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Madrid, Esp.- Cinco españoles condenados a nueve años de prisión por abusar de una joven durante los sanfermines de 2016, conocidos como “la Manada”, abandonaron las cárceles en las que han pasado de manera preventiva los últimos dos años, en medio de una fuerte indignación social y política en España.
Los cinco hombres salieron de prisión tras abonar cada uno una fianza de seis mil euros, rodeados de una gran expectación mediática, mientras la Fiscalía y varias acusaciones particulares anunciaron que preparan recursos contra su libertad provisional y el Gobierno español estudia personarse en defensa de las víctimas de abusos.
Convocadas desde que se supo la noticia, miles de personas, en su mayoría mujeres, se concentraron en toda España para protestar por la decisión judicial, reviviendo las manifestaciones del pasado 26 de abril cuando se hizo pública la sentencia que los condenaba por abuso y no por agresión sexual (equivalente a violación).
En las concentraciones se repitieron las consigas “No es abuso, es violación. Nosotras sí te creemos” o “Basta ya con la justicia patriarcal”, convertidas ya en un referente en la lucha contra la violencia machista en España, y se mostraron pancartas con lemas como “Nos han declarado la guerra. Que la calle sea
la cárcel”.
Mientras, una petición abierta en la plataforma digital Change.org para que los cinco miembros de “la Manada” sigan en prisión preventiva hasta que haya sentencia definitiva sumó seicientas mil irmas en menos de 24 horas.
La indignación popular se trasladó también a la clase política española, cuyos principales representantes coincidieron en reclamar una mayor formación judicial sobre violencia de género y sexual, así como la reforma del Código Penal.
A través de su portavoz, Isabel Celaá, explicó que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez está estudiando “cómo hacer” que los servicios jurídicos se personen como parte en defensa de las víctimas de delitos sexuales, aunque en este caso ya no es posible al existir ya una sentencia.
Los cinco hombres salieron de prisión tras abonar cada uno una fianza de seis mil euros, rodeados de una gran expectación mediática, mientras la Fiscalía y varias acusaciones particulares anunciaron que preparan recursos contra su libertad provisional y el Gobierno español estudia personarse en defensa de las víctimas de abusos.
Convocadas desde que se supo la noticia, miles de personas, en su mayoría mujeres, se concentraron en toda España para protestar por la decisión judicial, reviviendo las manifestaciones del pasado 26 de abril cuando se hizo pública la sentencia que los condenaba por abuso y no por agresión sexual (equivalente a violación).
En las concentraciones se repitieron las consigas “No es abuso, es violación. Nosotras sí te creemos” o “Basta ya con la justicia patriarcal”, convertidas ya en un referente en la lucha contra la violencia machista en España, y se mostraron pancartas con lemas como “Nos han declarado la guerra. Que la calle sea
la cárcel”.
Mientras, una petición abierta en la plataforma digital Change.org para que los cinco miembros de “la Manada” sigan en prisión preventiva hasta que haya sentencia definitiva sumó seicientas mil irmas en menos de 24 horas.
La indignación popular se trasladó también a la clase política española, cuyos principales representantes coincidieron en reclamar una mayor formación judicial sobre violencia de género y sexual, así como la reforma del Código Penal.
A través de su portavoz, Isabel Celaá, explicó que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez está estudiando “cómo hacer” que los servicios jurídicos se personen como parte en defensa de las víctimas de delitos sexuales, aunque en este caso ya no es posible al existir ya una sentencia.
