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La revisión de las 113 cuentas públicas de alcaldías, organismos autónomos, del DIF, agua potable y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que mañana discutirán los diputados, presentan inconsistencias en su elaboración.
Pese a ello, la Comisión de Vigilancia propuso dictámenes aprobatorios en todos los casos, salvo el del ayuntamiento de Ébano, el único para el cual pide que se reponga el proceso.
Así, la comisión presidida por el panista Héctor Mendizábal Pérez propone aprobar el 99.1 por ciento de los dictámenes elaborados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) cuando la dependencia estaba a cargo de José de Jesús Martínez Loredo, labor que quedó puesta en duda tras desatarse el escándalo de “La Ecuación Corrupta”.
Además, el despacho contratado por la ASE para fiscalizar el apego a los mecanismos de revisión vigentes a la fiscalización de las cuentas públicas potosinas señaló que había inconsistencias,
Por el escándalo de “La Ecuación Corrupta”, los reportes de la ASE fueron rechazados por el Pleno una primera vez, en junio de 2017.
Los actuales reseñan que las 113 auditorías se sometieron a un proceso de revisión externo, encargado a la consultora De la Paz Costamalle DFK.
En todos los dictámenes aparece el respectivo reporte de la consultora, que invariablemente señala que revisó la información presentada por la ASE, para analizar si había deficiencias en los procedimientos empleados por la auditoría estatal y en el apego al Manual de Procedimientos para la Fiscalización de las Cuentas Públicas.
El despacho concluye que en el procedimiento de la ASE falta evidencia de elaboración y revisión del programa anual de auditoría y de la aprobación de éste por parte de Martínez Loredo.
Además, establece, no hay evidencia de que “todos los procesos se hayan realizado y/o de que las revisiones se hayan efectuado de manera clara y oportuna”.
Asimismo, no existe evidencia de que los papeles de trabajo estén debidamente conformados y contengan evidencias suficientes para sustentar las inconsistencias y observaciones encontradas.
Pese a las conclusiones de la consultora, la Comisión de Vigilancia consideró que el proceso de auditoría “se apegó a los principios de legalidad… imparcialidad, eficacia y buena fe, además, de haberse desarrollado con estricto apego a las disposiciones legales aplicables”.
La excepción fue la auditoría a Ébano, pues la comisión pide que se repita el proceso de auditoría por las irregularidades halladas.
Pese a ello, la Comisión de Vigilancia propuso dictámenes aprobatorios en todos los casos, salvo el del ayuntamiento de Ébano, el único para el cual pide que se reponga el proceso.
Así, la comisión presidida por el panista Héctor Mendizábal Pérez propone aprobar el 99.1 por ciento de los dictámenes elaborados por la Auditoría Superior del Estado (ASE) cuando la dependencia estaba a cargo de José de Jesús Martínez Loredo, labor que quedó puesta en duda tras desatarse el escándalo de “La Ecuación Corrupta”.
Además, el despacho contratado por la ASE para fiscalizar el apego a los mecanismos de revisión vigentes a la fiscalización de las cuentas públicas potosinas señaló que había inconsistencias,
Por el escándalo de “La Ecuación Corrupta”, los reportes de la ASE fueron rechazados por el Pleno una primera vez, en junio de 2017.
Los actuales reseñan que las 113 auditorías se sometieron a un proceso de revisión externo, encargado a la consultora De la Paz Costamalle DFK.
En todos los dictámenes aparece el respectivo reporte de la consultora, que invariablemente señala que revisó la información presentada por la ASE, para analizar si había deficiencias en los procedimientos empleados por la auditoría estatal y en el apego al Manual de Procedimientos para la Fiscalización de las Cuentas Públicas.
El despacho concluye que en el procedimiento de la ASE falta evidencia de elaboración y revisión del programa anual de auditoría y de la aprobación de éste por parte de Martínez Loredo.
Además, establece, no hay evidencia de que “todos los procesos se hayan realizado y/o de que las revisiones se hayan efectuado de manera clara y oportuna”.
Asimismo, no existe evidencia de que los papeles de trabajo estén debidamente conformados y contengan evidencias suficientes para sustentar las inconsistencias y observaciones encontradas.
Pese a las conclusiones de la consultora, la Comisión de Vigilancia consideró que el proceso de auditoría “se apegó a los principios de legalidad… imparcialidad, eficacia y buena fe, además, de haberse desarrollado con estricto apego a las disposiciones legales aplicables”.
La excepción fue la auditoría a Ébano, pues la comisión pide que se repita el proceso de auditoría por las irregularidades halladas.
