A-AA+
Foto: Archivo
A un año de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en seis municipios, las secuelas de la violencia hacia las mujeres potosinas han cobrado vidas, criticó la Mesa Ciudadana de Seguimiento a dicho protocolo.
Sostuvo que las dependencias han sido incapaces de dar seguimiento puntual a las denuncias de víctimas, ya que han sido omisas en decretar órdenes de protección y así garantizar las vidas de las mujeres.
El organismo conformado por activistas y académicas, recordó que el 21 de junio de 2018 se cumplió un año de la AVG establecida para Ciudad Valles, Tamuín, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.
De acuerdo con la Mesa Ciudadana de Seguimiento, en lo que va del presente año la cifra de feminicidios y muertes violentas de mujeres en las cuatro regiones de la entidad, asciende a 61 fallecimientos.
Reprochó que desde la instalación de la mesa de trabajo que encabezó el gobernador Juan Manuel Carreras López, no hubo un mensaje público de cero tolerancia a la violencia contra las féminas, así como un acuerdo de reparación de la memoria colectiva con las familias de las víctimas.
Desglosó que existen acciones desarticuladas y parciales relacionadas con la creación de la Fiscalía para mujeres, la unidad de contexto y las unidades de género.
“A ello sumaríamos la ausencia de mecanismos estatales para coordinarse y actuar de manera conjunta con los municipios en estado de alerta. El estado de violencia y crueldad que se ejerce en los cuerpos de las mujeres es alarmante”, asentó.
En ese respecto en lo que va de 2018, se han presentado dos casos de omisiones gubernamentales, ambos en el municipio de Rioverde, los cuales generaron el asesinato de dos féminas.
Una de ellas el 13 de junio pasado, donde falleció una fémina agredida por su pareja con un arma de fuego el 6 de junio pasado, a quien desde el año pasado había denunciado por presuntamente violar a sus dos hijas, y sobre quien ya existía orden de aprehensión.
La otra muerte se registró el 25 de enero de 2018, donde una mujer fue asesinada por su ex pareja, quien tras el ataque se suicidó. Previo al feminicidio, la hoy occisa denunció en octubre de 2017 violencia del aludido, pero las autoridades no tomaron medidas.
A un año de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) en seis municipios, las secuelas de la violencia hacia las mujeres potosinas han cobrado vidas, criticó la Mesa Ciudadana de Seguimiento a dicho protocolo.
Sostuvo que las dependencias han sido incapaces de dar seguimiento puntual a las denuncias de víctimas, ya que han sido omisas en decretar órdenes de protección y así garantizar las vidas de las mujeres.
El organismo conformado por activistas y académicas, recordó que el 21 de junio de 2018 se cumplió un año de la AVG establecida para Ciudad Valles, Tamuín, Tamazunchale, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí.
De acuerdo con la Mesa Ciudadana de Seguimiento, en lo que va del presente año la cifra de feminicidios y muertes violentas de mujeres en las cuatro regiones de la entidad, asciende a 61 fallecimientos.
Reprochó que desde la instalación de la mesa de trabajo que encabezó el gobernador Juan Manuel Carreras López, no hubo un mensaje público de cero tolerancia a la violencia contra las féminas, así como un acuerdo de reparación de la memoria colectiva con las familias de las víctimas.
Desglosó que existen acciones desarticuladas y parciales relacionadas con la creación de la Fiscalía para mujeres, la unidad de contexto y las unidades de género.
“A ello sumaríamos la ausencia de mecanismos estatales para coordinarse y actuar de manera conjunta con los municipios en estado de alerta. El estado de violencia y crueldad que se ejerce en los cuerpos de las mujeres es alarmante”, asentó.
En ese respecto en lo que va de 2018, se han presentado dos casos de omisiones gubernamentales, ambos en el municipio de Rioverde, los cuales generaron el asesinato de dos féminas.
Una de ellas el 13 de junio pasado, donde falleció una fémina agredida por su pareja con un arma de fuego el 6 de junio pasado, a quien desde el año pasado había denunciado por presuntamente violar a sus dos hijas, y sobre quien ya existía orden de aprehensión.
La otra muerte se registró el 25 de enero de 2018, donde una mujer fue asesinada por su ex pareja, quien tras el ataque se suicidó. Previo al feminicidio, la hoy occisa denunció en octubre de 2017 violencia del aludido, pero las autoridades no tomaron medidas.
