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Foto: Archivo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció hoy un patrón desmedido del uso de fuerza letal a manos del gobierno de Nicaragua para reprimir y suprimir las manifestaciones que ha dejado al menos 212 personas muertas desde abril pasado.
“La magnitud de la violencia estatal y el tipo de estrategias implementadas hacen evidente la existencia de acciones coordinadas para controlar el espacio público, y reprimir los reclamos sociales”, dijo aquí la comisionada Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua.
Al presentar ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe sobre la situación en esa nación en el marco de la crisis política y social que vive, la funcionaria consideró que no existen justificación para al desmedido uso de la fuerza letal
Urrejola, quién fue parte de la delegación de la CIDH que visitó Nicaragua el mes pasado, anunció que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) quedará instalado el próximo 3 de julio, y que los nombres de sus integrantes se darán a conocer un día antes, en Nicaragua.
Además de las 212 víctimas fatales reportadas hasta el 6 de junio, donde se incluyen un periodista así como policías y simpatizantes del gobierno, el informe dijo cuenta de 1,337 heridos y 507 privadas de la libertad, algunos de lo cuales, dijo, fueron sometidos a castigos que equivalen a tortura.
Sobre la operación de grupos paramilitares, el informe apuntó que que muchos casos estos actúan en coordinación con la policía nacional, o bajo instrucciones de algunas autoridades locales.
De igual dió cuenta de dificultades para que las personas heridas tengan acceso a atención médica, y que en algunos casos se evitó la salida de ambulancias e incluso unidades de bomberos para atender siniestros.
Igual reportó la existencia de un patrón de detenciones arbitrarias, haciendo notar que la gran mayoría de los 507 arrestados son jóvenes y adolescentes.
Urrejola destacó la necesidad de que el gobierno nicaragüense, brinde protección a defensores y defensoras de derechos humanos, familiares de victimas y testigos, quienes dijo “se encuentran en situación de grave riesgo”.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, destacó que la respuesta a la crisis debe ser pronta y de carácter política, insistiendo en este sentido en la necesidad de adelantas la celebración de elecciones presidenciales, a la vez que llamó al gobierno al cese de la represión”.
“Los responsables de las muertes y demás agresiones que hemos visto y estamos viendo en Nicaragua, deberán comparecer ante la justicia y pagar or sus crímenes. No puede haber otra opción”.
Insistió que la solución a la crisis política y social en Nicaragua es urgente, y que esta deberá ser institucional, conforme al estado de derechos, advirtiendo que cualquier otro camino “constituye una irresponsabilidad política y humana que sólo serviría para generar víctimas, muertes y dolor”.
Nicaragua rechaza que haya represión
Nicaragua rechazó el informe presentado hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de violencia que vive y denunció la existencia de un plan para el derrocamiento del gobierno del presidente Daniel Ortega.
El canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres calificó el informe como subjetivo, sesgado, prejuiciado “y notoriamente parcializado”, acusando que se basó en informes de prensa falsos y de sectores opuestos al gobierno.
Hablando ante el Consejo Permanente de la OEA, Moncada refutó igualmente la cifra de 212 muertos incluida en al reporte de la CIDH, colocándola en 143, y acusó de manera falaz que omitió hechos contra agentes, agencias del Estado y sus simpatizantes.
Aseguró igualmente incluso que el detonante de las manifestaciones que han derivado en ola de violencia que se vive, fue producto de una nota falsa el paseado 18 de abril que dio cuenta de la muerte de un estudiante.
“Nicaragua expresa categóricamente su oposición sobre los hechos que analiza la CIDH, los cuales no se dán en el marco de protesta social, sino en el marco del intento de una ruptura constitucional e institucional para cambiar, por la via de hechos a las autoridades y al gobierno legítimamente electo”, dijo.
Aseguró que a partir de esa noticia falsa se comenzó a desarrollar “el plan pre concebido de la asonada“ con la participación de pandillas armadas, patrón que se repitió en otras ciudades “lo que reveló la existencia de una planificación y organización previamente diseñada y financiada”.
Moncada dijo que la ausencia de fuentes confiables sobre las que se basó el informe, la resta veracidad al mismo, e impide que se pueda asumir conclusiones definitivas.
En su turno, el embajador de México, Jorge Lomónaco externó la profunda preocupación de su gobierno por la violencia en Nicaragua, haciendo notar que la cifra de muertes continúa creciendo.
“México reitera su llamado al cese de la violencia por parte de cualquier actor y expresámos nuestro firme apoyo al trabajo de CIDH”, dijo, a la vez que urgió a las autoridades nicaraguense a aceptar la instrumentación de las 15 recomendación presentadas por la CIDH.
Consideró que la crisis hace evidente que la OEA tiene un papel importante a jugar en esta crisis “y estaremos presentando en los próximos dias una propuesta podrá consideraciones de este consejo”.
A diferencia de la mayoría de las delegaciones del consejo que condenaron la represión, la postura de Nicaragua fue respaldada por los gobiernos de Bolivia y Venezuela, cuyos representantes, al igual que lo hizo Moncada, rechazaron el informe de la comisión, por considerar que falta a la verdad.
“Denunciamos en su totalidad el informe de la CIDH, por su falta de profesionalismo y falta de veracidad”, dijo en turno, la representante de Venezuela, Carmen Velazquez, quien aseguró que detrás de las manifestaciones existen grupos desestabilizadores “cuyo único objetivo es el golpe de estado”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció hoy un patrón desmedido del uso de fuerza letal a manos del gobierno de Nicaragua para reprimir y suprimir las manifestaciones que ha dejado al menos 212 personas muertas desde abril pasado.
