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Las empresas que compiten con América Móvil y Televisa podrán proponer auditores que verifiquen el cumplimiento de medidas asimétricas, junto con el regulador del sector.
Este jueves, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó en el Diario Oficial de la Federación DOF) un aviso para los concesionarios que no sean agentes económicos preponderantes.
"En relación con la contratación del auditor externo que auxiliará al Instituto Federal de Telecomunicaciones en la verificación del cumplimiento de las medidas impuestas a los agentes económicos preponderantes, podrán opinar y, en su caso, proponer despachos de auditores", detalla el documento publicado.
La opinión y las propuestas deberán presentarse por escrito ante la Unidad de Cumplimiento del instituto, los primeros cinco días hábiles después del día de la publicación del aviso, es decir, hasta el jueves próximo.
Ramiro Tovar, analista en telecomunicaciones, comentó que resulta entendible que los preponderantes no puedan participar; sin embargo, advierte sobre las opiniones de las empresas que los evaluarán.
"Sugerirán a entidades que tendrán un sesgo al ver incumplimiento en donde no exista", advirtió.
Aunque son sugerencias y será el regulador quien determine con respecto a la opinión de las empresas, Tovar indica que debe ser equitativo.
"Poder sugerir debería ser simétrico para ambas partes, que sugieran no preponderantes y preponderantes para ampliar el abanico y no crear conflictos de intereses", recomendó el analista.
Jorge Bravo, analista de Mediatelecom Policy and Law, explicó que en el sector de las telecomunicaciones es una costumbre que las empresas propongan o sugieran dictaminadores y peritos para evaluar la regulación o en los litigios.
"Es una práctica correcta. También existen o se nombran peritos o evaluadores independientes de las partes", dijo.
Es un tema tan relevante que se requiere de análisis y dictámenes independientes, porque la legislación se formuló en el Congreso de la Unión con enfoques políticos, y la regulación debe preservar su carácter técnico, predecible, objetivo, imparcial y "que cumpla con los objetivos más amplios de garantizar el derecho de acceso a las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), como está formulado en el artículo sexto constitucional", señaló Bravo.
Este jueves, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publicó en el Diario Oficial de la Federación DOF) un aviso para los concesionarios que no sean agentes económicos preponderantes.
"En relación con la contratación del auditor externo que auxiliará al Instituto Federal de Telecomunicaciones en la verificación del cumplimiento de las medidas impuestas a los agentes económicos preponderantes, podrán opinar y, en su caso, proponer despachos de auditores", detalla el documento publicado.
La opinión y las propuestas deberán presentarse por escrito ante la Unidad de Cumplimiento del instituto, los primeros cinco días hábiles después del día de la publicación del aviso, es decir, hasta el jueves próximo.
Ramiro Tovar, analista en telecomunicaciones, comentó que resulta entendible que los preponderantes no puedan participar; sin embargo, advierte sobre las opiniones de las empresas que los evaluarán.
"Sugerirán a entidades que tendrán un sesgo al ver incumplimiento en donde no exista", advirtió.
Aunque son sugerencias y será el regulador quien determine con respecto a la opinión de las empresas, Tovar indica que debe ser equitativo.
"Poder sugerir debería ser simétrico para ambas partes, que sugieran no preponderantes y preponderantes para ampliar el abanico y no crear conflictos de intereses", recomendó el analista.
Jorge Bravo, analista de Mediatelecom Policy and Law, explicó que en el sector de las telecomunicaciones es una costumbre que las empresas propongan o sugieran dictaminadores y peritos para evaluar la regulación o en los litigios.
"Es una práctica correcta. También existen o se nombran peritos o evaluadores independientes de las partes", dijo.
Es un tema tan relevante que se requiere de análisis y dictámenes independientes, porque la legislación se formuló en el Congreso de la Unión con enfoques políticos, y la regulación debe preservar su carácter técnico, predecible, objetivo, imparcial y "que cumpla con los objetivos más amplios de garantizar el derecho de acceso a las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), como está formulado en el artículo sexto constitucional", señaló Bravo.
