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Han pasado 17 años y 5 meses, desde que el gobierno mexicano perdió en el Panel Internacional del Tratado de Libre Comercio la primera demanda comercial, cuando la empresa Metalclad consiguió una indemnización por 16 millones 685 mil dólares de la época, tras la clausura total del Confinamiento de Desechos Industriales “La Pedrera” en Los Amoles, Guadalcázar, y nadie regresó para remediar el sitio.
El fallo dictado el 31 de agosto del año 2000 fue impugnado, la sentencia bajó a 15 millones de dólares en mayo de 2001, y una vez pagada la indemnización, el gobierno de la República, entonces encabezado por Vicente Fox Quesada, extendió la orden para cobrar al Gobierno del Estado 146 millones de pesos (valor del tipo de cambio en dólares en aquella época), pero nadie regresó para garantizar la seguridad del tiradero y la prevención de fallas en las celdas de depósito.
La empresa se fue, y el sitio se quedó abandonado; pobladores aseguran que las celdas despiden olor químico, y ya no hay personal técnico presente en el sitio, dicen ellos, desde el año 2003.
De acuerdo a los pobladores de la zona, la última vez que vieron personal en el sitio fue en 2003. De 2004 a 2018, lo han visto solitario.
Representantes ejidales explicaron que temen por el crecimiento de hierba y el deterioro de losas de concreto que protegen las celdas.
Solicitaron la visita de campo de personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que conozcan el estado en que se encuentra el sitio del confinamiento.
El cierre del sitio, ocurrió luego de una serie de luchas de grupos ambientalistas, tales como Educación y Defensa Ambiental, A.C., y Pro San Luis Ecológico.
