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CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El gobierno federal no cuenta con brazaletes para la liberación de internos que han obtenido dicho beneficio y tampoco hay empresas que reúnan los requisitos para prestar el servicio, lo que mantiene en prisión a cientos de personas.
Un oficio de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso de la Policía Federal, reconoce que no cuenta con brazaletes penitenciarios ni el software para dar seguimiento a la citada medida cautelar, además de que carece de personal capacitado para ello.
El documento, firmado por el encargado de la citada unidad, Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, tiene fecha del 5 de marzo del 2018 y fue dirigido a un juez federal, que solicitó precisar "de manera clara fecha, operatividad y vigencia del sistema de rastreo con brazalete y si cuenta con los mismos".
Edith Viveros Hernández, abogada de Julio César Ruiz Trejo y Bruno Juárez Reyes, policías municipales de Cuautitlán detenidos el pasado 13 de enero acusados de su probable participación en el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo, aseguró que desde el pasado 20 de enero un juez federal otorgó la medida cautelar del brazalete a sus clientes, pero hasta el momento no han podido conseguir los aparatos.
Añadió que José Artemio Zúñiga Mendoza, juez especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, determinó la citada medida cautelar y pidió a familiares de ambos hombres conseguir los brazaletes, para que enfrenten en libertad condicionada el proceso penal que se les sigue.
Viveros Hernández dijo que interpuso dos amparos, uno de ellos el 666/2018 por la ilegal detención de sus clientes, la supuesta tortura de que fueron objeto y para inconformarse por la vinculación a proceso, causas por las que también presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Aseguró que en el otro amparo pide que el juez determine otras medidas cautelares a ambos ex policías, como firmar en el juzgado o el pago de una fianza, ya que el impartidor de justicia insiste en que sí hay empresas que venden los brazaletes, que deben ser conseguidos por familiares de los internos.
Viveros Hernández añadió que la empresa Max 4, con sede en Aguascalientes, vende el brazalete de seguridad penitenciaria, con costo de 25 mil pesos, aunque autoridades consideraron que no cumple con los requisitos exigidos, sobre todo el monitoreo de los aparatos.
Relató que al parecer el problema es porque el gobierno pretende que sean las empresas las que realicen el monitoreo a los internos que tengan los brazaletes, aunque las mismas sólo ofrecen la venta del aparato y la supervisión debe estar a cargo de las autoridades.
Ana Guadalupe Mendoza Ruiz y Karla Jaimes Santiago, esposas de Ruiz Trejo y Juárez Reyes, respectivamente, dijeron que los ex policías fueron golpeados y torturados, además de que sólo cumplieron órdenes de sus superiores de trasladarse al lugar donde supuestamente era extraído el combustible de un ducto de Pemex, en la zona de Cola de Caballo, en Rancho San Blas, Cuautitlán, ya que había una camioneta sospechosa en el sitio.
Afirmaron que Ruiz Trejo tenía 12 años de laborar en la policía de Cuautitlán y Juárez Reyes 17 años, sin que el gobierno municipal les haya brindado apoyo legal; los detenidos permanecen en el penal de Neza Bordo, ubicado en Nezahualcóyotl, y esperan los brazaletes penitenciarios para obtener su libertad condicionada.
Por el mismo delito son imputados dos policías estatales y otras cuatro personas, a las que también el juez determinó la medida cautelar del brazalete penitenciario.