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Jimmy Morales, presidente de Guatemala / Foto: Archivo
GUATEMALA (EFE).- El titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Guatemala, Mario Duarte, aseguró hoy que el allanamiento realizado a Casa Presidencial en noviembre de 2016 constituye una "amenaza nacional", por lo que se abrió una investigación.
"Ahora que el video es publico el Consejo (de Seguridad Nacional) también analizó y estimó que dicha acción constituye una amenaza a la seguridad de la nación, por lo que se procede ahora a las acciones legales correspondientes", aseguró Duarte a periodistas acompañado de otras autoridades.
Estas declaraciones se producen después de que este lunes, el presidente del país, Jimmy Morales, compartió en sus redes sociales un video de esta diligencia, llevada a cabo el 2 de noviembre de 2016 por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que él considera "ilegal".
En una comparecencia ante la prensa después de la reunión semanal del Gabinete de Gobierno y en la que no se permitieron preguntas, Duarte dijo que las imágenes, que el propio Morales hizo públicas hoy, se analizaron "extensivamente" en el Consejo Nacional de Seguridad y que ahora se decidió llevar a cabo una serie de acciones después de 17 meses de los hechos.
Entre ellas, según el titular de la cartera de Interior, Enrique Degenhart, está "una investigación interna" que desarrollará la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, para determinar también la función de los agentes que acompañaron a los fiscales y los investigadores de la Cicig en ese operativo, por un caso de lavado que está bajo reserva.
"Es un expediente abierto a nivel de territorio guatemalteco para dar seguimiento a dicha investigación", acotó el ministro, que no permitió preguntas por ser un proceso que está en marcha.
Posteriormente compareció el secretario general de la Presidencia de Guatemala, Carlos Adolfo Martínez, quien dijo que esta tarde, por orden del presidente, se reunirá con la Procuraduría General de la Nación para que inicie una investigación que permita determinar si los investigadores de la Cicig están cumpliendo el convenio.
El pasado viernes, el propio mandatario ya había anunciado que solicitaría a la Procuraduría una investigación "sobre fiscales de la Cicig que están diciendo en juicios públicos que el acuerdo de Cicig está por encima de las leyes locales".
El vocero de la Presidencia, Heinz Heimann, explicó escuetamente que el mandatario había tratado hasta ahora este tema "por la vía diplomática" pero que este lunes decidió hacerlo público por "las demoras" y "los acontecimientos que se han venido dando coyunturalmente".
"Son situaciones que están violentando la soberanía de Guatemala y la Constitución de Guatemala, tanto con el tema del allanamiento como el de actuar de la Cicig", proclamó el vocero, quien ante las preguntas de la prensa dijo: "No vamos a contestar a más interrogantes, que tengan todos muy buen día".
Tras el allanamiento el 2 de noviembre de 2016, el portavoz de la Presidencia aseguró que había sido un error y que no se había ejecutado la orden por corresponder a otras instalaciones, mientras que la fiscal, Thelma Aldana, señaló que sí se había llevado a cabo con éxito.
La publicación de este vídeo se produce después de que la Fiscalía y la Cicig acusaran la semana pasada por segunda vez al partido oficialista, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), de haber recibido financiación electoral ilícita durante la campaña que llevó a Morales al poder en 2015.
Algunos de los empresarios señalados de entregar más de un millón de dólares reconocieron los hechos y pidieron perdón, mientras que el presidente, en un discurso oficial el viernes, negó los hechos y aseguró que agilizaría la revisión del acuerdo de la Cicig, con quien mantiene una tensa relación desde hace tiempo.
Esta situación, acentuada desde que las autoridades acusaron y enviaron a juicio a su hijo José Manuel y su hermano Sammy por un caso de fraude en 2013, provocó que el pasado mes de agosto intentara expulsar del país, sin éxito, al jefe de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez.
Desde ese momento, el Gobierno de Guatemala y la ONU están revisando el acuerdo que da vida a la Cicig.
