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Ciudad de México.- El 6 de septiembre de 2018 se descubrió uno de los cementerios clandestinos más grandes del país: 166 cuerpos enterrados en tierras veracruzanas. Esto despertó nuevamente la pregunta de cuántos cadáveres se descomponen debajo del suelo mexicano. El gobierno federal no tiene la respuesta completa.
De 2006 a enero de 2018, la Procuraduría General de la República (PGR) colaboró en la recuperación de 789 cuerpos y fragmentos óseos repartidos en 296 fosas en diferentes partes del país, de acuerdo con datos entregados vía transparencia. Pero esta cifra se queda corta cuando se compara con los datos de fiscalías estatales y organizaciones civiles.
Veracruz es el ejemplo más claro. El Universal publicó el 11 de septiembre de 2018, que de 2011 a la fecha se encontraron enterrados o semienterrados mil 178 víctimas, según la Fiscalía General del Estado. En el mismo periodo, la PGR cuenta en sus registros con la recuperación de 35 cuerpos. Esto quiere decir que la Procuraduría tenía conocimiento de sólo 3% del total de cadáveres que estaban enterrados de manera clandestina en la entidad.
Las causas de este desfase en las cifras varían. “La PGR no siempre se acerca a todos los sitios donde se hallan fosas clandestinas; algunas veces es un tema de competencia […]. También es un problema porque no todas las fiscalías proporcionan la información sobre los hallazgos”, explica Jorge Ruiz Reyes, politólogo e integrante del Programa de Derechos Humanos de la Ibero.
“Que las procuradurías estatales no surtan la información verificada a la PGR provoca el desfase en las cifras”, asegura Javier Oliva, experto en temas de seguridad.
Un año clave en el descubrimiento de estos cementerios clandestinos fue 2011. En San Fernando, Tamaulipas, se recuperaron los cadáveres de 195 migrantes repartidos en 45 fosas.
En ese momento fue considerado uno de los hallazgos más macabros en el país. Pero la situación se repetiría una y otra vez en los siguientes años. De octubre de 2014 a noviembre de 2015 se encontraron 124 fosas repartidas en Iguala, Guerrero.
De 2006 a enero de 2018, la Procuraduría General de la República (PGR) colaboró en la recuperación de 789 cuerpos y fragmentos óseos repartidos en 296 fosas en diferentes partes del país, de acuerdo con datos entregados vía transparencia. Pero esta cifra se queda corta cuando se compara con los datos de fiscalías estatales y organizaciones civiles.
Veracruz es el ejemplo más claro. El Universal publicó el 11 de septiembre de 2018, que de 2011 a la fecha se encontraron enterrados o semienterrados mil 178 víctimas, según la Fiscalía General del Estado. En el mismo periodo, la PGR cuenta en sus registros con la recuperación de 35 cuerpos. Esto quiere decir que la Procuraduría tenía conocimiento de sólo 3% del total de cadáveres que estaban enterrados de manera clandestina en la entidad.
Las causas de este desfase en las cifras varían. “La PGR no siempre se acerca a todos los sitios donde se hallan fosas clandestinas; algunas veces es un tema de competencia […]. También es un problema porque no todas las fiscalías proporcionan la información sobre los hallazgos”, explica Jorge Ruiz Reyes, politólogo e integrante del Programa de Derechos Humanos de la Ibero.
“Que las procuradurías estatales no surtan la información verificada a la PGR provoca el desfase en las cifras”, asegura Javier Oliva, experto en temas de seguridad.
Un año clave en el descubrimiento de estos cementerios clandestinos fue 2011. En San Fernando, Tamaulipas, se recuperaron los cadáveres de 195 migrantes repartidos en 45 fosas.
En ese momento fue considerado uno de los hallazgos más macabros en el país. Pero la situación se repetiría una y otra vez en los siguientes años. De octubre de 2014 a noviembre de 2015 se encontraron 124 fosas repartidas en Iguala, Guerrero.