Fundador:
Miguel R. Valladares García

lunes 23 julio 2018

“Consulta sobre Uber en Cancún contamina elecciones”

El Universal
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

La candidata al senado por la coalición Juntos Haremos Historia, Marybel Villegas, acusó que la consulta popular solicitada por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, para definir el destino de las plataformas tipo Uber en Cancún, “contamina y enrarece el proceso electoral” y se centra sólo en un municipio cuando el tema es de alcance estatal, por lo que exigió que el ejercicio ciudadano se postergue hasta pasado el día de la elección.

En conferencia de prensa, la ex diputada estatal consideró que la realización de la consulta popular, programada para el 1 de julio, se pensó para “distraer” al electorado y evitar a los partidos el “costo político” por votar a favor o en contra de la entrada de Uber, endosando la responsabilidad a la ciudadanía, cuando es el Congreso del estado el que debe legislar sobre autorizar la operación de ese tipo de plataformas.

Cuestionada, rechazó que su postura busque el voto del “Frente Único de Trabajadores del Volante”, que condicionó su apoyo en las urnas a las y los candidatos que respalden a Uber y negó haber entablado contacto con el Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”.

Explicó que la consulta popular, autorizada la semana pasada por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), será posible gracias a lo que consideró un “albazo legislativo” del Congreso del estado, que aprobó la Ley de Participación Ciudadana el 21 de marzo, en fast track.

Detalló que en sólo nueve días, las y los legisladores tomaron en cuenta las ocho iniciativas de Ley presentadas 2011, 2015, 2017 y 2018, lo que incluye la propuesta del propio ejecutivo del estado, además de 54 propuestas ciudadanas.

El 12 de marzo entró la última iniciativa, promovida por el mandatario estatal y, nueve días después, fue votada por el pleno.

“En tan sólo nueve días el Congreso analizó, dictaminó y aprobó una Ley de Participación a modo”, insistió, cuando se le mencionó que desde febrero del 2017, en un foro abierto, el propio gobernador anunció que buscarían promover modificaciones en favor de la participación ciudadana.

“La ley se hizo exclusivamente para facilitar la consulta popular (…) nos recuerda las mismas prisas que se tuvieron para realizar el paquete de impunidad de la anterior legislatura”, dijo, para luego reprochar a las y los diputados el haber eludido su responsabilidad para discutir y aprobar la Ley de Modalidad, que genera las condiciones para la operación de las plataformas digitales ligadas al transporte.

Dijo que no está en contra de la operación de plataformas digitales, ni de la realización de consultas populares, pero sí en contra de la violación de los tiempos y procedimientos adecuados para garantizar la legalidad y legitimidad del marco jurídico.

Villegas Canché también reprochó al IEQROO el haber aprobado la realización de la consulta, cinco días después de que recibiera la petición del gobernador. La solicitud de consulta fue recibida por el Instituto el nueve de abril pasado.

Consideró “excesivo y violatorio” el artículo 49 de la Ley de Participación Ciudadana que –dijo- establece que el informe de validación de la consulta es “definitivo e inatacable”, es decir, que no puede ser impugnado.

“Me preocupa, porque en este caso, le cortan el derecho a los amigos taxistas de pronunciarse al respecto dentro de ese procedimiento de consulta popular”, resaltó.

En su opinión, hubo poca fundamentación para determinar si autorizar la operación de plataformas digitales para el servicio público, es un tema de trascendencia, requisito establecido por el artículo 20 de dicha Ley y dijo que tampoco se robusteció con la opinión de colegios y organizaciones de la sociedad civil, especializados en la materia de que trate.

Aceptó que el artículo 48 de la Ley, no determina como obligatorio el consultar si el tema es o no de trascendencia, pues sólo indica que el instituto puede “apoyarse” de los cuerpos colegiados y sociedad civil.

Además, se pronunció en contra del costo de la consulta, que dijo, será de10 millones de pesos, contando las formalidades que se exige para una boleta electoral, los elementos de seguridad, mamparas, urnas, responsables de cuidar el procedimiento, entre otros, pero no precisó el origen de ese dato.

También señaló que de acuerdo con el Artículo 43, en año de elecciones, la solicitud de consulta popular, deberá presentarse cuando menos 90 días antes de la fecha de la jornada de consulta, la cual será el día de la jornada electoral, es decir, el 1 de julio.

Minuto a minuto