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Con las consignas de aplicar pena de muerte, cadena perpetua o castración química a violadores y asesinos, especialmente cuando las víctimas sean menores de edad, seguidores de la agrupación Ciudadano Empoderado protestaron por el asesinato de la niña Ana Lizbeth Polina Ramírez, después de que fue raptada el domingo pasado en el municipio de Juárez.
Los activistas, encabezados por Pedro Alejo Rodríguez Martínez y familiares de Ana Lizbeth, entre ellos su padre Francisco Jesús Polina, marcharon desde la calle Ocampo y culminaron con mitin frente al Palacio de Gobierno. Mayra Cobos, prima de la menor, dijo que como familia pedirán la pena de muerte para el feminicida.
"Él, quién era para quitarle la vida a Anita? Nosotros no somos la ley, vamos a aprender a medio vivir con ello; ya no confiamos en nadie, cuando la madre se acercó a la policía no le hicieron caso porque no había un reporte y no estaba la Alerta Amber. Cuántos muertos más se necesitan, un policía está para servir, tiene la obligación de ayudarte si lo estás pidiendo".
Pedro Alejo Rodríguez señaló que, según datos de la OCDE, México es el país de América Latina con más casos de abuso infantil por delitos como violaciones, sodomía, pederastia y secuestros de niños para trata, los cuales, consideró, deberían ser castigados con la pena de muerte, cadena perpetua o/y castración química y así evitar que se sigan cometiendo.
Sin embargo, expuso, "nos limita el artículo 22 de la Constitución, que prohíbe la pena de muerte, y debe ser modificado para que pueda aplicarse a secuestradores y asesinos, así como la castración química para los violadores, además de la cadena perpetua para los depredadores sexuales, que jamás se reinserten a la sociedad, pues sus actos responden al instinto y no al raciocinio".
Comentó que por ello varias organizaciones solicitan que se modifique el artículo 22 para que exista el "Estado de excepción", "que al delincuente se le suspendan sus garantías individuales o sus derechos humanos, y se sujete a proceso sin ningún privilegio; los derechos humanos son para los humanos, no para las bestias que agreden a la sociedad.
"Tienen que cambiar las cosas. Claro que México se suscribió a tratados internacionales, pero hay países como Estados Unidos, España, Corea y Singapur que a pesar de su Constitución aplican el ‘Estado de excepción’, para aplicar la pena de muerte a criminales de alto impacto".
Rodríguez Martínez criticó la indolencia de las autoridades en el caso de la niña Ana Lizbeth, por tardar 12 horas en activar la Alerta Amber, lo que pudo ser la diferencia entre la vida y la muerte de la menor.
El autor de su asesinato, expuso el activista, ya estaba en la cárcel y lo soltaron, tenía una orden de aprehensión desde hace cuatro años y no lo atraparon. "Si lo hubieran detenido, si la Procuraduría de El Bronco y la anterior de Rodrigo Medina hubiera hecho su trabajo, Ana Lizbeth no hubiera muerto", concluyó.
Los activistas, encabezados por Pedro Alejo Rodríguez Martínez y familiares de Ana Lizbeth, entre ellos su padre Francisco Jesús Polina, marcharon desde la calle Ocampo y culminaron con mitin frente al Palacio de Gobierno. Mayra Cobos, prima de la menor, dijo que como familia pedirán la pena de muerte para el feminicida.
"Él, quién era para quitarle la vida a Anita? Nosotros no somos la ley, vamos a aprender a medio vivir con ello; ya no confiamos en nadie, cuando la madre se acercó a la policía no le hicieron caso porque no había un reporte y no estaba la Alerta Amber. Cuántos muertos más se necesitan, un policía está para servir, tiene la obligación de ayudarte si lo estás pidiendo".
Pedro Alejo Rodríguez señaló que, según datos de la OCDE, México es el país de América Latina con más casos de abuso infantil por delitos como violaciones, sodomía, pederastia y secuestros de niños para trata, los cuales, consideró, deberían ser castigados con la pena de muerte, cadena perpetua o/y castración química y así evitar que se sigan cometiendo.
Sin embargo, expuso, "nos limita el artículo 22 de la Constitución, que prohíbe la pena de muerte, y debe ser modificado para que pueda aplicarse a secuestradores y asesinos, así como la castración química para los violadores, además de la cadena perpetua para los depredadores sexuales, que jamás se reinserten a la sociedad, pues sus actos responden al instinto y no al raciocinio".
Comentó que por ello varias organizaciones solicitan que se modifique el artículo 22 para que exista el "Estado de excepción", "que al delincuente se le suspendan sus garantías individuales o sus derechos humanos, y se sujete a proceso sin ningún privilegio; los derechos humanos son para los humanos, no para las bestias que agreden a la sociedad.
"Tienen que cambiar las cosas. Claro que México se suscribió a tratados internacionales, pero hay países como Estados Unidos, España, Corea y Singapur que a pesar de su Constitución aplican el ‘Estado de excepción’, para aplicar la pena de muerte a criminales de alto impacto".
Rodríguez Martínez criticó la indolencia de las autoridades en el caso de la niña Ana Lizbeth, por tardar 12 horas en activar la Alerta Amber, lo que pudo ser la diferencia entre la vida y la muerte de la menor.
El autor de su asesinato, expuso el activista, ya estaba en la cárcel y lo soltaron, tenía una orden de aprehensión desde hace cuatro años y no lo atraparon. "Si lo hubieran detenido, si la Procuraduría de El Bronco y la anterior de Rodrigo Medina hubiera hecho su trabajo, Ana Lizbeth no hubiera muerto", concluyó.