A-AA+
El gobierno federal dejará el legado de comprar 11 millones de medidores que costarán aproximadamente 15 mil 464 millones de pesos.
La compra, según el "Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión 2018-2032", tendrá que llevarse a cabo para evitar distorsiones en el suministro de energía eléctrica en el país, incluido el robo de energía. Para ello, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá la encomienda de realizar las licitaciones.
Como parte de la estrategia para incrementar la eficiencia en la distribución de energía eléctrica, se propone a la nueva administración la modernización de 5.7 millones de medidores en los próximos 14 años, con un costo estimado de 8 mil 413 millones de pesos.
Para ello se escalarán 2.7 millones de watímetros electrónicos de autogestión para alcanzar características de AMI, y se adquirirán e instalarán 3 millones de medidores con tarjeta de radiofrecuencia, los cuales tienen, entre otras aplicaciones, la comunicación remota por radiofrecuencia.
Además, tendrá que reemplazar 5.3 millones de medidores más que se encuentran dañados o alcanzaron su vida útil, lo que tendrá un costo de 7 mil 51 millones de pesos.
La CFE justifica la compra de medidores para reducir pérdidas de energía eléctrica, la cual califica como "acción prioritaria" para lograr mejoras en la eficiencia del proceso de distribución de electricidad.
Explica que de 2012 a 2017, las pérdidas de energía eléctrica han disminuido en promedio anual 0.7%, debido a las estrategias para reducir los consumos irregulares de energía eléctrica y a las inversiones en proyectos de modernización y optimización de las Redes Generales de Distribución, aunque tuvieron un costo para la empresa, sólo en 2017 de 46 mil 525 millones de pesos.
En ese año, las pérdidas técnicas en distribución fueron de 13 mil 444 gigawatts-hora (GWh), lo que equivale a 5.9% del total de la energía recibida. El valor económico de estas pérdidas ascendió a 16 mil 200 mil millones de pesos con base en la estimación en el precio marginal local nacional, que en ese año fue de 1.21 pesos por kilowatt-hora (kWh).
Este tipo de pérdidas se refieren a la energía que se disipa a causa de las propiedades físicas del sistema y de los conductores en transmisión, transformación y distribución.
Las pérdidas no técnicas fueron 18 mil 268 GWh, lo que equivale a 7.6% del total de la energía recibida. El valor económico de estas pérdidas, que es la energía que se pierde en el sistema eléctrico por usos ilícitos —robo de electricidad—, errores de medición o de facturación se calculó en 30 mil 325 millones de pesos en 2017.
La compra de medidores anunciada por el gobierno federal para los próximos 15 años, se presenta cuando apenas en abril de este año y desoyendo la investigación en curso que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) realiza por las prácticas monopólicas de IUSA en licitaciones por la compra de medidores de luz, la CFE volvió a otorgar contratos a las compañías ligadas a Carlos Peralta, alegando ahorros para la empresa productiva del Estado.
La estrategia también contempla la regularización de 40.9 mil usuarios, con una inversión 758 millones de pesos, en el periodo 2018-2022.
Con ello, se pretende incorporar a los consumidores que no cuentan con contrato de suministro eléctrico y que tienen regularizado el uso de suelo, por lo que se considera la ampliación de la red de distribución en estas colonias que carecen de infraestructura eléctrica y hacen uso de energía eléctrica de forma irregular.
La compra, según el "Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión 2018-2032", tendrá que llevarse a cabo para evitar distorsiones en el suministro de energía eléctrica en el país, incluido el robo de energía. Para ello, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá la encomienda de realizar las licitaciones.
Como parte de la estrategia para incrementar la eficiencia en la distribución de energía eléctrica, se propone a la nueva administración la modernización de 5.7 millones de medidores en los próximos 14 años, con un costo estimado de 8 mil 413 millones de pesos.
Para ello se escalarán 2.7 millones de watímetros electrónicos de autogestión para alcanzar características de AMI, y se adquirirán e instalarán 3 millones de medidores con tarjeta de radiofrecuencia, los cuales tienen, entre otras aplicaciones, la comunicación remota por radiofrecuencia.
Además, tendrá que reemplazar 5.3 millones de medidores más que se encuentran dañados o alcanzaron su vida útil, lo que tendrá un costo de 7 mil 51 millones de pesos.
La CFE justifica la compra de medidores para reducir pérdidas de energía eléctrica, la cual califica como "acción prioritaria" para lograr mejoras en la eficiencia del proceso de distribución de electricidad.
Explica que de 2012 a 2017, las pérdidas de energía eléctrica han disminuido en promedio anual 0.7%, debido a las estrategias para reducir los consumos irregulares de energía eléctrica y a las inversiones en proyectos de modernización y optimización de las Redes Generales de Distribución, aunque tuvieron un costo para la empresa, sólo en 2017 de 46 mil 525 millones de pesos.
En ese año, las pérdidas técnicas en distribución fueron de 13 mil 444 gigawatts-hora (GWh), lo que equivale a 5.9% del total de la energía recibida. El valor económico de estas pérdidas ascendió a 16 mil 200 mil millones de pesos con base en la estimación en el precio marginal local nacional, que en ese año fue de 1.21 pesos por kilowatt-hora (kWh).
Este tipo de pérdidas se refieren a la energía que se disipa a causa de las propiedades físicas del sistema y de los conductores en transmisión, transformación y distribución.
Las pérdidas no técnicas fueron 18 mil 268 GWh, lo que equivale a 7.6% del total de la energía recibida. El valor económico de estas pérdidas, que es la energía que se pierde en el sistema eléctrico por usos ilícitos —robo de electricidad—, errores de medición o de facturación se calculó en 30 mil 325 millones de pesos en 2017.
La compra de medidores anunciada por el gobierno federal para los próximos 15 años, se presenta cuando apenas en abril de este año y desoyendo la investigación en curso que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) realiza por las prácticas monopólicas de IUSA en licitaciones por la compra de medidores de luz, la CFE volvió a otorgar contratos a las compañías ligadas a Carlos Peralta, alegando ahorros para la empresa productiva del Estado.
La estrategia también contempla la regularización de 40.9 mil usuarios, con una inversión 758 millones de pesos, en el periodo 2018-2022.
Con ello, se pretende incorporar a los consumidores que no cuentan con contrato de suministro eléctrico y que tienen regularizado el uso de suelo, por lo que se considera la ampliación de la red de distribución en estas colonias que carecen de infraestructura eléctrica y hacen uso de energía eléctrica de forma irregular.
