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Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que cuenta con elementos para acreditar que hubo ejecución arbitraria, trato cruel y manipulación de un cadáver el 3 de mayo de 2017, durante los enfrentamientos armados en la comunidad de Palmarito Tochapan, en el municipio de Quecholac, Puebla, entre personas civiles dedicadas a la sustracción ilegal de hidrocarburos contra efectivos militares y servidores públicos federales, así como estatales.
Con el resultado de la investigación, la CNDH emitió la recomendación 12VG/2018, en la que concluye que hubo “ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12, incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de dos infantes, la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con dos personas fallecidas, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla”, a quienes recomienda la total reparación del daño a todas las víctimas.
Recordó que el 3 de mayo de 2017 se registraron enfrentamientos entre presuntos huachicoleros y militares, así como policías federales y estatales, los cuales derivaron en la muerte de 10 personas; dejaron 26 lesionados y 13 detenidos.
Tras el hecho, el organismo, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) copias de las carpetas de investigación, pero le fueron negadas.
Con el resultado de la investigación, la CNDH emitió la recomendación 12VG/2018, en la que concluye que hubo “ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12, incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de dos infantes, la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con dos personas fallecidas, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla”, a quienes recomienda la total reparación del daño a todas las víctimas.
Recordó que el 3 de mayo de 2017 se registraron enfrentamientos entre presuntos huachicoleros y militares, así como policías federales y estatales, los cuales derivaron en la muerte de 10 personas; dejaron 26 lesionados y 13 detenidos.
Tras el hecho, el organismo, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) copias de las carpetas de investigación, pero le fueron negadas.