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El 15 de octubre de 1995, un grupo de pobladores de San Luis Acatlán y Malinaltepec en La Montaña de Guerrero, se reunieron para hacer algo que detuviera el robo de sus animales, evitar los asaltos en los caminos y la violación de sus mujeres. De esos encuentros salió la Policía Comunitaria, que después se consolidó con el sistema de seguridad y justicia con el que funciona la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El surgimiento de la Policía Comunitaria se dio en un contexto similar al que Guerrero vive ahora: de violencia, pobreza y represión. El 28 de junio de aquel año, policías estatales asesinaron a tiros a 17 campesinos cuando se dirigían a una concentración, en la comunidad de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez. La masacre obligó a Rubén Figueroa Alcocer a dejar la gubernatura, pero no fue encarcelado. Un año atrás, en 1994, en la selva de Chiapas surgió el EZLN.
Posteriormente, en 1996 apareció el Ejército Popular Revolucionario (EPR). El gobierno emprendió una persecución a través de las fuerzas militares en contra de cualquier grupo armado o movimiento social.
En 1998, se vino otra masacre: el 7 de junio militares asesinaron a 11 personas en la primaria Caritino Maldonado, ubicada en la comunidad de El Charco, en el municipio de Ayutla.
En este contexto de represión y persecución, la Policía Comunitaria se vio en la necesidad de transcender. Se estableció el sistema de seguridad y justicia comunitaria: Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC. Este avance tuvo dos logros esenciales: fortaleció la red de apoyo entre comunidades y el asambleísmo, además conformó un sistema para ejercer justicia. Es decir, a partir de este momento no sólo realizarían acciones de autoprotección, sino también de justicia.
El sistema de justicia de la CRAC trajo diferencias con el convencional: la reeducación y la conciliación antes que el castigo. A los retenidos se les juzga en asambleas donde participan tanto coordinadores, como comandantes y los propios habitantes, pero al final la asamblea, el máximo órgano, es quien decide.
En las asambleas se nombra a los coordinadores, a los comandantes y a los 17 policías que hay en cada pueblo. En la asamblea, hasta hace unos años, estaba la principal fortaleza de la Policía Comunitaria.
En sus primeros años, la CRAC-PC logró vigorizarse como uno de los sistemas de seguridad y justicia más sólidos de Guerrero. Era un proyecto alternativo cuyo éxito se fundaba en la rígida distancia que mantenían con los gobernantes.
Surge rivalidad. En los dos primeros años, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero logró dividir a la organización indígena más sólida de Guerrero con la entrega de dinero. Generó codicia y después rivalidades. No lo hizo solo. Desde dentro de la CRAC lo ayudaron. Sus principales instrumentos fueron Bruno Plácido Valerio, primero, y Eliseo del Villar Castillo, después.
En 2012, los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio intentaron tomar el control de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, la matriz, pero no tuvieron éxito. Al año siguiente, la asamblea nombró como coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán a Eliseo del Villar.
La madrugada del 5 de enero de 2014, Bruno Plácido echó a andar su propio grupo de autodefensa. Debutó en Ayutla y Tecuanapa. Cientos de pobladores esbozados y con armas de bajo calibre, machetes en mano montaron guardia sobre la carretera federal para hacer revisiones y, según dijeron, para detener a los criminales más buscados de la región.
A días del levantamiento de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Aguirre acudió a los retenes de las autodefensas y se fotografió con ellos. El ex mandatario había decidido reunirse, aunque de forma informal con los integrantes de la UPOEG antes que con los coordinadores de la CRAC, que ya le había solicitado un encuentro.
A partir de ahí, Aguirre apoyó con armamento, uniformes y, sobre todo, le dio un margen amplio a Bruno para que operara a favor del crecimiento de la UPOEG en la región. En los siguientes meses ésta se convirtió también en un sistema de seguridad y justicia y en reciprocidad con Aguirre, Bruno aceptó en convertirse en policía rural, como acordó el entonces mandatario, y los diputados locales para "legalizar" la presencia de los guardias comunitarios.
