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Miguel R. Valladares García

domingo 23 septiembre 2018

Miles de efectivos protegen a presidente de Guatemala

AP
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Miles de policías y militares custodiaron al presidente Jimmy Morales en el Congreso guatemalteco / Foto: AP

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — En un inusual despliegue de fuerza, miles de policías y más de medio centenar de militares armados con fusiles de asalto vigilaban de cerca el Congreso de la República, donde el presidente guatemalteco Jimmy Morales y diputados participaban el miércoles de una sesión en medio de manifestaciones de descontento.

Vestidos de camuflaje, con lentes oscuros y armados con fusiles M16 que incluían lanza granadas, los soldados caminaron en fila para apostarse en los alrededores del Parlamento. Los miembros de una fuerza élite del ejército llamada Kaibiles, estuvieron custodiando el recinto donde minutos después el presidente dio un discurso en la sesión solemne del Congreso para celebrar un nuevo aniversario de la independencia.

Afuera, en los alrededores, miles de personas manifestaban su rechazo al gobierno de Morales, acusándolo de corrupto y pidiendo su renuncia y la de los legisladores. Desde la madrugada la policía mantuvo cercados tanto el Congreso como el Palacio Nacional de la Cultura, sede del gobierno.

El vocero del ejército Oscar Pérez restó importancia al despliegue de efectivos y dijo que correspondían al “tercer anillo de seguridad del presidente”. Sin embargo, el movimiento fue criticado por activistas, especialmente en las redes sociales, que los consideraron desproporcionado.

Desde hace tres días se realizan protestas en varios puntos del país en reclamo de la renuncia de los funcionarios.

Gilder Guzmán, líder de CODECA –la organización campesina más grande del país– dijo a periodistas que llegaron a manifestar pacíficamente. “No venimos a provocar… Estamos hartos de las injusticias y el abuso de poder que están haciendo las autoridades”.

El martes se registraron al menos dos incidentes entre manifestantes y funcionarios.

El Ministro de Salud, que había participado de una citación al Congreso, tuvo que refugiarse por 45 minutos dentro de una zapatería porque manifestantes lo acosaron y le lanzaron un líquido. Visiblemente asustado rechazó la agresión.

Para el analista político Manuel Villacorta la presencia excesiva de efectivos de las fuerzas de seguridad fue innecesaria. “Morales pretende generar una imagen política apuntalada por la fuerza bélica, es un error grave. Va en contra del modelo democrático vigente en occidente, genera un recuerdo nefasto vinculado a nuestro pasado conflicto armado interno”, dijo a The Associated Press y agregó que Morales es un presidente “que renuncia al modelo de gobernabilidad democrática evidenciando su simpatía por el autoritarismo”.

El Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, establecido tras la firma de la Paz, de los 36 años de guerra interna en Guatemala (1960-1996), dijo en un comunicado de prensa que existe preocupación por los recientes acontecimientos “que atentan contra la agenda de Paz, ante la recurrente presencia de efectivos militares en tareas que no se contemplan según sus funciones y que contravienen el acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por medios Políticos”.

El consejo llamó a fortalecer la figura del Procurador de los Derechos Humanos, a respetar los derechos humanos, a mantener la lucha contra la corrupción y la impunidad, a los tres poderes del Estado –ejecutivo, legislativo y judicial– a respetar el orden constitucional y a que se dé prioridad al fortalecimiento del poder civil.

Morales enfrenta lo que los analistas han llamado “una crisis de gobierno” desde hace varias semanas debido a su decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la prohibición de ingreso al país del titular de ese organismo, Iván Velásquez.

La CICIG y la fiscalía han liderado desde hace 11 años la lucha contra la corrupción en el país e incluso han intentado investigar al mismo Morales por el delito de financiamiento electoral ilícito del partido que lo llevó al gobierno en 2015.

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