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Se cumple un año de aquel sismo de magnitud 7.1 que causó 228 muertos en la Ciudad de México y 141 más en los estados cercanos.
La burocracia y los obstáculos físicos y legales han demorado la demolición de cientos de estructuras inestables.
En otros casos, los propietarios llevaron a cabo renovaciones meramente cosméticas, enmascarando unos daños que probablemente queden al descubierto en el próximo terremoto.
La corrupción ha socavado continuamente los intentos de hacer cumplir los códigos de construcción.
Tirar edificios en una metrópolis de 21 millones de habitantes es una tarea abrumadora. “Se tiene que hacer de manera casi quirúrgica, ladrillo por ladrillo”, apuntó Rubén Echevarría, portavoz del vecindario norteño de Gustavo A. Madero.
Pero la lentitud de los derribos, y más aún de la reconstrucción, es frustrante tanto para los que perdieron sus casas como para quienes viven entre inmuebles destrozados que parece que vayan a colapsar en cualquier momento sobre las aceras y calles que siguen acordonadas desde el temblor del 19 de septiembre de 2017.
De los casi 411 edificios señalados para ser demolidos, solo se tiraron 62, y casi 1.000 más que quedaron seriamente dañados aún no fueron reforzados.
Una mañana reciente en el moderno vecindario de Condesa, un puñado de personas regresó a un edificio de departamentos de seis plantas color salmón y beige ubicado frente a un parque al que llaman casa desde que el sismo provocó enormes agujeros en la mampostería y lo dejó inclinado hacia un lado.
Acababan de enterarse de que finalmente iba a ser demolido, y trabajadores de defensa civil los llevaron uno a uno al interior para recuperar sus pertenencias _ pequeños muebles, cuadros, documentos fiscales, almohadas manchadas de agua _ atrapadas en el interior durante los casi 12 meses en los que nadie tuvo permitido acceder al interior.
“Verlo así, en ruinas, pues me duele.
Básicamente si tu caminas por ciertas áreas de la Condesa lo que hay son ruinas”, dijo Mila Molints, una profesora de yoga y actriz de doblaje que era socia de una tienda de té ubicada en el bajo. “Y eso me parece muy triste, que de pronto hay como huecos todavía como monumentos al temblor”.
Tarea complicada
No fue hasta tres meses después del terremoto cuando el gobierno local aprobó leyes prohibiendo que el mismo ingeniero o arquitecto acreditase la seguridad del inmueble que había diseñado. El movimiento telúrico puso en duda la confianza de la ciudad en el autocontrol: los constructores contratan a expertos en regulación para certificar la seguridad de los inmuebles que levantan.
Una investigación del grupo civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló un caso en el que un ingeniero estructural aprobó los diseños de tres edificios que se vinieron abajo matando a decenas de personas. El mismo ingeniero renovó su licencia y fue consultado incluso sobre cambios regulatorios y refuerzo de inmuebles luego del terremoto.
Nadie ha sido procesado con éxito por el derrumbe de edificios pese a que los expertos hallaron evidencias de construcciones deficientes en varios casos en los que los constructores presentaron documentación falsa, emplearon materiales baratos o simplemente construyeron sobre estructuras antiguas e inestables.
Tampoco se ha reconstruido ni un solo edificio de viviendas. Lo que las autoridades han logrado levantar es una abrumadora pirámide burocrática de papeleo para que las víctimas consigan que sus edificios sean evaluados, reparados, derribados o reemplazados.
EN LA CALLE
Los pequeños progresos que se han realizado parecen obra de héroes olvidados: trabajadores de demoliciones que tiran los pisos superiores de los edificios altos a donde no llega la maquinaria pesada y las víctimas del sismo que han dormido a la intemperie, manifestándose y bloqueando calles para presionar al gobierno.
Héctor Toledo es un ingeniero civil cuyo apartamento fue uno de los 450 dañados en el sismo _ otro bloque de 40 viviendas cercano colapsó por completo matando a nueve personas. Alrededor de un centenar de sus vecinos viven bajo lonas y en chabolas provisionales y utilizan improvisados y malolientes baños al aire libre.
