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San Luis Potosí pasó del noveno en 2015 con mayor percepción en corrupción, a la posición número 16, con lo que avanzó positivamente 7 lugares en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), informó José Gabriel Rosillo Iglesias, Contralor General del Estado, al mantener el porcentaje en este indicador en 90.1 por ciento, como resultado de las buenas prácticas que se impulsan, como la reciente reunión con representantes de la sociedad para rendir cuentan y fortalecer la transparencia.
Estos indicadores –dio a conocer el funcionario estatal- revelan que los ayuntamientos deberán mejorar sus prácticas de integridad y ética en el servicio público, ya que el Inegi identificó que en el Estado se incrementaron las tasas de frecuencia e incidencia de experiencias en corrupción, debido a trámites donde los gobiernos municipales están a cargo en su mayoría.
Entre los principales factores que inciden en estos resultados están los incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas, faltas a la moral o administrativas; y en segundo lugar, los permisos relacionados con la propiedad, como son las licencias de construcción, áreas de la competencia municipal.
El funcionario estatal explicó que se pasó del lugar número nueve con mayor percepción de corrupción al 16, avanzando con ello siete posiciones de forma positiva.
La ENCIG es una encuesta realizada por el Inegi a la población de 18 años y más, en ciudades de 10 mil habitantes en adelante, la cual se levantó durante los meses de noviembre y diciembre del 2017.
Desde la Contraloría General del Estado se continúa trabajando en la prevención de la corrupción a partir de la implementación de sistemas eficaces de control interno en la administración pública estatal, así como en la implementación de mecanismos de ética e integridad que los funcionarios públicos actúen con rectitud y apego a la legalidad, aseguró.
Además, se están impulsando en las dependencias y entidades, mecanismos de inclusión social y participación ciudadana en la vigilancia de los recursos públicos, como es la contraloría social y el modelo de gobierno abierto, que promueve la participación ciudadana, la transparencia, la innovación y la rendición de cuentas en la actuación gubernamental.
