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El presidente de la Coparmex San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, señaló que en los últimos meses no se ha visto avances en la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), puesto que al día de hoy no se han aprobado los formatos para las declaraciones de los funcionarios, por el Comité Coordinador del SNA.
“La Ley General de Responsabilidades Administrativas que se promulgó en Julio de 2016, constituyó un triunfo ciudadano para iniciar el combate a la corrupción, ya que en la misma se incorporaron instrumentos innovadores de prevención y control de la corrupción y de la rendición de cuentas: la declaración patrimonial, de intereses y la fiscal”, recordó el empresario potosino.
Destacó que a falta de los nuevos formatos, los servidores públicos continúan utilizando la declaración patrimonial en su estructura antigua y limitada, que no son concordantes con el avance legislativo logrado, en tanto que la declaración de interés no se realiza, simplemente porque no existe formato aprobado por el Comité Coordinador del SNA.
“Desde Coparmex hacemos un llamado a aprobar de forma inmediata los formatos de las declaraciones patrimonial y de interés, ya que resulta inadmisible se siga postergando la implementación de esta herramienta fundamental en el control de la corrupción por parte de la ciudadanía”, aseveró Jaime Chalita Zarur.
Puntualizó que pese a que existe un mandato legal para presentar las declaraciones patrimoniales, fiscal y de interés, a esta fecha, está obligación no es exigible para los servidores públicos.
“La no aprobación de los formatos de las declaraciones públicas 3de3, menoscaba profundamente los avances logrados en los últimos años en materia de prevención y control de la corrupción. Es importante dar dimensión a la omisión, en el marco de la imposibilidad de implementar una verdadera rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos”, sentenció el presidente de Coparmex San Luis Potosí.
Destacó que los centros empresariales de todo el país hacen un enérgico llamado al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para la aprobación de los formatos que permitan monitorear el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la evolución patrimonial y los posibles conflictos de interés de los servidores públicos.