Toledo contó con los dedos de las manos el número de veces que los residentes se manifestaron antes de que el gobierno accediese a reconstruir y reforzar sus casas. En total hubo 300 concentraciones y cinco grandes manifestaciones en las que cortaron calles.
“Sin unión habríamos perdido todo, hasta la posesión del predio” donde están los departamentos, afirmó Toledo, quien estima que podría pasar otro año hasta que sus viviendas estén terminadas.
Leticia Rosales, una trabajadora gubernamental retirada, es una de las afortunadas. Los operarios están ocupados preparando los cimientos de la nueva torre de apartamentos que sustituirá a la suya, que quedó severamente dañada y más tarde fue demolida.
Sin embargo, la exigua ayuda gubernamental de 3.000 pesos mensuales está cerca de acabarse y no sabe cuánto tendrá que aportar a la obra.
“No nos han dicho cuánto, es lo que a todos los vecinos nos angustia, porque muchos estaban pagando todavía estos departamentos”, apuntó Rosales.
Para muchos que no pudieron encontrar sus títulos de propiedad, o que nunca los tuvieron, el terremoto y sus secuelas supusieron una pérdida total.
Frente a uno de los edificios dañados en la zona norte de la ciudad, unos 20 residentes bloquearon la calle con caballetes y cajas de embalaje para exigir a las autoridades que ayuden en la reparación de sus laberínticos apartamentos, que se construyeron sin columnas de refuerzo tras la fachada exterior.
Pero las autoridades se niegan señalando que el inmueble no quedó dañado solo por el sismo sino por una explosión de gas posterior, y alegan que los residentes no tienen títulos de propiedad.
“Dicen que somos paracaidistas, pero no es cierto, somos dueños”, dijo Gloria Ramírez, que vende comida en la calle para llegar a fin de mes.
Ella y otros vecinos pasan las noches en tiendas de campaña, aunque la policía intentó recientemente desalojar su asentamiento y reabrir la calle al tránsito.
La burocracia y los obstáculos físicos y legales han demorado la demolición de cientos de estructuras inestables.
En otros casos, los propietarios llevaron a cabo renovaciones meramente cosméticas, enmascarando unos daños que probablemente queden al descubierto en el próximo terremoto.
La corrupción ha socavado continuamente los intentos de hacer cumplir los códigos de construcción.
Tirar edificios en una metrópolis de 21 millones de habitantes es una tarea abrumadora. “Se tiene que hacer de manera casi quirúrgica, ladrillo por ladrillo”, apuntó Rubén Echevarría, portavoz del vecindario norteño de Gustavo A. Madero.
Pero la lentitud de los derribos, y más aún de la reconstrucción, es frustrante tanto para los que perdieron sus casas como para quienes viven entre inmuebles destrozados que parece que vayan a colapsar en cualquier momento sobre las aceras y calles que siguen acordonadas desde el temblor del 19 de septiembre de 2017.
De los casi 411 edificios señalados para ser demolidos, solo se tiraron 62, y casi 1.000 más que quedaron seriamente dañados aún no fueron reforzados.
Una mañana reciente en el moderno vecindario de Condesa, un puñado de personas regresó a un edificio de departamentos de seis plantas color salmón y beige ubicado frente a un parque al que llaman casa desde que el sismo provocó enormes agujeros en la mampostería y lo dejó inclinado hacia un lado.
Acababan de enterarse de que finalmente iba a ser demolido, y trabajadores de defensa civil los llevaron uno a uno al interior para recuperar sus pertenencias _ pequeños muebles, cuadros, documentos fiscales, almohadas manchadas de agua _ atrapadas en el interior durante los casi 12 meses en los que nadie tuvo permitido acceder al interior.
“Verlo así, en ruinas, pues me duele.