Después la UPOEG se asentó en Tierra Colorada, en comunidades de Chilpancingo y Acapulco. Incluso Bruno se vio tentado a tomar la capital con el aval de algunos empresarios. Pero cuando la UPOEG llegó a la zona centro comenzaron sus problemas.
Pobladores de Ocotito y Petaquillas decidieron separarse y crearon el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Los promotores de esta nueva expresión acusaron a Bruno y a otros integrantes de comportarse como delincuentes. En sus pueblos, según han denunciado, los policías de la UPOEG extorsionaron, cobraron derecho de piso, secuestraron y asesinaron, con total impunidad. Desde hace más de un año los policías ciudadanos de la UPOEG y el FUSDEG libran una disputa inclemente: las bajas para ambos bandos son numerosas.
Alianza líder comunitario- gobierno. Desde esa madrugada, en Guerrero no han parado de surgir grupos de autodefensas. La tarde del 16 de mayo de 2013, en San Luis Acatlán, desde el templete Aguirre ofrecía un discurso después de haber colocado la primera piedra de la construcción de una nueva Casa de Justicia de la CRAC; ahí se refirió a Eliseo del Villar. Lo llamó su aliado y para no dejar dudas recordó que en su campaña a gobernador le regaló un becerro en barbacoa.
Ahí Aguirre y Eliseo del Villar sellaron su alianza. Una alianza que se cimentó en dinero. El gobierno de Aguirre entregó a la CRAC, ya con el Eliseo del Villar al mando, ocho millones de pesos que, según dijeron, serían utilizados en proyectos productivos. Esa cifra nunca la había recibido la corporación en su historia.
"Aguirre quería desaparecer a la Policía Comunitaria, por eso le mete dinero a Eliseo. Todo por las minas, para que no hubiera estorbos, porque no íbamos a permitir que se destruyera nuestro territorio. Aguirre le soltó un millón de pesos mensuales a Eliseo y comienza a destrozarla", cuenta Francisco Félix García, el primer comandante en la historia de la Policía Comunitaria.
Eliseo del Villar correspondió a Aguirre: permitió a la credencialización de 923 policías comunitarios para que fueran reconocidos por el Sistema Estatal de Seguridad Pública, pese a que las asambleas se habían negado por estar protegidos legalmente por la Ley 701 y el convenio 169 de la OIT, que les da a los pueblos originarios la facultad de protegerse y establecer su propia forma de gobierno.
Policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, ubicada en Ayutla, se negaron al proceso de credencialización y fue cuando el gobierno de Aguirre inició la represión, la persecución, el encarcelamiento.
Desatar la represión no fue tan difícil para el gobierno de Aguirre, utilizó a la misma CRAC. Eliseo del Villar expulsó de manera unilateral, y sin consultar a la asamblea, a los policías, comandantes y coordinadores que manifestaban resistencia ante la línea del gobierno del estado: desprotegió a sus compañeros legalmente, pues al no ser considerados como integrantes de esa corporación, sus acciones, por ejemplo, las detenciones, no estarían avaladas por la Ley 701 y, por lo tanto, se considerarían como secuestros.
Una de las que sufrieron esta desprotección fue la comandante de la Policía Comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado García, que dependía de la Casa de Justicia de El Paraíso. Salgado García fue detenida el 21 de agosto de 2013 cuando regresaba a su casa después de haber cargado el tanque de gasolina de su camioneta. En un operativo que encabezaron la Marina, el Ejército y la Policía estatal, Nestora Salgado fue detenida sin orden de aprehensión de por medio.
Casi al mismo tiempo, en Ayutla, en un operativo similar fueron detenidos otros 13 policías comunitarios, incluido Bernardino García Francisco, coordinador de autoridades de la Casa de Justicia de El Paraíso. Todos están en libertad, menos Gonzalo Molina, quien se encuentra preso en Chilpancingo.
