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CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), impulsa el Protocolo Nacional de Uso Legítimo de la Fuerza, y el Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para las corporaciones de los más de 2 mil municipios del país.
Las autoridades municipales son quienes enfrentan en primera instancia el problema de la inseguridad y por ello el gobierno federal debe apoyar para que obtengan los recursos necesarios para enfrentar este reto, afirmó el subsecretario de Gobierno de la Segob, Manuel Cadena Morales, al encabezar la primera asamblea ordinaria 2018 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.
Durante su intervención, el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, reiteró que la seguridad compete a los tres órdenes de gobierno, y que en la presente administración se ha trabajado en conjunto con los municipios.
"Nos hemos dado a la tarea de trabajar de manera cercana con los municipios del país porque estamos convencidos de que el municipio es la estructura de gobierno que está más cerca de los ciudadanos y por ello la seguridad pública, la seguridad de los ciudadanos se debe construir desde lo inmediato, desde lo local, desde lo cotidiano", indicó.
Por ello consideró "necesario construir policías cada vez más cercanas a estos temas, cercanas al ciudadano, profesionales y bien capacitadas, capaces de prevenir situacionalmente y socialmente el delito, de acuerdo al sentido de las responsabilidades del ámbito municipal de gobierno".
En este evento, Sales Heredia tomó protesta a Lilia María Flores Boardman, alcaldesa de Ramos Arizpe, Coahuila, quien fue designada presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal para el periodo 2018-2020.
Durante la sesión se presentó el Protocolo Nacional de Uso Legítimo de la Fuerza y según las autoridades busca homologar a nivel nacional la regulación sobre el uso de la fuerza para todas las instituciones de seguridad pública, dispone la creación de mecanismos de rendición de cuentas, orienta los procesos de formación en esta materia, y norma un catálogo de acciones que constituyen uso indebido de la fuerza.
Al respecto, Javier Villalba Solís, asesor para Asuntos Normativos de la Oficina del comisionado Nacional de Seguridad, precisó que "no es lo mismo el ejercicio de la fuerza que acontece en un centro penitenciario que el que se ejerce en el cumplimiento de un mandamiento ministerial, ni tampoco en el contexto de una manifestación".
Comentó que el protocolo dispone de un marco regulatorio general o genérico a partir del cual cada institución debe establecer sus normas particulares.