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Mediante gestiones conjuntas entre la Defensoría Pública y el Poder Judicial del Estado, a partir de una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), en los meses de mayo y junio de 2018 consiguieron la libertad anticipada de dos mujeres, pertenecientes a comunidades náhuatl y tének de la Huasteca potosina.
El resolutivo consiguió otorgarles el beneficio de libertad anticipada, reconocido por el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a pesar de tratarse de personas sentenciadas por delitos cometidos en el anterior sistema de justicia penal.
Las mujeres a quienes fue concedida la promoción permanecían privadas de su libertad en el Centro de Reclusión de Xolol, Tancanhuitz, y en el Centro de Reclusión de Tamazunchale, respectivamente, al haber cumplido una pena de 16 años de prisión, cada una.
Abogados defensores de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí emplearon diferentes recursos judiciales para el reconocimiento y concesión del beneficio de libertad anticipada a que eran acreedoras.
En el proceso, magistrados de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado precisaron en su sentencia la obligación los jueces, de analizar la procedencia de los diferentes beneficios previstos por la ley como parte de los derechos humanos previstos por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la reinserción social.
El resolutivo consiguió otorgarles el beneficio de libertad anticipada, reconocido por el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a pesar de tratarse de personas sentenciadas por delitos cometidos en el anterior sistema de justicia penal.
Las mujeres a quienes fue concedida la promoción permanecían privadas de su libertad en el Centro de Reclusión de Xolol, Tancanhuitz, y en el Centro de Reclusión de Tamazunchale, respectivamente, al haber cumplido una pena de 16 años de prisión, cada una.
Abogados defensores de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí emplearon diferentes recursos judiciales para el reconocimiento y concesión del beneficio de libertad anticipada a que eran acreedoras.
En el proceso, magistrados de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado precisaron en su sentencia la obligación los jueces, de analizar la procedencia de los diferentes beneficios previstos por la ley como parte de los derechos humanos previstos por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la reinserción social.