La detención de 17 policías comunitarios fue el golpe más fuerte que propició la división de la CRAC y desde entonces no se ha podido unificar.
El surgimiento de la Policía Comunitaria se dio en un contexto similar al que Guerrero vive ahora: de violencia, pobreza y represión. El 28 de junio de aquel año, policías estatales asesinaron a tiros a 17 campesinos cuando se dirigían a una concentración, en la comunidad de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez. La masacre obligó a Rubén Figueroa Alcocer a dejar la gubernatura, pero no fue encarcelado. Un año atrás, en 1994, en la selva de Chiapas surgió el EZLN.
Posteriormente, en 1996 apareció el Ejército Popular Revolucionario (EPR). El gobierno emprendió una persecución a través de las fuerzas militares en contra de cualquier grupo armado o movimiento social.
En 1998, se vino otra masacre: el 7 de junio militares asesinaron a 11 personas en la primaria Caritino Maldonado, ubicada en la comunidad de El Charco, en el municipio de Ayutla.
En este contexto de represión y persecución, la Policía Comunitaria se vio en la necesidad de transcender. Se estableció el sistema de seguridad y justicia comunitaria: Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC. Este avance tuvo dos logros esenciales: fortaleció la red de apoyo entre comunidades y el asambleísmo, además conformó un sistema para ejercer justicia. Es decir, a partir de este momento no sólo realizarían acciones de autoprotección, sino también de justicia.
El sistema de justicia de la CRAC trajo diferencias con el convencional: la reeducación y la conciliación antes que el castigo. A los retenidos se les juzga en asambleas donde participan tanto coordinadores, como comandantes y los propios habitantes, pero al final la asamblea, el máximo órgano, es quien decide.
En las asambleas se nombra a los coordinadores, a los comandantes y a los 17 policías que hay en cada pueblo. En la asamblea, hasta hace unos años, estaba la principal fortaleza de la Policía Comunitaria.
En sus primeros años, la CRAC-PC logró vigorizarse como uno de los sistemas de seguridad y justicia más sólidos de Guerrero. Era un proyecto alternativo cuyo éxito se fundaba en la rígida distancia que mantenían con los gobernantes.
Surge rivalidad. En los dos primeros años, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero logró dividir a la organización indígena más sólida de Guerrero con la entrega de dinero. Generó codicia y después rivalidades. No lo hizo solo. Desde dentro de la CRAC lo ayudaron. Sus principales instrumentos fueron Bruno Plácido Valerio, primero, y Eliseo del Villar Castillo, después.
En 2012, los hermanos Bruno y Cirino Plácido Valerio intentaron tomar el control de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, la matriz, pero no tuvieron éxito. Al año siguiente, la asamblea nombró como coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán a Eliseo del Villar.
La madrugada del 5 de enero de 2014, Bruno Plácido echó a andar su propio grupo de autodefensa. Debutó en Ayutla y Tecuanapa. Cientos de pobladores esbozados y con armas de bajo calibre, machetes en mano montaron guardia sobre la carretera federal para hacer revisiones y, según dijeron, para detener a los criminales más buscados de la región.
A días del levantamiento de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Aguirre acudió a los retenes de las autodefensas y se fotografió con ellos. El ex mandatario había decidido reunirse, aunque de forma informal con los integrantes de la UPOEG antes que con los coordinadores de la CRAC, que ya le había solicitado un encuentro.
A partir de ahí, Aguirre apoyó con armamento, uniformes y, sobre todo, le dio un margen amplio a Bruno para que operara a favor del crecimiento de la UPOEG en la región. En los siguientes meses ésta se convirtió también en un sistema de seguridad y justicia y en reciprocidad con Aguirre, Bruno aceptó en convertirse en policía rural, como acordó el entonces mandatario, y los diputados locales para "legalizar" la presencia de los guardias comunitarios.