GUATEMALA (EFE).- El titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Guatemala, Mario Duarte, aseguró hoy que el allanamiento realizado a Casa Presidencial en noviembre de 2016 constituye una "amenaza nacional", por lo que se abrió una investigación.
"Ahora que el video es publico el Consejo (de Seguridad Nacional) también analizó y estimó que dicha acción constituye una amenaza a la seguridad de la nación, por lo que se procede ahora a las acciones legales correspondientes", aseguró Duarte a periodistas acompañado de otras autoridades.
Estas declaraciones se producen después de que este lunes, el presidente del país, Jimmy Morales, compartió en sus redes sociales un video de esta diligencia, llevada a cabo el 2 de noviembre de 2016 por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que él considera "ilegal".
En una comparecencia ante la prensa después de la reunión semanal del Gabinete de Gobierno y en la que no se permitieron preguntas, Duarte dijo que las imágenes, que el propio Morales hizo públicas hoy, se analizaron "extensivamente" en el Consejo Nacional de Seguridad y que ahora se decidió llevar a cabo una serie de acciones después de 17 meses de los hechos.
Entre ellas, según el titular de la cartera de Interior, Enrique Degenhart, está "una investigación interna" que desarrollará la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, para determinar también la función de los agentes que acompañaron a los fiscales y los investigadores de la Cicig en ese operativo, por un caso de lavado que está bajo reserva.
"Es un expediente abierto a nivel de territorio guatemalteco para dar seguimiento a dicha investigación", acotó el ministro, que no permitió preguntas por ser un proceso que está en marcha.
Posteriormente compareció el secretario general de la Presidencia de Guatemala, Carlos Adolfo Martínez, quien dijo que esta tarde, por orden del presidente, se reunirá con la Procuraduría General de la Nación para que inicie una investigación que permita determinar si los investigadores de la Cicig están cumpliendo el convenio.
El pasado viernes, el propio mandatario ya había anunciado que solicitaría a la Procuraduría una investigación "sobre fiscales de la Cicig que están diciendo en juicios públicos que el acuerdo de Cicig está por encima de las leyes locales".
El vocero de la Presidencia, Heinz Heimann, explicó escuetamente que el mandatario había tratado hasta ahora este tema "por la vía diplomática" pero que este lunes decidió hacerlo público por "las demoras" y "los acontecimientos que se han venido dando coyunturalmente".
"Son situaciones que están violentando la soberanía de Guatemala y la Constitución de Guatemala, tanto con el tema del allanamiento como el de actuar de la Cicig", proclamó el vocero, quien ante las preguntas de la prensa dijo: "No vamos a contestar a más interrogantes, que tengan todos muy buen día".
Tras el allanamiento el 2 de noviembre de 2016, el portavoz de la Presidencia aseguró que había sido un error y que no se había ejecutado la orden por corresponder a otras instalaciones, mientras que la fiscal, Thelma Aldana, señaló que sí se había llevado a cabo con éxito.
La publicación de este vídeo se produce después de que la Fiscalía y la Cicig acusaran la semana pasada por segunda vez al partido oficialista, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), de haber recibido financiación electoral ilícita durante la campaña que llevó a Morales al poder en 2015.
Algunos de los empresarios señalados de entregar más de un millón de dólares reconocieron los hechos y pidieron perdón, mientras que el presidente, en un discurso oficial el viernes, negó los hechos y aseguró que agilizaría la revisión del acuerdo de la Cicig, con quien mantiene una tensa relación desde hace tiempo.
Esta situación, acentuada desde que las autoridades acusaron y enviaron a juicio a su hijo José Manuel y su hermano Sammy por un caso de fraude en 2013, provocó que el pasado mes de agosto intentara expulsar del país, sin éxito, al jefe de la Cicig, el abogado colombiano Iván Velásquez.
Desde ese momento, el Gobierno de Guatemala y la ONU están revisando el acuerdo que da vida a la Cicig.