr alcanzar esa justicia.
El FCA recalcó que los actos que transgreden la legalidad no son apreciaciones exclusivas de quienes integran este organismo de la sociedad civil, ya que son actos documentados en los archivos oficiales.
Comentó que pese a que la Auditoría Superior del Estado (ASE) dictaminó en ceros la observación de la Cuenta Pública 2016 del alcalde Ricardo Gallardo Juárez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe al Congreso de la Unión, señaló probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 440 millones 809 mil 200 pesos, iniciando las acciones de recuperación.
Resaltó que entre ese irregular ejercicio del gasto público, la ASF reporta 101 millones 748 mil 700 pesos descontados a los trabajadores por el ISR que no fueron enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incurriendo en delito del orden federal.
Finalmente, dijeron lamentar el silencio cómplice del Fiscal General, Federico Garza Herrera, y del Fiscal Anticorrupción, Jorge Vera Noyola.
El Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) presentó una segunda denuncia penal contra Ricardo Gallardo Juárez, Ricardo Gallardo Cardona o quien resulte responsable por enriquecimiento ilícito e inexplicable.
El vocero del Frente Ciudadano Anticorrupción, Hugo Stevens Amaro, señaló que solamente en la capital tienen detectadas 66 propiedades de diversos precios de valor catastral y aseguró que tienen pruebas contundentes con datos del Registro Público de la Propiedad.
Comentó que el total de esas propiedades superan los 3 millones de metros cuadrados, lo que representa una muestra parcial de ese posible enriquecimiento ilícito.
No descartó que existan más propiedades dadas de alta por "prestanombres", pues existe la presunción de más bienes inmuebles en el resto del país y en el extranjero.
Recordó que está misma denuncia será presentada ante cinco organismos federales ante la desconfianza e inseguridad que representan las autoridades locales, por lo que se entregará copia de los documentos al SAT, a la Procuraduría General de la República, a Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso de la Unión, en donde existen mayores expectativas de que se pueda lograr alcanzar esa justicia.
El FCA recalcó que los actos que transgreden la legalidad no son apreciaciones exclusivas de quienes integran este organismo de la sociedad civil, ya que son actos documentados en los archivos oficiales.
Comentó que pese a que la Auditoría Superior del Estado (ASE) dictaminó en ceros la observación de la Cuenta Pública 2016 del alcalde Ricardo Gallardo Juárez, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su informe al Congreso de la Unión, señaló probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 440 millones 809 mil 200 pesos, iniciando las acciones de recuperación.
Resaltó que entre ese irregular ejercicio del gasto público, la ASF reporta 101 millones 748 mil 700 pesos descontados a los trabajadores por el ISR que no fueron enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incurriendo en delito del orden federal.
Finalmente, dijeron lamentar el silencio cómplice del Fiscal General, Federico Garza Herrera, y del Fiscal Anticorrupción, Jorge Vera Noyola.
