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martes 17 julio 2018

Propone diputada destinar polémica gestoría del Congreso a instituciones de asistencia social

La iniciativa, para evitar “mal uso” de los recursos y apoyar a dependencias necesitadas de recursos.

Jaime Hernández / Pulso
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La diputada local priista Cecilia González Gordoa presentó una iniciativa para regular la entrega de recursos de la polémica partida de Gestoría Institucional y evitar “el mal uso o aplicación e estos recursos”.

En lo que se trata del primer intento de normar el uso de esta partida, que este año repartirá más de 10 millones de pesos, la medida terminaría con el reparto de recursos a discreción de cada legislador a favor de presuntas solicitudes individuales de recursos.

En su lugar, la iniciativa de González Gordoa buscaría que la partida se destine a instituciones que se encuentren legalmente registradas en el ámbito fiscal.

“Los Potosinos”, reconoce en la exposición de motivos la legisladora, “estamos cansados de actos de corrupción y nosotros como sus representantes tenemos la obligación de escuchar sus demandas, pero principalmente de atenderlas, de actuar de manera sensible, responsable y eficaz, además como un poder del Estado, tenemos un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, no podemos ser omisos”.

Por esa razón, propone adicionar un párrafo en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado en la que se establezca como obligación “designar el recurso de Gestoría institucional, a Instituciones que se encuentran legal y debidamente registradas Fiscalmente. Con previa verificación de la debida aplicación de estos recursos”.

La medida pretende beneficiar “a instituciones que su labor es altruista y lamentablemente no cuentan con los recursos suficientes para el desempeño pleno de sus actividades, además es una oportunidad para esta legislatura de seguir apoyando a quienes más lo necesitan de manera transparente y legítima”.

La iniciativa aparece en la Gaceta Legislativa para la sesión de Pleno de mañana.

El ejericcio de estos recursos se ha visto envuelto en la polémica por la sospecha de que varios legisladores falsean la información de los solicitantes, para darle a los recursos un destino distinto al establecido al apoyo a ciudadanos de escasos recursos.

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