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Miguel R. Valladares García

martes 25 septiembre 2018

Abogados de Elba Esther presentan denuncia ante la CIDH

El Universal
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Los abogados de la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que “La Maestra” es una presa política.

De acuerdo con el expediente que fue presentado en Washington por el abogado Marco del Toro, y al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, se señaló a cinco funcionarios de gobierno de Enrique Peña Nieto y a un puñado de integrantes del Poder Judicial de la Federación de estar detrás de una persecución política y violación de derechos humanos contra la ex lideresa.

Se trata de Aurelio Nuño Mayer, jefe de la Oficina de Presidencia y después secretario de Educación; Emilio Chuayffet, secretario de Educación; Jesús Murillo Karam, procurador General de la República; Alberto Bazbaz, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y Humberto Castillejos Cervantes, consejero Jurídico de la Presidencia de la República, así como al líder sindical Juan Díaz de la Torre.

“Fueron los artífices de un plan para anular a la ‘Maestra’ en su oposición a la Reforma Educativa y además asumir el control del SNTE por medio de un sucesor que actuara en la línea de sus intereses, en todo sentido”, señala el documento.

La queja establece que Gordillo Morales fue perseguida al oponerse a la Reforma Educativa y a la “permanencia” de las Reformas constitucionales impulsadas por el gobierno actual.

“En vista de que dicha reforma era más administrativa que educativa y que la misma tenía por objeto, entre otras cosas, lesionar los derechos laborales de los trabajadores de la educación, la Maestra Gordillo mostró su absoluta oposición”, relataron.

El escrito dirigido a Paulo Abrão, secretario Ejecutivo de la CIDH, denuncia que magistrados, jueces y secretarios recibieron instrucciones del órgano acusador y del Gobierno para condenarla a toda costa.

Se señala a una consejera de la Judicatura Federal, magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, encabezados por Silvia Carrasco Corona; así como al Juez Alejandro Caballero Vertiz (recientemente fallecido) y Bernal Reyes.

“Ese escenario permite aseverar con toda seguridad que estamos ante una presa política, en tanto se ha anulado en su perjuicio un debido proceso, una tutela judicial efectiva, el derecho a ser juzgado por jueces independientes, autónomos e imparciales”, señalaron.

La ex lideresa de uno de los sindicatos más grandes de América Latina, con millón y medio de afiliados, enfrenta la acusación de haber desviado dos mil 600 millones de pesos de fondos del sindicato a sus cuentas personales.

En mayo del 2017 Gordillo Morales fue declarada inocente de dos delitos de defraudación fiscal por 4 millones 394 mil pesos; y le queda pendiente un juicio por lavado de dinero y delincuencia organizada ante el juez Sexto de Distrito.

Entre los documentos incluidos en la queja se encuentra el pedimento 35/2018 del Incidente I/2015-I que emitió la Procuraduría General de la República (PGR) al juez Sexto de Procesos Penales, Alejandro Caballero Vertiz, en el cual las autoridades califican a Elba Esther como una persona que podría desestabilizar el orden y la paz en México.

“El uso desmedido de los medios de comunicación, que tiene a su alcance, evidentemente podrían desestabilizar la paz y seguridad del Estado Mexicano, por tanto resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicación”, se lee en el informe mediante el cual pretendían restringirle las comunicaciones en su prisión domiciliaria.

Gordillo Morales estuvo presa en el Centro Femenil de Readaptación Social “Tepepan” de febrero del 2013 a noviembre del 2015 y en hospitalizada, por cuestiones de salud, ingresó el 15 de diciembre del 2017 y posteriormente prisión domiciliaria en su departamento de la Ciudad México.

“A propósito de la imposibilidad real de encontrar remedio a gravísimas violaciones a los derechos humanos de mi defendida, víctima de actos y omisiones de autoridades mexicanas, me veo obligado jurídica y éticamente a comparecer a esta instancia internacional en búsqueda de un remedio eficaz a tales atropellos”, dice el texto.

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