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COLÓN, Panamá (AP) — Disturbios callejeros y enfrentamientos con la policía estallaron el martes en la norteña provincia de Colón --un estratégico punto portuario y del comercio de Panamá-- después de concluir una marcha pacífica en medio de una huelga para llamar la atención sobre el estado de caos, miseria e inseguridad en esa ciudad, otrora considerada la “tacita de oro” del país.
Los pobladores de Colón, 80 kilómetros al Atlántico de Ciudad de Panamá y la provincia con los mayores contrastes en esta nación centroamericana, están indignados por lo que consideran un retraso del gobierno del presidente Juan Carlos Varela en un plan multimillonario que busca reconstruir una ciudad histórica con sistemas de alcantarillado deficientes y vivienda colapsadas.
Las protestas del martes son las más graves desde los violentos disturbios del 2012, en que los colonenses frenaron una iniciativa oficial que buscaba vender las tierras de la zona franca de Colón, considerada la más grande de Latinoamérica en el negocio de la importación y exportación de mercancías.
Convocados por el Frente Amplio Colonense --un movimiento social y gremial-- centenares de panameños vestidos de negro marcharon temprano varias horas desde un sector de las afueras hasta el centro de la ciudad sin que se registrasen actos de violencia y con una fuerte presencia policial.
El dirigente de la marcha Edgardo Voitier llamó al final a sus seguidores a retornar a las calles el miércoles, al tiempo en que anunció que extendían por 24 horas más la huelga general en la provincia. El transporte público estuvo parado y los comercios no abrieron sus puertas, aunque la actividad en la zona libre y los grandes puertos de la provincia, entre ellos el de entrada al Canal de Panamá por el atlántico, fue normal.
Sin embargo, después sobrevino el caos total.
Grupos que no habían marchado y que exigían la presencia del presidente Varela lanzaron piedras a la policía y quemaron neumáticos en varios puntos de la ciudad que quedó envuelta en una humareda en tanto que otros, tapándose la cara con pañuelos, saquearon algunos comercios y quemaron al menos un vehículo de la policía en desordenes que se extendieron por varias horas.
La policía empleó gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes y se escucharon insistentes detonaciones. No se informó de inmediato sobre el número de heridos ni de arrestos.
El gobierno no se había referido a los violentos disturbios de la tarde. Más temprano, el principal funcionario encargado de verificar el cumplimiento de las metas oficiales, Jorge González, pidió paciencia a los colonenses asegurándoles que la multimillonaria renovación de la ciudad avanzaba en más de 50%, al igual que los proyectos para dotar miles vivienda en las afueras de la provincia.
“No estamos maquillando, estamos reconstruyendo”, dijo el martes a la prensa local González en alusión a la queja de los colonenses de que el proyecto está retrasado y ocasiona muchas molestias por las excavaciones en las calles.
A pesar de ser una provincia portuaria y comercial vital, Colón --de algo más de 250.000 habitantes-- ha sufrido por décadas la dejadez de los gobiernos, lo que llevó al colapso de su sistema de alcantarillado, agua potable y vivienda.
Varela, quien visitó de inmediato Colón cuando asumió su quinquenio el 1 de julio de 2014 y prometió cambiarle la cara a la provincia, insiste en que su gobierno está invirtiendo más de 1.200 millones de dólares allí en la renovación y en obras sociales. No obstante, los colonenses sienten que el plan no avanza con rapidez, que han perdido empleos, que los han sacado de los edificios deteriorados que antes ocupaban y que no disfrutarán de los beneficios de la renovación.
“El pueblo de la ciudad de Colón y sus alrededores ha sido abusado por muchas décadas y el presidente actual les hizo una promesa que les iba a mejorar su calidad de vida”, comentó a The Associated Press Marco Gandásegui, un sociólogo de la Universidad de Panamá.
“Han pasado casi cuatro años y no solo esa promesa se convirtió en mueca, sino que ha perjudicado a la gran mayoría con un proyecto que los engaño abiertamente”, agregó.
Los dirigentes de la movilización exigen que el desarrollo sea integral, que involucre a todos los sectores de la provincia y que se generen más empleos. Al mismo tiempo demandan mayor combate a la criminalidad en una de las provincias con los mayores índices de homicidios del país. De acuerdo con cifras oficiales en 2017 se registraron 73 asesinatos.
