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domingo 27 mayo 2018

Tramitan guarda y herencia a huérfanos de mujer asesinada

Los niños estarán bajo la tutela y cuidado de su tía materna, confirma coordinador del CJM

Rubén Pacheco / Pulso
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Se les está tramitando un procedimiento de guarda y custodia, y un juicio sucesorio intestamentario, a los tres huérfanos hijos de una mujer asesinada en el municipio de Rioverde, en enero pasado, informó Julieta Méndez Salas, titular de la Coordinación General de los Centros de Justicia para Mujeres (CJM).

El 25 de enero de 2018 en el citado municipio, la fémina fue asesinada por su ex pareja, quien tras el ataque se suicidó. Previo al feminicidio, la hoy occisa denunció en octubre de 2017 violencia de dicha persona, pero las autoridades no tomaron medidas para protegerla.

La funcionaria estatal explicó que el proceso sucesorio es porque la finada tiene bienes de su propiedad, y la guarda y custodia, es para formalizar que los niños estarán bajo la tutela y cuidado de su tía materna.

La ex titular de Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), adujo que el plan de atención referente a menores se realiza de los casos que llegan a los Centros, cuando los familiares acuden a solicitar el apoyo.

Méndez Salas aclaró que existen algunos casos que no llegan a los Centros de Justicia para Mujeres, debido a que acuden a otras instituciones gubernamentales o porque no están en interés de hacerlo.

“Es una situación distinta en cada caso, pero debe conocerse a detalle si hay familiares que puedan o deban hacerse cargo, como punto principal. Posteriormente se realizan los trámites legales para formalizar la guarda y custodia”, declaró.

En semanas anteriores, Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), declaró que cuando los hijos de mujeres asesinadas quedan desamparados, el estado debe de restaurar el proyecto de vida de los vástagos.

Respecto a este feminicidio, el 15 de marzo de 2018, la CEDH dirigió la Recomendación No. 5/2018 a Federico Arturo Garza Herrera, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), por omisiones en la aplicación de medidas de protección a la fémina ultimada.

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