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Ciudad de México.- No conformes con la gasolina y el diésel que le sustraen a Petróleos Mexicanos, los huachicoleros hicieron del robo de gas licuado de petróleo (LP) —el que se vende en cilindros metálicos o que se entrega para tanques estacionarios— otra fuente de ingresos que está creciendo de manera acelerada.
A través de perforaciones ilegales en la red de ductos de la empresa petrolera, el crimen organizado está intensificando este delito y domina siete estados de país que se han convertido en su centro de operaciones, fundamentalmente Edomex y Puebla.
Además de esos estados, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz y Tlaxcala padecen este flagelo, de acuerdo con información de la Dirección Jurídica y la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex.
La información proporcionada a través de la Plataforma de Transparencia con fecha del 1 de agosto de este año, indica que entre 2012 y 2017 el crimen organizado aumentó el número de tomas clandestinas para extraer este carburante en 133%.
En 2012, cuando hizo su aparición este delito, el crimen organizado inmediatamente extendió sus tentáculos en ocho entidades del país realizando 71 tomas clandestinas para extraer gas LP: 38 fueron ejecutadas en el Estado de México; 11 en Hidalgo; ocho en Jalisco; cuatro en Querétaro; cuatro más en Veracruz; tres en Puebla; dos en Guanajuato, y una más en Tabasco.
Al primer semestre de 2018 suman 119 tomas clandestinas, lo que equivale a 72% de lo registrado en los 12 meses de 2017. Pemex argumentó sobre la imposibilidad de dar a conocer detalles más específicos de robo de gas LP, como el costo del cierre de las tomas clandestinas, los municipios más afectados, así como el volumen y valor de lo robado.
La ordeña clandestina de ductos de Pemex, agrega, “ha generado pérdidas económicas a este empresa productiva del Estado y subsidiarias, lo que significa una merma de recursos de tal magnitud, sobre todo en tiempo de escasez de ingresos fiscales: por tal motivo se requiere el desarrollo de una serie de estrategias que nos ayuden a reducir al mínimo el robo de combustibles, para que estos recursos no terminen en las arcas de las organizaciones criminales y se puedan utilizar en beneficio de los ciudadanos”.
La empresa productiva del Estado añade que: “Dada la participación de organizaciones criminales en hechos relacionados con delitos en materia de hidrocarburos, en las acciones tomadas para reducir el robo se pone en riesgo la vida, la seguridad y la salud del personal que participa en las mismas, así como la de los habitantes donde se realizan las actividades ilícitas del crimen organizado”.
A través de perforaciones ilegales en la red de ductos de la empresa petrolera, el crimen organizado está intensificando este delito y domina siete estados de país que se han convertido en su centro de operaciones, fundamentalmente Edomex y Puebla.
Además de esos estados, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz y Tlaxcala padecen este flagelo, de acuerdo con información de la Dirección Jurídica y la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex.
La información proporcionada a través de la Plataforma de Transparencia con fecha del 1 de agosto de este año, indica que entre 2012 y 2017 el crimen organizado aumentó el número de tomas clandestinas para extraer este carburante en 133%.
En 2012, cuando hizo su aparición este delito, el crimen organizado inmediatamente extendió sus tentáculos en ocho entidades del país realizando 71 tomas clandestinas para extraer gas LP: 38 fueron ejecutadas en el Estado de México; 11 en Hidalgo; ocho en Jalisco; cuatro en Querétaro; cuatro más en Veracruz; tres en Puebla; dos en Guanajuato, y una más en Tabasco.
Al primer semestre de 2018 suman 119 tomas clandestinas, lo que equivale a 72% de lo registrado en los 12 meses de 2017. Pemex argumentó sobre la imposibilidad de dar a conocer detalles más específicos de robo de gas LP, como el costo del cierre de las tomas clandestinas, los municipios más afectados, así como el volumen y valor de lo robado.
La ordeña clandestina de ductos de Pemex, agrega, “ha generado pérdidas económicas a este empresa productiva del Estado y subsidiarias, lo que significa una merma de recursos de tal magnitud, sobre todo en tiempo de escasez de ingresos fiscales: por tal motivo se requiere el desarrollo de una serie de estrategias que nos ayuden a reducir al mínimo el robo de combustibles, para que estos recursos no terminen en las arcas de las organizaciones criminales y se puedan utilizar en beneficio de los ciudadanos”.
La empresa productiva del Estado añade que: “Dada la participación de organizaciones criminales en hechos relacionados con delitos en materia de hidrocarburos, en las acciones tomadas para reducir el robo se pone en riesgo la vida, la seguridad y la salud del personal que participa en las mismas, así como la de los habitantes donde se realizan las actividades ilícitas del crimen organizado”.