“La magnitud de la violencia estatal y el tipo de estrategias implementadas hacen evidente la existencia de acciones coordinadas para controlar el espacio público, y reprimir los reclamos sociales”, dijo aquí la comisionada Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua.
Al presentar ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) su informe sobre la situación en esa nación en el marco de la crisis política y social que vive, la funcionaria consideró que no existen justificación para al desmedido uso de la fuerza letal
Urrejola, quién fue parte de la delegación de la CIDH que visitó Nicaragua el mes pasado, anunció que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) quedará instalado el próximo 3 de julio, y que los nombres de sus integrantes se darán a conocer un día antes, en Nicaragua.
Además de las 212 víctimas fatales reportadas hasta el 6 de junio, donde se incluyen un periodista así como policías y simpatizantes del gobierno, el informe dijo cuenta de 1,337 heridos y 507 privadas de la libertad, algunos de lo cuales, dijo, fueron sometidos a castigos que equivalen a tortura.
Sobre la operación de grupos paramilitares, el informe apuntó que que muchos casos estos actúan en coordinación con la policía nacional, o bajo instrucciones de algunas autoridades locales.
De igual dió cuenta de dificultades para que las personas heridas tengan acceso a atención médica, y que en algunos casos se evitó la salida de ambulancias e incluso unidades de bomberos para atender siniestros.
Igual reportó la existencia de un patrón de detenciones arbitrarias, haciendo notar que la gran mayoría de los 507 arrestados son jóvenes y adolescentes.
Urrejola destacó la necesidad de que el gobierno nicaragüense, brinde protección a defensores y defensoras de derechos humanos, familiares de victimas y testigos, quienes dijo “se encuentran en situación de grave riesgo”.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, destacó que la respuesta a la crisis debe ser pronta y de carácter política, insistiendo en este sentido en la necesidad de adelantas la celebración de elecciones presidenciales, a la vez que llamó al gobierno al cese de la represión”.
“Los responsables de las muertes y demás agresiones que hemos visto y estamos viendo en Nicaragua, deberán comparecer ante la justicia y pagar or sus crímenes. No puede haber otra opción”.
Insistió que la solución a la crisis política y social en Nicaragua es urgente, y que esta deberá ser institucional, conforme al estado de derechos, advirtiendo que cualquier otro camino “constituye una irresponsabilidad política y humana que sólo serviría para generar víctimas, muertes y dolor”.
Nicaragua rechaza que haya represión
Nicaragua rechazó el informe presentado hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de violencia que vive y denunció la existencia de un plan para el derrocamiento del gobierno del presidente Daniel Ortega.
El canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres calificó el informe como subjetivo, sesgado, prejuiciado “y notoriamente parcializado”, acusando que se basó en informes de prensa falsos y de sectores opuestos al gobierno.
Hablando ante el Consejo Permanente de la OEA, Moncada refutó igualmente la cifra de 212 muertos incluida en al reporte de la CIDH, colocándola en 143, y acusó de manera falaz que omitió hechos contra agentes, agencias del Estado y sus simpatizantes.
Aseguró igualmente incluso que el detonante de las manifestaciones que han derivado en ola de violencia que se vive, fue producto de una nota falsa el paseado 18 de abril que dio cuenta de la muerte de un estudiante.
“Nicaragua expresa categóricamente su oposición sobre los hechos que analiza la CIDH, los cuales no se dán en el marco de protesta social, sino en el marco del intento de una ruptura constitucional e institucional para cambiar, por la via de hechos a las autoridades y al gobierno legítimamente electo”, dijo.
Aseguró que a partir de esa noticia falsa se comenzó a desarrollar “el plan pre concebido de la asonada“ con la participación de pandillas armadas, patrón que se repitió en otras ciudades “lo que reveló la existencia de una planificación y organización previamente diseñada y financiada”.
Moncada dijo que la ausencia de fuentes confiables sobre las que se basó el informe, la resta veracidad al mismo, e impide que se pueda asumir conclusiones definitivas.
En su turno, el embajador de México, Jorge Lomónaco externó la profunda preocupación de su gobierno por la violencia en Nicaragua, haciendo notar que la cifra de muertes continúa creciendo.
“México reitera su llamado al cese de la violencia por parte de cualquier actor y expresámos nuestro firme apoyo al trabajo de CIDH”, dijo, a la vez que urgió a las autoridades nicaraguense a aceptar la instrumentación de las 15 recomendación presentadas por la CIDH.
Consideró que la crisis hace evidente que la OEA tiene un papel importante a jugar en esta crisis “y estaremos presentando en los próximos dias una propuesta podrá consideraciones de este consejo”.
A diferencia de la mayoría de las delegaciones del consejo que condenaron la represión, la postura de Nicaragua fue respaldada por los gobiernos de Bolivia y Venezuela, cuyos representantes, al igual que lo hizo Moncada, rechazaron el informe de la comisión, por considerar que falta a la verdad.
“Denunciamos en su totalidad el informe de la CIDH, por su falta de profesionalismo y falta de veracidad”, dijo en turno, la representante de Venezuela, Carmen Velazquez, quien aseguró que detrás de las manifestaciones existen grupos desestabilizadores “cuyo único objetivo es el golpe de estado”.
