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Miguel R. Valladares García

martes 18 diciembre 2018

SCJN: Legales, revisiones sin orden judicial

Si personas se niegan a ser inspeccionadas, los policías podrán hacerlo de manera forzosa

El Universal
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Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor de la propuesta del ministro Javier Laynez Potisek para que la revisión policial de personas y vehículos sin previa autorización judicial sea declarada constitucional.

Al continuar el debate sobre diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, por unanimidad, los ministros declararon válidas las obligaciones que tienen los policías en el sistema penal, específicamente, la de practicar inspecciones y otros actos de investigación cuyos resultados deberán reportar al MP, y a través de éste solicitar las autorizaciones judiciales correspondientes.

Declararon válido el precepto sobre la detención en flagrancia que señala que la inspección que realicen los cuerpos de seguridad al imputado debe conducirse conforme a lo establecido en el código.

Los preceptos fueron impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mediante una acción de inconstitucionalidad que fue acumulada a otra promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Además, por mayoría de siete votos, los ministros declararon constitucional la inspección de personas y vehículos comprendida en el catálogo de actuaciones de investigación que no requieren autorización de un juez y que para el caso de que las personas se nieguen a ser sometidas a ella, los policías podrán realizarlas de manera forzosa.

Asimismo, el ministro ponente destacó que este tipo de actos de investigación pueden ser realizados siempre que exista sospecha razonable de que en ese momento se está ante la comisión de un delito y explicó que no es posible aceptar que cualquier autoridad pueda practicar inspecciones sin razones objetivas que las sustenten.

“La sospecha razonable es central, sin ella, la inspección se vuelve arbitraria y por ende violatoria de derechos humanos.

Los agentes de seguridad pública deberán contar con los datos e informes necesarios para acreditarla y los jueces habrán de ser especialmente rigurosos en el escrutinio judicial de estas medidas. La sospecha razonable no puede justificarse por cualquier circunstancia abstracta como la apariencia física, su forma de vestir, hablar o comportarse”, dijo.

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