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miércoles 21 noviembre 2018

Recuerda Graue pronunciamiento de los consejeros del 68

El Universal
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Un día como hoy, pero de hace 50 años, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México emitió un pronunciamiento histórico en el que manifestó su apoyo a las demandas de los integrantes del Movimiento del 68.

En sesión extraordinaria de un 15 de agosto de 1968 los entonces consejeros Alfredo Adam Adam, Víctor Flores Olea, Ricardo Guerra, María Josefina Morales, Gustavo Romero y Roberto Suárez Argüello solicitaron al rector de la UNAM, Javier Barrios Sierra, la aprobación de un documento en el que expresarían al gobierno federal diversas demandas. A 50 años de esta sesión extraordinaria, el actual rector de la UNAM, Enrique Graue, recordó el pronunciamiento de los consejeros del 68.

Por ello solicitó a los integrantes del Consejo Universitario y asistentes a la tercera sesión del año de dicho cuerpo colegiado, brindar un aplauso para la valentía mostrada por los consejeros.

“Le debemos un aplauso por ese valor del Consejo Universitario y la actitud que se tuvo ante el conflicto que se vivió hace 50 años”, dijo.

En el documento de 1968, aprobado por el Consejo, la UNAM demandó al gobierno de la República, entonces encabezado por el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, el respeto a la autonomía universitaria, la no intervención del Ejército en la Máxima Casa de Estudios y la reparación del daño ocasionado por el bazucazo en la puerta principal de la Preparatoria 1, ubicada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso.

“El respeto a las garantías individuales y sociales que consagra la constitución; la libertad de los estudiantes presos y la indemnización en favor de las víctimas; la determinación de las responsabilidades de las autoridades involucradas en los hechos mencionados y la aplicación de las sanciones correspondientes”, demandó el Consejo.

“La sujeción de las funciones de las fuerzas públicas a los lineamientos de la constitución federal, la supresión de los cuerpos policíacos represivos y la derogación de los artículos relativos al llamado delito de disolución social y la libertad de los ciudadanos presos por motivos políticos o ideológicos”.

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