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Una protesta contra la corrupción fuera de la Corte Suprema en Lima / Foto: AP
LIMA (AP) — Un audio se sumó al escándalo de corrupción que remece el sistema judicial de Perú y alcanzó al flamante Fiscal General Pedro Gonzalo Chávarry, mientras en una zona remota de los Andes más de mil campesinos quemaron expedientes de una fiscalía furiosos con la administración local.
En el audio se escucha al desprestigiado juez de la Corte Suprema César Hinostroza pidiéndole a Chávarry que lo ayude y le entregue una constancia y varias copias de resoluciones que certifican el archivo de investigaciones fiscales en su contra por enriquecimiento ilícito.
Hinostroza conversó en febrero de este año con Chávarry porque necesitaba esa constancia para poder tramitar su visa a Estados Unidos, lo que consiguió pues viajó a ese país, según datos de la agencia migratoria peruana.
Chávarry dijo a la televisora local N que no hizo “nada irregular”.
“No es favor; (Hinostroza) presenta una solicitud, era como cualquier ciudadano”, dijo el fiscal que en otro audio conversa con Hinostroza sobre su decisión secreta de cambiar del cargo a un colega que lo incomoda en el colegio de capacitación de jueces y fiscales.
Expertos dicen que no existirían delitos en esas conversaciones, pero muestran una cercanía sospechosa con el juez supremo, quién estaría en el epicentro de la red de corrupción. Hinostroza llama “Gonzalito” al Fiscal General y éste a su vez le dice “hermanito”.
Chávarry asumió el cargo en una ceremonia a la cual no asistió el presidente Martín Vizcarra ni el primer ministro César Villanueva, quien pidió a Chávarry apartarse del cargo. La fiscalía “merece una cabeza que no tenga sospechas o sombras de duda”, dijo el primer ministro a la televisora local N.
“No permitiremos interferencias”, dijo más tarde Chávarry en su discurso inaugural. Añadió que “antojadizamente” se interpretaron sus frases y que los periodistas no lo han “tratado con respeto”.
La decisión de nombrar a Chávarry como Fiscal General se decidió el viernes en una reunión de los cinco fiscales supremos. Al final tres votos a favor decidieron llevarlo al máximo cargo entre los fiscales.
Mientras se producía el cambio en la Fiscalía General, más de mil campesinos ingresaron a la sede de una fiscalía y del poder judicial en una zona de los Andes, arrojaron a la calle papeles judiciales y los quemaron en protesta contra sus autoridades judiciales a quienes ligaron con la corrupción.
Rina Rodríguez, representante de la Defensoría del Pueblo en la región Ancash, dijo a The Associated Press que los campesinos de la provincia de Sihuas están furiosos y piden el cambio de sus jueces y fiscales a quienes acusan de demoras y comportamiento imparcial en “varios casos de hurtos, robos y asesinatos”.
Según los medios locales, el último de los casos que colmó la paciencia de los pobladores fue el estrangulamiento hace dos meses de un joven obrero que había cobrado su jornal luego de un mes de trabajo y cuya muerte no era investigada con celeridad por las autoridades de la justicia.
La noche del jueves, miles de peruanos hartos de la corrupción judicial protestaron en casi todas las ciudades principales del país. Según encuestas, el 80% de los peruanos desaprueba al Poder Judicial.
El escándalo empezó hace dos semanas cuando el portal noticioso de investigación IDL-Reporteros y el programa televisivo Panorama difundieron audios que mostraban una compleja y extensa red integrada por magistrados, empresarios, electores, autoridades educativas y legisladores traficando favores, en algunos casos incluso a cambio de dinero.
La difusión de los audios ha derrumbado a figuras de poderosas en el país: han renunciado el presidente de la Corte Suprema, el ministro de justicia y varios electores de magistrados. Un juez que dirigía la corte del mayor puerto de Perú está preso y han sido destituidos varios jueces.
El viernes el Parlamento podría analizar la expulsión de los siete poderosos electores de magistrados si es que sus renuncias no se oficializan
Pero lo que más indignación provocó fue una conversación entre Hinostroza y una persona no identificada sobre un juicio por la violación de una menor en la que Hinostroza dice: “11 añitos, está desflorada... voy a pedir el expediente para verlo. ¿Qué es lo que quieren, que le bajen la pena o lo declaren inocente?”.
Hinostroza, quien ascendió a la Corte Suprema contra todo pronóstico, tiene en su historial al menos tres absoluciones para violadores de niñas, fue abogado de un narcotraficante, es uno de los magistrados con mayor patrimonio y está acusado de plagiar su tesis y un libro que hizo pasar como de su autoría.
El escándalo también tiene efectos claves en la política de Perú. En otro audio, un empresario ligado al partido Fuerza Popular, dirigido por Keiko Fujimori, le dice a Hinostroza que “la señora K” de la “fuerza número uno” quiere reunirse con él.
Una parlamentaria de Fuerza Popular identificó a “la señora K” como Keiko Fujimori, pero añadió que la cita no se produjo. Hinostroza debía resolver en las próximas semanas si continuaba o no una investigación fiscal por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y su esposo.
