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La junta de supervisión financiera aprobó el viernes casi por unanimidad aumentar a más del doble el costo de inscripción en la principal universidad pública de Puerto Rico a pesar de las fuertes críticas de que la medida hará incosteable la educación superior.
Seis de los siete miembros de la junta también votaron a favor de reducir las prestaciones en la Universidad de Puerto Rico y consolidar 11 planteles que atienden a más de 58.000 estudiantes en una isla sumida en la recesión desde hace 11 años.
La universidad “ya no podrá costear su actual modelo operativo”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta creada por el Congreso estadounidense.
Funcionarios del gobierno y directivos de la universidad prometieron no aplicar ciertas medidas, un día después de que la junta instituyera un recorte de 10% en el sistema público de pensiones de Puerto Rico, que enfrenta pasivos por casi 50.000 millones de dólares. Jaresko dijo que esos recortes son necesarios porque el sistema se está quedando sin dinero.
El plan fiscal para la universidad aprobado el viernes contempla aumentar el costo por crédito académico de nivel licenciatura de 57 a 115 dólares para el año entrante y a 157 dólares para el año fiscal 2023.
Darrell Hillman, presidente interino de la Universidad de Puerto Rico, dijo a la estación de radio WKAQ que había propuesto aumentarlo a 75 dólares para el año entrante y a 140 dólares en cinco años.
“Esto es como una amputación a un órgano vital a la isla de Puerto Rico”, afirmó. “Hay muchos problemas en los negocios, los trabajos” a causa de los estragos dejados por el huracán María. “No queremos afectar el bolsillo del puertorriqueño ni del estudiante”.
Los miembros de la junta aprobaron una reducción de 10% en los costos operativos, propusieron una política de becas basada en las necesidades y un aumento a diversas tarifas, como los derechos de graduación de 27 a 80 dólares.
Javier Córdoba, vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, rechazó el plan fiscal y dijo que le preocupa la consolidación de planteles, entre otros aspectos.
“Sospechamos que muchos de esos estudiantes no van a tener la capacidad de proseguir sus estudios universitarios”, dijo en referencia a la posibilidad de que muchos se vean ahora obligados a desplazarse grandes distancias para ir a algún campus.
Córdoba señaló que reducir las prestaciones dificultaría a la Universidad de Puerto Rico atraer a profesores calificados.
La mayoría de los miembros de la junta también aprobaron un aumento a los peajes y una reducción de 15% a los costos de personal de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico. Una vez más, las autoridades rechazaron esas medidas.
“Sé que redituará más dinero, pero aumentará la carga a los ciudadanos de Puerto Rico”, señaló Carlos Contreras, secretario de la agencia.
El plan asevera que un aumento anual promedio de 5% a los peajes podría generar 77 millones de dólares adicionales, y señala que los gastos de la agencia excederán los ingresos en casi 500 millones los próximos seis años. También considera un programa de capital de 3.000 millones de dólares y busca reducir proyectos de tránsito y subcontrataciones, y destaca que los sobrecostos de construcción han sido de hasta 37% por año.
La agencia carga una deuda de 6.000 millones de dólares y tiene problemas para recuperarse tras el paso del huracán María, el cual causó daños a infraestructura por más de 650 millones de dólares.
La junta dijo que el sistema de transporte de la isla tiene una de las peores tasas de fallecimientos, condiciones de pavimento y congestionamientos de tránsito si se le compara con entidades de Estados Unidos.
Seis de los siete miembros de la junta también votaron a favor de reducir las prestaciones en la Universidad de Puerto Rico y consolidar 11 planteles que atienden a más de 58.000 estudiantes en una isla sumida en la recesión desde hace 11 años.
La universidad “ya no podrá costear su actual modelo operativo”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta creada por el Congreso estadounidense.
Funcionarios del gobierno y directivos de la universidad prometieron no aplicar ciertas medidas, un día después de que la junta instituyera un recorte de 10% en el sistema público de pensiones de Puerto Rico, que enfrenta pasivos por casi 50.000 millones de dólares. Jaresko dijo que esos recortes son necesarios porque el sistema se está quedando sin dinero.
El plan fiscal para la universidad aprobado el viernes contempla aumentar el costo por crédito académico de nivel licenciatura de 57 a 115 dólares para el año entrante y a 157 dólares para el año fiscal 2023.
Darrell Hillman, presidente interino de la Universidad de Puerto Rico, dijo a la estación de radio WKAQ que había propuesto aumentarlo a 75 dólares para el año entrante y a 140 dólares en cinco años.
“Esto es como una amputación a un órgano vital a la isla de Puerto Rico”, afirmó. “Hay muchos problemas en los negocios, los trabajos” a causa de los estragos dejados por el huracán María. “No queremos afectar el bolsillo del puertorriqueño ni del estudiante”.
Los miembros de la junta aprobaron una reducción de 10% en los costos operativos, propusieron una política de becas basada en las necesidades y un aumento a diversas tarifas, como los derechos de graduación de 27 a 80 dólares.
Javier Córdoba, vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, rechazó el plan fiscal y dijo que le preocupa la consolidación de planteles, entre otros aspectos.
“Sospechamos que muchos de esos estudiantes no van a tener la capacidad de proseguir sus estudios universitarios”, dijo en referencia a la posibilidad de que muchos se vean ahora obligados a desplazarse grandes distancias para ir a algún campus.
Córdoba señaló que reducir las prestaciones dificultaría a la Universidad de Puerto Rico atraer a profesores calificados.
La mayoría de los miembros de la junta también aprobaron un aumento a los peajes y una reducción de 15% a los costos de personal de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico. Una vez más, las autoridades rechazaron esas medidas.
“Sé que redituará más dinero, pero aumentará la carga a los ciudadanos de Puerto Rico”, señaló Carlos Contreras, secretario de la agencia.
El plan asevera que un aumento anual promedio de 5% a los peajes podría generar 77 millones de dólares adicionales, y señala que los gastos de la agencia excederán los ingresos en casi 500 millones los próximos seis años. También considera un programa de capital de 3.000 millones de dólares y busca reducir proyectos de tránsito y subcontrataciones, y destaca que los sobrecostos de construcción han sido de hasta 37% por año.
La agencia carga una deuda de 6.000 millones de dólares y tiene problemas para recuperarse tras el paso del huracán María, el cual causó daños a infraestructura por más de 650 millones de dólares.
La junta dijo que el sistema de transporte de la isla tiene una de las peores tasas de fallecimientos, condiciones de pavimento y congestionamientos de tránsito si se le compara con entidades de Estados Unidos.
