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Con el objeto de establecer las bases de la productividad y competitividad del sector, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 351 votos a favor la expedición de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, y envió el dictamen correspondiente al Ejecutivo federal para sus efectos Constitucionales.
Su aprobación responde “a la problemática que enfrentan sistemáticamente los productores nacionales para ser competitivos en cantidad y calidad frente a los extranjeros”.
El documento refiere varios datos de esta actividad que genera aproximadamente siete mil empleos; el mercado del vino en México tiene un valor de 27 mil 500 millones de pesos, pero sólo se produce en el país el 30 por ciento del consumo anual, por lo que la demanda se satisface con importación, la cual en 2015 superó los 220 millones de dólares.
“La vitivinicultura necesita urgentemente que se le reconozca como un sector industrial en crecimiento que beneficia al campo mexicano; ha crecido y mejorado sus procesos de producción, lo que permite a los vinos mexicanos competir con los de otros países”.
El dictamen a la minuta, elaborado por la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, integra las modificaciones hechas por la colegisladora para eliminar lo relativo a las infracciones. “Es contradictorio que este instrumento jurídico –que busca promocionar y fomentar el apoyo del gobierno y empresas a la vitivinicultura- establezca sanciones que desalientan la actividad”.
Con este ordenamiento se busca fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas con el sector, en concordancia con las leyes para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional; de Metrología y Normalización, y de Desarrollo Rural Sustentable.
Con esta nueva ley se beneficiarán todos los actores involucrados, iniciando desde los procesos de plantación, siembra, cultivo, cosecha, fermentación, crianza, envasado y comercialización del vino elaborado.
Además, productores, organizaciones, asociaciones, comités, consejos nacionales, estatales, regionales, distritales y municipales, subcomisiones de estados que se constituyan de conformidad con los lineamientos y normas vigentes en la materia, y toda persona física o moral que realice actividades relacionadas dentro de la cadena productiva a la actividad vitivinícola en el territorio nacional.
Su aprobación responde “a la problemática que enfrentan sistemáticamente los productores nacionales para ser competitivos en cantidad y calidad frente a los extranjeros”.
El documento refiere varios datos de esta actividad que genera aproximadamente siete mil empleos; el mercado del vino en México tiene un valor de 27 mil 500 millones de pesos, pero sólo se produce en el país el 30 por ciento del consumo anual, por lo que la demanda se satisface con importación, la cual en 2015 superó los 220 millones de dólares.
“La vitivinicultura necesita urgentemente que se le reconozca como un sector industrial en crecimiento que beneficia al campo mexicano; ha crecido y mejorado sus procesos de producción, lo que permite a los vinos mexicanos competir con los de otros países”.
El dictamen a la minuta, elaborado por la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, integra las modificaciones hechas por la colegisladora para eliminar lo relativo a las infracciones. “Es contradictorio que este instrumento jurídico –que busca promocionar y fomentar el apoyo del gobierno y empresas a la vitivinicultura- establezca sanciones que desalientan la actividad”.
Con este ordenamiento se busca fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas con el sector, en concordancia con las leyes para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional; de Metrología y Normalización, y de Desarrollo Rural Sustentable.
Con esta nueva ley se beneficiarán todos los actores involucrados, iniciando desde los procesos de plantación, siembra, cultivo, cosecha, fermentación, crianza, envasado y comercialización del vino elaborado.
Además, productores, organizaciones, asociaciones, comités, consejos nacionales, estatales, regionales, distritales y municipales, subcomisiones de estados que se constituyan de conformidad con los lineamientos y normas vigentes en la materia, y toda persona física o moral que realice actividades relacionadas dentro de la cadena productiva a la actividad vitivinícola en el territorio nacional.
