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En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre los "efectos devastadores e irreversibles por degradación de suelos, que aumentarían el desplazamiento interno, migración y pobreza".
Mediante un comunicado, el organismo explicó que de acuerdo con estimaciones del estudio para la determinación de la Línea Base Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación, realizado en el 2013 por la Comisión Nacional Forestal, el 63.02% de la superficie nacional está afectada por la desertificación, en mayor o menor medida; en dicha área habitan aproximadamente 63 millones de personas, "lo que indica que el problema asociado a la disminución o pérdida de la capacidad productiva de las tierras del país es grave"; por lo que resulta imperativo establecer planes y acciones encaminadas a revertir este proceso.
Habitantes de "17 de las 20 ciudades más pobladas del país están viviendo en zonas afectadas por procesos de degradación de tierras, sequía y desertificación", de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, explicó la CNDH en su comunicado.
De igual manera, hizo hincapié que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que la degradación se refleja en la disminución de la capacidad del ecosistema para producir bienes y servicios ambientales.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a "adoptar marcos programáticos e institucionales para garantizar la gestión forestal sostenible, la restauración y conservación de los suelos, que den protección efectiva a biodiversidad y recursos naturales, con perspectiva de derechos humanos, como ejes para el desarrollo del país y del bienestar social", agregó.
México, recordó la CNDH, es participante activo en el desarrollo de acciones en relación con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, e internamente ha diseñado la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras, "con enfoque multisectorial para prevenirla y controlarla, mediante 38 programas federales enfocados en los ejes ambiental, social y económico, que incentivan actividades de reforestación, conservación de suelos, pago por servicios ambientales, monitoreo y capacitación, entre otros".
Mediante un comunicado, el organismo explicó que de acuerdo con estimaciones del estudio para la determinación de la Línea Base Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación, realizado en el 2013 por la Comisión Nacional Forestal, el 63.02% de la superficie nacional está afectada por la desertificación, en mayor o menor medida; en dicha área habitan aproximadamente 63 millones de personas, "lo que indica que el problema asociado a la disminución o pérdida de la capacidad productiva de las tierras del país es grave"; por lo que resulta imperativo establecer planes y acciones encaminadas a revertir este proceso.
Habitantes de "17 de las 20 ciudades más pobladas del país están viviendo en zonas afectadas por procesos de degradación de tierras, sequía y desertificación", de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, explicó la CNDH en su comunicado.
De igual manera, hizo hincapié que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que la degradación se refleja en la disminución de la capacidad del ecosistema para producir bienes y servicios ambientales.
Las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a "adoptar marcos programáticos e institucionales para garantizar la gestión forestal sostenible, la restauración y conservación de los suelos, que den protección efectiva a biodiversidad y recursos naturales, con perspectiva de derechos humanos, como ejes para el desarrollo del país y del bienestar social", agregó.
México, recordó la CNDH, es participante activo en el desarrollo de acciones en relación con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, e internamente ha diseñado la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras, "con enfoque multisectorial para prevenirla y controlarla, mediante 38 programas federales enfocados en los ejes ambiental, social y económico, que incentivan actividades de reforestación, conservación de suelos, pago por servicios ambientales, monitoreo y capacitación, entre otros".