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La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) atajó la intención del Congreso del Estado de censurar la información sobre los peticionarios de apoyos de la partida de Gestoría Institucional y le ordenó entregar las solicitudes sin testar el nombre y la firma de los beneficiarios.
El pasado 15 de marzo, la CEGAIP resolvió el recurso de revisión 808/2017-1, presentado por Guadalupe González Covarrubias, presidente de Ciudadanos Observando en contra del Congreso estatal, debido que en respuesta a una petición de información, envió testados los nombres y las firmas de los solicitantes de apoyo pagados con el fondo de Gestoría Institucional. En total, fueron 41 los documentos testados.
González Covarrubias se inconformó y planteó un recurso de revisión, que ya fue resuelto en su favor.
Los comisionados de la CEGAIP determinaron que el interés general de la sociedad de tener acceso a la información sobre el manejo de recursos públicos prevalece sobre el de los individuos a mantener bajo reserva datos personales.
El derecho de acceso a la información, señala el fallo, es una herramienta crítica para el control de la corrupción y una garantía indispensable para evitar abusos de los funcionarios públicos.
La comisión específica que el nombre y la firma del solicitante son datos fundamentales para probar que quien pidió y recibió los apoyos son la misma persona y para descartar la posibilidad de una simulación en la entrega.
La sociedad es detentadora del derecho a la transparencia, señala la CEGAIP, y, por tanto, establece que su interés está por encima del interés particular.
Por esas razones, la comisión ordena al Congreso que entregue los documentos sin testar, advirtiendo que, de no hacerlo, el Poder Legislativo se haría acreedor a una amonestación pública y a una multa económica.
El pasado 15 de marzo, la CEGAIP resolvió el recurso de revisión 808/2017-1, presentado por Guadalupe González Covarrubias, presidente de Ciudadanos Observando en contra del Congreso estatal, debido que en respuesta a una petición de información, envió testados los nombres y las firmas de los solicitantes de apoyo pagados con el fondo de Gestoría Institucional. En total, fueron 41 los documentos testados.
González Covarrubias se inconformó y planteó un recurso de revisión, que ya fue resuelto en su favor.
Los comisionados de la CEGAIP determinaron que el interés general de la sociedad de tener acceso a la información sobre el manejo de recursos públicos prevalece sobre el de los individuos a mantener bajo reserva datos personales.
El derecho de acceso a la información, señala el fallo, es una herramienta crítica para el control de la corrupción y una garantía indispensable para evitar abusos de los funcionarios públicos.
La comisión específica que el nombre y la firma del solicitante son datos fundamentales para probar que quien pidió y recibió los apoyos son la misma persona y para descartar la posibilidad de una simulación en la entrega.
La sociedad es detentadora del derecho a la transparencia, señala la CEGAIP, y, por tanto, establece que su interés está por encima del interés particular.
Por esas razones, la comisión ordena al Congreso que entregue los documentos sin testar, advirtiendo que, de no hacerlo, el Poder Legislativo se haría acreedor a una amonestación pública y a una multa económica.