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Miguel R. Valladares García

lunes 22 octubre 2018

Familiares de Ana Lizbeth y activistas marchan en NL

El Universal
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La agrupación Ciudadano Empoderado protestó por el asesinato de la niña Ana Lizbeth Polina Ramírez, quien fue raptada el domingo pasado en una plaza de la colonia Vistas del Río, en Juárez.

Con las consignas de aplicar la pena de muerte, cadena perpetua o castración química a violadores y asesinos, especialmente cuando se trata de menores de edad, activistas encabezados por la familia de Ana Lizbeth marcharon desde la calle Ocampo, hasta el Palacio de Gobierno, donde realizaron un mitin.

El padre de la niña, Francisco Jesús Polina, se mantuvo cabizbajo, pero fue su prima, Mayra Cobos de Ramírez, quien pidió a los representantes de los medios de comunicación evitar el amarillismo y comentarios negativos sobre todo hacia Dulce Ramírez, madre de Ana Lizbeth.

Señaló que en algunos medios se ha culpado a la señora Dulce de la muerte de su hija, afirmando que fue por su descuido. “Si ella no hubiera tenido necesidad de trabajar, no se le hubiera perdido la niña, ella no quería que se le perdiera”, declaró.

Aseguró que la madre de Ana Lizbeth ha recibido amenazas pues cuando se encontró el cuerpo de la menor hubo publicaciones en redes sociales que decían “tú también te vas a morir, por eso ella no está hoy aquí, pero no está escondida, simplemente la estamos protegiendo”.

Sobre las dudas sobre el detenido, quien no parece ser la misma persona que apareció en las imágenes de la cámara de vigilancia, comentó que los familiares “siguen con la duda” y que “solamente las autoridades lo saben”.

Se pronunció en contra de que Juan Fernando “N”, presunto feminicida de Ana Lizbeth, esté en una zona aislada del penal del Topo Chico para evitar que sea agredido por otros internos.

“Dicen que tiene familiares en los altos mandos, es hermano de un agente del Ministerio Público, no lo deben tener resguardado. Se tiene que tratar como a cualquier delincuente, violó y asesinó como cualquier otro ¿por qué tiene un trato especial?, pero esperamos justicia divina”.

Mayra Cobos señaló que como familia pedirían la pena de muerte para el feminicida.

“Él ¿quién era para quitarle la vida a Anita?, pero pues nosotros no somos la ley, vamos a aprender a medio vivir con ello porque ya no confiamos en nadie”.

Narró que cuando la madre se acercó a la policía no le hicieron caso porque no había un reporte “porque no estaba la Alerta Amber”. “¿Cuántos muertos más se necesitan? un policía está para servirte, tiene la obligación de ayudarte si estás pidiendo una ayuda.”

Proponen castración química

El activista Pedro Alejo Rodríguez citó que según datos de la OCDE, México es el país de América Latina con más casos de abuso infantil por delitos como violaciones, sodomía, pederastia y secuestros de niños para el delito de trata, que deberían ser castigados con la pena de muerte, cadena perpetua y castración química para evitar que se sigan cometiendo.

Sin embargo, expuso, “nos limita el artículo 22 de la Constitución General de la República que prohíbe la pena de muerte y debe ser modificado para que pueda aplicarse a secuestradores y asesinos, así como la castración química para los violadores, además de la cadena perpetua para los depredadores sexuales, que nunca jamás se reinsertan a la sociedad, pues sus actos responden al instinto y no al raciocinio”.

Comentó que por ellos varias organizaciones civiles están pidiendo en el país que se modifique el artículo 22 de la Constitución General de la República, para que exista el Estado de Excepción, “que al delincuente le sean suspendidos sus garantías individuales o sus derechos humanos y se sujete a proceso sin ningún privilegio; los derechos humanos son para los humanos, no para las bestias que agreden a la sociedad”.

Tienen que cambiar las cosas. Alejo Rodríguez criticó la indolencia de las autoridades, en el caso de la niña Aña Lizbeth, por tardar doce horas en activar la Alerta Amber, lo que pudo ser la diferencia entre la vida y la muerte de la menor.

“Claro que México se suscribió a tratados internacionales, pero hay países como Estados Unidos, España, Corea, Singapur y Filipinas, que a pesar de su Constitución están aplicando el Estado de Excepción, para aplicar la pena de muerte a criminales de alto impacto”, dijo.

El autor de su asesinato, expuso el activista, ya estaba en la cárcel y lo soltaron, tenía una orden de aprehensión desde hace cuatro años y no lo atraparon. “Si lo hubieran detenido, si la Procuraduría de El Bronco y la anterior de Rodrigo Medina hubiera hecho su trabajo, Ana Lizbeth no hubiera muerto”, concluyó.

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