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La reciente declaración de una parte de la sierra de San Miguelito como Área Natural Protegida significa que la construcción en las partes altas de la ciudad puede continuar sin problemas, es decir, seguirá el cambio de tierra por cemento, destruyendo ecosistemas, modificando usos de suelo y “toda una joya para la corrupción inmobiliaria”, cuestionó Luis Lozano González, director de la organización ambientalista Cambio de Ruta A.C.
Este viernes, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la declaratoria emitida por el gobernador Juan Manuel Carreras López, donde establece ANP 12 mil hectáreas 613 áreas y 41 centiáreas, que conforman la Reserva Estatal “Sierra de San Miguelito”.
El directivo de la Organización no gubernamental argumentó que la declaratoria por sí sola no sirve de nada, si no se realizan a tiempo, entre otras cosas, la delimitación y marcación de la zona con anuncios visibles, precisando las colindancias y límites.
Lozano González celebró la determinación del Poder Ejecutivo estatal, sin embargo, ninguno de los siete polígonos descritos como ANP de la Sierra de San Miguelito, se encuentran próximos o conurbados a la zona metropolitana de San Luis Potosí, acotó.
Para el activista ambiental, son insuficientes 12 mil hectáreas, siendo que la referida serranía comprende 60 mil hectáreas, es decir, apenas el 20 por ciento de la superficie total.
Lozano González también afirmó que se requieren polígonos de protección más cercanos a la zona urbana de San Luis Potosí, “ya que no se advierte alguno conurbado o próximo”, dijo.
El entrevistado juzgó que el decreto se emitió “evidentemente” a destiempo, pues ya se venía anunciando desde el Plan Estatal de Desarrollo y en el Segundo Informe de Gobierno del año pasado.
“Esta es una de las grandes tareas que se deben hacer en las ANP, la delimitación de la zona para que todos sepamos sin equivocación dónde inicia y dónde concluye, y que en ese lugar aplican reglas de operación que conllevan sanciones legales”, exigió.
Dijo que tras el anuncio, deberán tomarse las siguientes acciones: emitir dentro de los 180 días siguientes a su publicación el plan de manejo; determinar claramente quién o quiénes serán sus administradores y asignación de recursos económicos para su preservación.
