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Anna Politkóvskaya / Foto: AP
PARÍS (EFE).- El Tribunal de Estrasburgo condenó hoy a Rusia por la forma en que llevó a cabo la investigación del asesinato en 2006 de la periodista de investigación Anna Politkóvskaya, y en particular porque no buscó a los autores intelectuales del crimen.
En su sentencia, los jueces europeos constataron que, aunque se condenó a un grupo de cinco hombres directamente implicados en el asesinato a tiros de la periodista el 7 de octubre de ese año, las autoridades rusas no pusieron los medios apropiados para determinar quién estaba detrás.
Por eso tendrán que indemnizar con 20 mil euros, en concepto de daños morales, a la madre, la hermana y los hijos de Politkóvskaya, que recurrieron a la corte europea.
La periodista de "Nóvaya Gazeta" murió asesinada en el portal de su casa en Moscú cuando preparaba un artículo sobre las torturas en Chechenia.
En junio de 2014, la Justicia rusa condenó a distintas penas de prisión, incluidas dos cadenas perpetuas, a cinco chechenes acusados de organizar, preparar y ejecutar el asesinato.
Para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su fallo de hoy, la Justicia rusa tendría que haber examinado las alegaciones de la familia de la reportera, según la cual los servicios secretos rusos y el Ejecutivo chechén estuvieron implicados en el crimen.
En lugar de ello, destacó la corte, las autoridades rusas elaboraron una teoría, sin aportar pruebas, centrada en el presunto papel como instigador del asesinato de Politkóvskaya del oligarca Boris Berezovski, muerto en 2013 en Londres, donde se había refugiado.
El Tribunal de Estrasburgo también criticó que la investigación se centrara únicamente en esa pista pese a las múltiples dimensiones que podía tener el ataque contra Politkóvskaya, a causa de su trabajo.
Y que las pesquisas, iniciadas en 2006, continúen abiertas -según Moscú- sin que se hayan dado razones que justifiquen una duración tan larga.
Por todo eso, el Tribunal determinó que Rusia incumplió con sus obligaciones de una investigación adecuada y en un tiempo razonable cuando hay una violación del derecho a la vida, recogido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