Básicamente si tu caminas por ciertas áreas de la Condesa lo que hay son ruinas”, dijo Mila Molints, una profesora de yoga y actriz de doblaje que era socia de una tienda de té ubicada en el bajo. “Y eso me parece muy triste, que de pronto hay como huecos todavía como monumentos al temblor”.
Tarea complicada
No fue hasta tres meses después del terremoto cuando el gobierno local aprobó leyes prohibiendo que el mismo ingeniero o arquitecto acreditase la seguridad del inmueble que había diseñado. El movimiento telúrico puso en duda la confianza de la ciudad en el autocontrol: los constructores contratan a expertos en regulación para certificar la seguridad de los inmuebles que levantan.
Una investigación del grupo civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló un caso en el que un ingeniero estructural aprobó los diseños de tres edificios que se vinieron abajo matando a decenas de personas. El mismo ingeniero renovó su licencia y fue consultado incluso sobre cambios regulatorios y refuerzo de inmuebles luego del terremoto.
Nadie ha sido procesado con éxito por el derrumbe de edificios pese a que los expertos hallaron evidencias de construcciones deficientes en varios casos en los que los constructores presentaron documentación falsa, emplearon materiales baratos o simplemente construyeron sobre estructuras antiguas e inestables.
Tampoco se ha reconstruido ni un solo edificio de viviendas. Lo que las autoridades han logrado levantar es una abrumadora pirámide burocrática de papeleo para que las víctimas consigan que sus edificios sean evaluados, reparados, derribados o reemplazados.
EN LA CALLE
Los pequeños progresos que se han realizado parecen obra de héroes olvidados: trabajadores de demoliciones que tiran los pisos superiores de los edificios altos a donde no llega la maquinaria pesada y las víctimas del sismo que han dormido a la intemperie, manifestándose y bloqueando calles para presionar al gobierno.
Héctor Toledo es un ingeniero civil cuyo apartamento fue uno de los 450 dañados en el sismo _ otro bloque de 40 viviendas cercano colapsó por completo matando a nueve personas. Alrededor de un centenar de sus vecinos viven bajo lonas y en chabolas provisionales y utilizan improvisados y malolientes baños al aire libre.
Toledo contó con los dedos de las manos el número de veces que los residentes se manifestaron antes de que el gobierno accediese a reconstruir y reforzar sus casas. En total hubo 300 concentraciones y cinco grandes manifestaciones en las que cortaron calles.
“Sin unión habríamos perdido todo, hasta la posesión del predio” donde están los departamentos, afirmó Toledo, quien estima que podría pasar otro año hasta que sus viviendas estén terminadas.
Leticia Rosales, una trabajadora gubernamental retirada, es una de las afortunadas. Los operarios están ocupados preparando los cimientos de la nueva torre de apartamentos que sustituirá a la suya, que quedó severamente dañada y más tarde fue demolida.
Sin embargo, la exigua ayuda gubernamental de 3.000 pesos mensuales está cerca de acabarse y no sabe cuánto tendrá que aportar a la obra.
“No nos han dicho cuánto, es lo que a todos los vecinos nos angustia, porque muchos estaban pagando todavía estos departamentos”, apuntó Rosales.
Para muchos que no pudieron encontrar sus títulos de propiedad, o que nunca los tuvieron, el terremoto y sus secuelas supusieron una pérdida total.
Frente a uno de los edificios dañados en la zona norte de la ciudad, unos 20 residentes bloquearon la calle con caballetes y cajas de embalaje para exigir a las autoridades que ayuden en la reparación de sus laberínticos apartamentos, que se construyeron sin columnas de refuerzo tras la fachada exterior.
Pero las autoridades se niegan señalando que el inmueble no quedó dañado solo por el sismo sino por una explosión de gas posterior, y alegan que los residentes no tienen títulos de propiedad.
“Dicen que somos paracaidistas, pero no es cierto, somos dueños”, dijo Gloria Ramírez, que vende comida en la calle para llegar a fin de mes.
Ella y otros vecinos pasan las noches en tiendas de campaña, aunque la policía intentó recientemente desalojar su asentamiento y reabrir la calle al tránsito.