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Se tiene que exigir no nada más sanción para los feminicidas, sino también fincar responsabilidades a funcionarios o funcionarias, en caso de que las haya, sentenció Erika Velázquez Gutiérrez, directora del Instituto de las Mujeres del Estado (Imes), en referencia a dos recientes feminicidios en el municipio de Rioverde, donde las hoy occisas ya habían denunciado a los agresores ante las autoridades de procuración de justicia.
La Secretaría de Gobernación de Gobierno de la República (Segob), decretó el 21 de junio de 2017 la Alerta de Violencia de Género (AVG) para seis municipios: San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamuín, Matehuala, Ciudad Valles y Tamazunchale.
Después de acudir a la presentación de un proyecto en el Colegio de San Luis (Colsan), la directiva recalcó que no se debe permitir que el personal gubernamental sea omiso en la atención de violencia de género.
Cuestionada sobre si la Alerta de Violencia de Género debería ampliarse a otros municipios de la entidad, respondió que esa determinación la daría la Secretaría de Gobernación de la Federación.
“Creo que tenemos que ser tajantes en que no se debe de permitir que servidores o servidoras públicas sean omisos en muchos funciones. Entonces tenemos que exigir no nada más la sanción para el feminicida, sino también para el caso de que se fincara una responsabilidad a funcionarios y funcionarias públicas”, remarcó.
El 13 de junio pasado falleció una fémina agredida por su pareja con un arma de fuego el 6 de junio pasado, a quien desde el año pasado había denunciado por presuntamente violar a sus dos hijas, y sobre quien ya había orden de aprehensión.
La muerte se registró en el mismo municipio a cinco meses de un hecho similar, pues el 25 de enero de 2018 una mujer fue asesinada por su ex pareja, quien tras el ataque se suicidó. Previo al feminicidio, la hoy occisa denunció en octubre de 2017 violencia de dicha persona, pero las autoridades no tomaron medidas para protegerla.
Después de la revelación del segundo caso de omisión institucional, feministas y académicas recriminaron que las instituciones son las responsables directas del feminicidio, por lo cual, el culpable debe estar en la cárcel.
Aunado a ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) notificó que inició una queja de oficio relacionado al citado caso, que muy probablemente concluya en la emisión de una Recomendación.