Después la UPOEG se asentó en Tierra Colorada, en comunidades de Chilpancingo y Acapulco. Incluso Bruno se vio tentado a tomar la capital con el aval de algunos empresarios. Pero cuando la UPOEG llegó a la zona centro comenzaron sus problemas.
Pobladores de Ocotito y Petaquillas decidieron separarse y crearon el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG). Los promotores de esta nueva expresión acusaron a Bruno y a otros integrantes de comportarse como delincuentes. En sus pueblos, según han denunciado, los policías de la UPOEG extorsionaron, cobraron derecho de piso, secuestraron y asesinaron, con total impunidad. Desde hace más de un año los policías ciudadanos de la UPOEG y el FUSDEG libran una disputa inclemente: las bajas para ambos bandos son numerosas.
Alianza líder comunitario- gobierno. Desde esa madrugada, en Guerrero no han parado de surgir grupos de autodefensas. La tarde del 16 de mayo de 2013, en San Luis Acatlán, desde el templete Aguirre ofrecía un discurso después de haber colocado la primera piedra de la construcción de una nueva Casa de Justicia de la CRAC; ahí se refirió a Eliseo del Villar. Lo llamó su aliado y para no dejar dudas recordó que en su campaña a gobernador le regaló un becerro en barbacoa.
Ahí Aguirre y Eliseo del Villar sellaron su alianza. Una alianza que se cimentó en dinero. El gobierno de Aguirre entregó a la CRAC, ya con el Eliseo del Villar al mando, ocho millones de pesos que, según dijeron, serían utilizados en proyectos productivos. Esa cifra nunca la había recibido la corporación en su historia.
"Aguirre quería desaparecer a la Policía Comunitaria, por eso le mete dinero a Eliseo. Todo por las minas, para que no hubiera estorbos, porque no íbamos a permitir que se destruyera nuestro territorio. Aguirre le soltó un millón de pesos mensuales a Eliseo y comienza a destrozarla", cuenta Francisco Félix García, el primer comandante en la historia de la Policía Comunitaria.
Eliseo del Villar correspondió a Aguirre: permitió a la credencialización de 923 policías comunitarios para que fueran reconocidos por el Sistema Estatal de Seguridad Pública, pese a que las asambleas se habían negado por estar protegidos legalmente por la Ley 701 y el convenio 169 de la OIT, que les da a los pueblos originarios la facultad de protegerse y establecer su propia forma de gobierno.
Policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, ubicada en Ayutla, se negaron al proceso de credencialización y fue cuando el gobierno de Aguirre inició la represión, la persecución, el encarcelamiento.
Desatar la represión no fue tan difícil para el gobierno de Aguirre, utilizó a la misma CRAC. Eliseo del Villar expulsó de manera unilateral, y sin consultar a la asamblea, a los policías, comandantes y coordinadores que manifestaban resistencia ante la línea del gobierno del estado: desprotegió a sus compañeros legalmente, pues al no ser considerados como integrantes de esa corporación, sus acciones, por ejemplo, las detenciones, no estarían avaladas por la Ley 701 y, por lo tanto, se considerarían como secuestros.
Una de las que sufrieron esta desprotección fue la comandante de la Policía Comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado García, que dependía de la Casa de Justicia de El Paraíso. Salgado García fue detenida el 21 de agosto de 2013 cuando regresaba a su casa después de haber cargado el tanque de gasolina de su camioneta. En un operativo que encabezaron la Marina, el Ejército y la Policía estatal, Nestora Salgado fue detenida sin orden de aprehensión de por medio.
Casi al mismo tiempo, en Ayutla, en un operativo similar fueron detenidos otros 13 policías comunitarios, incluido Bernardino García Francisco, coordinador de autoridades de la Casa de Justicia de El Paraíso. Todos están en libertad, menos Gonzalo Molina, quien se encuentra preso en Chilpancingo.
La detención de 17 policías comunitarios fue el golpe más fuerte que propició la división de la CRAC y desde entonces no se ha podido unificar.