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Los medios de comunicación en Venezuela atraviesan la etapa más difícil de su historia, en particular los portales de noticias en línea, tras la censura que se impone a través de los bloqueos que organismos gubernamentales implementan en Internet.
El diario El Nacional Web asegura que ha sido bloqueado en varias oportunidades en diferentes estados del país, en un reportaje sobre la situación que atraviesan los medios que se difunden en Internet.
La misma situación la enfrentan portales como Tal Cual, El Pitazo y La Patilla, los cuales por tener una línea editorial en contra del gobierno socialista han sido víctimas de bloqueos y sanciones.
Cantv, el proveedor de internet y telefonía del Estado, ha bloqueado el acceso de los usuarios a los portales en diversas ocasiones. Cuando las personas intentan entrar a una de estas páginas no aparece ningún resultado o arroja una señal de error.
Jony Rahal, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Medios de Comunicación, resaltó que los bloqueos a los portales informativos y las restricciones del acceso a la información representan un crimen de lesa humanidad que no prescribe.
El diputado explicó que el acceso de la población a la información es un derecho contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que negarle la información al pueblo es un crimen que debe ser juzgado en instancias internacionales.
“El hecho de cercenar el derecho a la información es un crimen de lesa humanidad. El derecho a estar informado es tan importante como el derecho a la vida o el derecho a la alimentación”, dijo el parlamentario en exclusiva a El Nacional Web.
Rahal, en nombre de la Comisión del Parlamento, responsabilizó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de causar los bloqueos y de extorsionar a los proveedores privados para que tomen la misma acción en contra de los portales informativos.
“Varios portales web fueron vulnerados por el régimen. No basta con las extorsiones a los medios audiovisuales e impresos. Ahora utilizan el poder judicial y la extorsión de Conatel a varias empresas privadas que prestan el servicio de internet”, apuntó.
El parlamentario indicó que la comisión permanente de la Asamblea Nacional documentará todos los registros de bloqueos a portales informativos y censuras a medios de comunicación. Esta información, en primera instancia, será llevada a la Fiscalía para su revisión.
Sin embargo, la Comisión Permanente de Medios de Comunicación presentará estas denuncias de violación al derecho a la información en instancias internacionales.
Rahal indicó que la comisión parlamentaria recabará información sobre la responsabilidad de Jorge Márquez, presidente de Conatel, y Manuel Fernández, presidente de Cantv, en los constantes bloqueos a los medios de comunicación digitales.
“Vamos a visibilizar esta responsabilidad política porque hay que ponerle nombre y apellido a quienes cometen crímenes de lesa humanidad. El gran culpable es ese cobarde que está en Conatel”, consideró el diputado.
Señaló que organizaciones como el Parlatino y el Parlamento Europeo están interesados en conocer quiénes son los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El diario El Nacional Web asegura que ha sido bloqueado en varias oportunidades en diferentes estados del país, en un reportaje sobre la situación que atraviesan los medios que se difunden en Internet.
La misma situación la enfrentan portales como Tal Cual, El Pitazo y La Patilla, los cuales por tener una línea editorial en contra del gobierno socialista han sido víctimas de bloqueos y sanciones.
Cantv, el proveedor de internet y telefonía del Estado, ha bloqueado el acceso de los usuarios a los portales en diversas ocasiones. Cuando las personas intentan entrar a una de estas páginas no aparece ningún resultado o arroja una señal de error.
Jony Rahal, diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Medios de Comunicación, resaltó que los bloqueos a los portales informativos y las restricciones del acceso a la información representan un crimen de lesa humanidad que no prescribe.
El diputado explicó que el acceso de la población a la información es un derecho contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que negarle la información al pueblo es un crimen que debe ser juzgado en instancias internacionales.
“El hecho de cercenar el derecho a la información es un crimen de lesa humanidad. El derecho a estar informado es tan importante como el derecho a la vida o el derecho a la alimentación”, dijo el parlamentario en exclusiva a El Nacional Web.
Rahal, en nombre de la Comisión del Parlamento, responsabilizó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de causar los bloqueos y de extorsionar a los proveedores privados para que tomen la misma acción en contra de los portales informativos.
“Varios portales web fueron vulnerados por el régimen. No basta con las extorsiones a los medios audiovisuales e impresos. Ahora utilizan el poder judicial y la extorsión de Conatel a varias empresas privadas que prestan el servicio de internet”, apuntó.
El parlamentario indicó que la comisión permanente de la Asamblea Nacional documentará todos los registros de bloqueos a portales informativos y censuras a medios de comunicación. Esta información, en primera instancia, será llevada a la Fiscalía para su revisión.
Sin embargo, la Comisión Permanente de Medios de Comunicación presentará estas denuncias de violación al derecho a la información en instancias internacionales.
Rahal indicó que la comisión parlamentaria recabará información sobre la responsabilidad de Jorge Márquez, presidente de Conatel, y Manuel Fernández, presidente de Cantv, en los constantes bloqueos a los medios de comunicación digitales.
“Vamos a visibilizar esta responsabilidad política porque hay que ponerle nombre y apellido a quienes cometen crímenes de lesa humanidad. El gran culpable es ese cobarde que está en Conatel”, consideró el diputado.
Señaló que organizaciones como el Parlatino y el Parlamento Europeo están interesados en conocer quiénes son los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
